La discusión sobre el financiamiento y la regulación de la movilidad en Colima encontró un nuevo obstáculo legislativo. Con 12 votos a favor, siete en contra y una abstención, el Congreso estatal rechazó el dictamen 202, una propuesta impulsada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva que buscaba incorporar nuevos conceptos de cobro relacionados con la operación y supervisión de distintos servicios de transporte.
La iniciativa planteaba la creación de un refrendo anual para permisos de operación en diversas modalidades, incluidos los servicios prestados mediante plataformas digitales, además de establecer derechos para la operación de taxis ecológicos, unidades adaptadas para personas con discapacidad y el aprovechamiento de puntos de parada del transporte público. El objetivo, según el planteamiento presentado por las comisiones de Hacienda y de Desarrollo Urbano, era actualizar el marco recaudatorio asociado a la movilidad estatal.
Sin embargo, el debate legislativo se concentró en el impacto económico que estos cobros podrían generar sobre el sector y, eventualmente, sobre los usuarios. Legisladores de oposición sostuvieron que las medidas rebasaban una simple actualización administrativa y representaban nuevas cargas financieras para los prestadores del servicio.
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El diputado panista Alberto Partida Morales advirtió que los costos derivados del refrendo terminarían reflejándose en el precio que pagan diariamente los usuarios por desplazarse. “Lo van a terminar pagando los ciudadanos, además de que los transportistas ya enfrentan combustibles caros y mayores costos de operación”, señaló durante la discusión en tribuna.
En el mismo sentido, la diputada priista Betzaida Pinzón cuestionó el enfoque de la propuesta al considerar que no se trataba únicamente de modernizar la legislación hacendaria, sino de incorporar nuevos gravámenes para un sector que enfrenta presiones económicas crecientes. “No estamos hablando de actualizar la ley, estamos hablando de cobrar más impuestos”, afirmó.
El rechazo del dictamen deja sin cambios, por ahora, el esquema de derechos y contribuciones aplicables al transporte en la entidad. No obstante, al tratarse de una propuesta desechada por insuficiencia de votos y no archivada de manera definitiva, el proyecto podrá ser presentado nuevamente ante el pleno para una nueva valoración legislativa.
La votación también refleja las dificultades que enfrentan los gobiernos estatales para encontrar mecanismos de financiamiento que permitan fortalecer la regulación y supervisión de los servicios de movilidad sin generar resistencia entre operadores, usuarios y representantes populares, especialmente en un contexto de aumento sostenido de los costos de operación del transporte.
