La tarifa del transporte público ha sido, históricamente, uno de los terrenos más fértiles para la disputa política en México y en buena parte de América Latina. Pocas decisiones de política pública concentran tanta carga simbólica, sensibilidad social y rentabilidad discursiva como el precio del pasaje. Por ello, no sorprende que, cada vez que el tema aparece en la agenda, se convierta en rehén de intereses políticos que poco tienen que ver con la técnica, la planeación o la sostenibilidad del sistema.
Durante décadas, partidos y actores políticos han utilizado la tarifa como bandera de golpeteo contra la administración en turno. Bajo el discurso de la “defensa del pueblo”, se construyen narrativas simplistas que reducen un problema estructural y complejo a una consigna: subir o no subir el pasaje. En ese juego, el transporte público deja de ser visto como un servicio esencial que requiere decisiones responsables y se transforma en un instrumento de protagonismo político.
Lo paradójico es que muchos de quienes hoy se erigen como férreos opositores a cualquier ajuste tarifario, cuando han tenido la responsabilidad de gobernar, han enfrentado exactamente las mismas tensiones. Gobernar implica ejercer la rectoría del transporte público, garantizar su operación diaria y responder por un servicio oportuno, seguro y digno para millones de usuarios. En ese ejercicio, la demagogia suele chocar con la realidad financiera, operativa y social de los sistemas de transporte.
Uno de los grandes errores del debate público ha sido ligar de manera automática la calidad del servicio a un aumento tarifario. La calidad, en el transporte público, no puede ni debe medirse desde la percepción aislada ni utilizarse como argumento retórico. Antes de discutir precios, tendría que existir una base técnica clara para evaluar qué tan bueno o malo es un sistema: frecuencias, regularidad, tiempos de viaje, estado del parque vehicular, seguridad, información al usuario y cumplimiento operativo. Sin métricas objetivas, la discusión se contamina de demagogia.
Además, los costos reales de producir el servicio —unidades, mantenimiento, refacciones, salarios de conductores, prestaciones sociales, combustible— no siempre guardan una relación directa con la calidad percibida por el usuario. Son variables estructurales que existen independientemente del humor político del momento. Ignorarlas no las hace desaparecer; simplemente traslada el problema al deterioro del sistema.
Mientras otros servicios de primera necesidad ajustan sus precios conforme a la inflación y a los costos reales, el transporte público sigue siendo el único que se discute casi exclusivamente desde una óptica política. El resultado es un debate estéril, que posterga soluciones de fondo y mantiene al sistema atrapado entre el populismo y la inercia.
Es momento de elevar el nivel del discurso. La movilidad exige responsabilidad, visión técnica y madurez política. Seguir utilizando la tarifa como rehén electoral no mejora el transporte ni beneficia a los usuarios. Solo prolonga un problema que México ya no puede darse el lujo de seguir pateando hacia adelante.
