La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco inició una carpeta de investigación para determinar a dónde van los 50 centavos excedentes que en muchas ocasiones se queda el sistema de prepago del transporte público, y así determinar si hay elementos constitutivos de un delito.
El fiscal Gerardo de la Cruz Tovar refirió que turnó el asunto a un Ministerio Público adscrito a su dependencia, luego de la solicitud hecha en la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) dada a conocer el fin de semana.
Para iniciar, detalló, necesitan conocer los montos de los excedentes captados en las alcancías de las estaciones de tren eléctrico, Macrobús y camiones, explicó que solicitaron la información a la Secretaría de Transporte, al Sistema de Tren Eléctrico Urbano y a los concesionarios.
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“Aceptamos la recomendación y como consecuencia, se giró instrucción para designar a un Ministerio Público encargado de llevar a cabo la investigación. Habrá que determinar si existe un hecho que la ley considere como delito y si son atribuibles a algún servidor público o particulares”, expuso.
