Las conductas agresivas que diariamente enfrentan peatones y ciclistas en las calles de Jalisco podrían comenzar a tener consecuencias legales específicas. La Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado aprobó un dictamen que incorpora la figura de intimidación vial a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, con el objetivo de fortalecer la protección de las personas con derecho preferente de paso y promover una convivencia más segura entre los distintos usuarios de la vía.
La iniciativa reconoce que muchas de las situaciones de riesgo que experimentan peatones y ciclistas no necesariamente derivan en un accidente o daño físico, pero sí generan miedo, presión o condiciones que vulneran su seguridad durante los desplazamientos cotidianos.
De acuerdo con el dictamen, se considerará intimidación vial cualquier conducta realizada desde un vehículo motorizado que busque someter, presionar o amedrentar a personas usuarias con prioridad de paso. Entre las acciones contempladas se encuentran aproximar el vehículo de manera agresiva a peatones o ciclistas, perseguirlos de forma hostil, simular un impacto o utilizar de manera reiterada el claxon y las luces para obligarlos a ceder el paso.
La propuesta representa un cambio importante en la forma de abordar la seguridad vial, al reconocer que la violencia en las calles no siempre se expresa mediante colisiones o lesiones. En muchos casos, la intimidación y las conductas de acoso generan entornos inseguros que desalientan la movilidad activa y limitan el derecho de las personas a desplazarse en condiciones de seguridad.
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“El objetivo es visibilizar y sancionar acciones que, aunque frecuentemente normalizadas, generan riesgos y afectan directamente la integridad y la percepción de seguridad de peatones y ciclistas. La movilidad segura implica garantizar que todas las personas puedan transitar sin ser objeto de amenazas o conductas intimidatorias”, se desprende del espíritu de la reforma analizada por los legisladores.
El dictamen contempla sanciones consistentes en arrestos administrativos de 24 a 36 horas para quienes incurran en estas prácticas. Además, establece la posibilidad de sustituir dichas medidas por trabajo comunitario enfocado al mantenimiento de infraestructura peatonal y ciclista, así como la acreditación de cursos de sensibilización relacionados con los derechos de las personas usuarias de la vía pública.
Especialistas en movilidad han señalado que este tipo de herramientas normativas contribuyen a construir entornos urbanos más seguros y a reforzar los principios de la movilidad sostenible, donde peatones, ciclistas y usuarios vulnerables ocupan un papel central dentro de la jerarquía de movilidad establecida por la legislación vigente.
Con esta modificación, Jalisco se suma a la tendencia de reconocer que la seguridad vial no depende únicamente de la prevención de accidentes, sino también de la construcción de espacios públicos libres de violencia, intimidación y conductas que limiten el ejercicio pleno del derecho a la movilidad.
