Malestar y disgusto ha causado entre la población tapatía la consulta ciudadana para votar sobre la permanencia o no de la ciclovía Marcelino García Barragán, que es organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).
En las últimas semanas se ha polemizado sobre si la ciclovía es útil, si solamente es utilizada en períodos de clases o si contribuye al aumento de tráfico motorizado, por lo que académicos del ITESO se pronunciaron a favor de la ciclovía como un derecho, ya que abona a la movilidad no motorizada.
“La consulta pública es un instrumento para que los ciudadanos expresen sus opiniones en temas de carácter público. La votación sirve para decidir cosas, la consulta sirve para transformar las preferencias”, explicó Jesús Ibarra, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO.
De acuerdo con el académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ) señaló que la consulta debe ser un ejercicio deliberativo, en el que participen especialistas, ciclistas y vecinos, ya que más allá de la permanencia, o no, de la ciclovía, el tema de fondo a tratar es la movilidad no motorizada.
Por su parte Raúl Díaz, académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano (DHDU) destaca que “llama la atención que en la queja que los grupos ciclistas meten en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) señalan que se requiere de mayor análisis. Están tomando un tema complejo y lo reducen a una consulta pública”.
La información se proporciona a los vecinos para que hagan un análisis, pero “no hay una manera de entrar en diálogo. La consulta es un nivel de participación que no es bilateral, ya que alguien decide las preguntas y entonces es un proceso de participación ciudadana muy limitado”, añade Díaz Padilla.
Asimismo destacó que la consulta pública que promueve el IEPC es una muy limitada y no aporta a un proyecto de movilidad no motorizada: “no recoge una impresión de conjunto de la ciudadanía para que le abone a un proyecto de ciudad”.
Esta consulta, a decir del académico, “contribuye a la fragmentación de una cultura democrática y deslegitimará a un grupo de la sociedad”.
En cuanto a la violación de los derechos, Jesús Ibarra indica que un mecanismo de consulta pública bien aplicado, sería muy útil para transformar la opinión de los inconformes. Sin embargo, destacó que “la decisión (de hacer la ‘consulta’) está tomada y no puede ponerse a consideración otro instrumento, por ejemplo, un plebiscito para determinar si se hace o no. Esto no es procedente porque estaría violentando derechos que están en la Ley de Movilidad”.
El académico del DSOJ recuerda que “la Ley de Movilidad marca que los ciclistas tienen derecho a circular por vías seguras y que también deben tener esas vías para ejercer la movilidad no motorizada. Son derechos que tienen en la Ley de Movilidad”.
Por lo tanto “el código electoral dice que está prohibido decidir sobre esos derechos. Lo que sí se podría hacer es una consulta pública para informar sobre los beneficios de la ciclovía, los problemas de contaminación, temas que podrían convencer a más de algún vecino inconforme de que se trata de una buena idea”, finalizó.
