La ausencia de políticas tarifarias para el transporte público o de su aplicación, provoca graves consecuencias en las ciudades de México, entre ellas, el deterioro en la calidad del servicio, inseguridad en los viajes y el envejecimiento del parque vehicular.
El 80% de la población en México utiliza el transporte público, pese a ser el servicio peor calificado por los usuarios, esto según lo registra la Encuesta Nacional “Entre mi casa y mi Destino: Movilidad y Transporte en México” (UNAM 2015).
Esto se debe en mucho a la falta de una política tarifaria que establezca periodos y factores a evaluar para determinar el costo real del pasaje en el transporte público, ya que la falta de tarifas competitivas, se ha convertido en el tope que pone freno a la transformación del modelo y la mejora en la calidad del servicio, así lo consideran quienes son parte de la operación, dirección y estudio del transporte público en el país.
Para ellos, es momento de pasar de las decisiones políticas a los análisis técnicos para establecer el precio real del pasaje, garantizar la calidad del servicio y migrar del modelo hombre-camión, a un sistema integrado de transporte bajo el esquema ruta-empresa.
Alejandro Luna Becerra, coordinador de Movilidad de Vanguardia (MOVA), asociación que tiene com principal objetivo apoyar al transportista en su migración a ruta-empresa, considera que mientras no se cuente con una política que permita el equilibrio entre la tarifa y los costos de operación, será difícil lograr que las unidades del transporte público se renueven, se capacite el área operativa, se dé mantenimiento a las unidades y se pueda garantizar la calidad del servicio.
“La falta de una política tarifaria, en la mayoría de los estados es lo que nos tiene así. Qué es lo que sucede más allá; en las ciudades donde todavía opera el hombre-camión, que son la mayoría, son más vulnerables porque las rutas están sobre ofertadas y si de por si el costo del pasaje no cubre los costos de operación, todavía hay que sumar la sobre oferta que en promedio en el país va de un 23 a un 27%, entonces el negocio se cae mucho más rápido; hablamos entonces de que urgen normas efectivas y que se cumplan”, subraya Alejandro Luna.
Para Francisco Romero Pérez, Director de la Asociación Civil, Proyectos AOTP, el no contar con una política tarifaria, da pie a que los encargados de tomar las decisiones den más valor a los tiempos o aspiraciones políticas que a las necesidades reales del empresario del transporte.
“Eso no nos ayuda a que los operadores estén recibiendo el pago justo por la prestación del servicio. Hay un desconocimiento por parte de la autoridad, desconocen qué es lo que está pasando con las empresas del transporte público; esto conlleva a que la mayoría de las decisiones sean populistas y por tanto se va degradando la calidad del servicio”.
Por su parte, Fernando Páez, Director de Operaciones del WRI México e integrante de la Secretaría Técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), señaló que contar con una política tarifaria permitiría conocer cuánto cuesta realmente mover a un usuario en el transporte público y tomar decisiones sobre qué tipo de servicio se quiere ofrecer y cómo financiarlo.
“Hay una serie de elementos ahí, que tienen un impacto fundamental en qué tipo de servicio ofrezco; cuáles son mis estándares y niveles de servicio y cómo lo pago, con tarifa u otros mecanismos”.
En el mismo tenor se pronunció, Javier Hernández, Director del Corredor Insurgentes, SA de CV (CISA) y parte del equipo de la AMTM, quien señaló que “es fundamental que se cuente con una política tarifaria para definir los aspectos de rentabilidad para que cualquier negocio se mantenga sano y pueda en un momento dado ofrecer un mínimo de calidad a los usuarios”.
TARIFAS ACTUALES FRENAN MEJORAS Y VIOLENTAN SEGURIDAD DEL USUARIO
La forma en que ahora se toman las decisiones en la mayoría de los casos es con base en a una postura política que en apariencia busca cuidar el bolsillo de los ciudadanos; sin embargo, y aun sin tener la voluntad se pone en riesgo la seguridad del usuario, señaló Alejandro Luna Becerra, coordinador MOVA.
“El usuario no tiene todas las garantías jurídicas prácticas para todo riesgo, porque no hay una póliza de seguridad real que cubra todas las necesidades en un percance (…) En las condiciones actuales, sin ser voluntad, se violenta su certeza jurídica y la garantía de seguridad del usuario porque además, no se le garantiza la calidad en el servicio”.
Javier Hernández, coincidió al mencionar que actualmente la tarifa en las diferentes ciudades del país, son muy limitadas y restringen el desarrollo y la calidad del transporte público.
“Parte del retraso que hemos tenido en el desarrollo del sistema de transporte en la Ciudad de México, en términos de la calidad que se debe de ofrecer, ha sido en gran parte por la tarifa que ha estado muy controlada, muy controlada; y podría decirse que ha sido en beneficio de la mayoría de los habitantes de la ciudad, pero también es cierto que la calidad del transporte aun en el mayor porcentaje de la red de transporte público sigue siendo de mala calidad; vemos unidades que tienen más de 20 años circulando, y entonces queda claro que el problema es que la tarifa está limitando el desarrollo, la calidad y la migración a nuevos modelos del transporte colectivo”, asegura Javier Hernández.
Según información de Movilidad de Vanguardia, la transformación al modelo ruta-empresa apenas y supera el 18% a nivel nacional, debido a que los empresarios del transporte no tienen certidumbre de recuperar su inversión, ya que no cuentan con tarifas reales y el retorno de la inversión podría tardar de 7 a 10 años.
“Y si a esto sumamos que el título de concesión dice 10 años, entonces siempre voy a vivir endeudado, dónde está el negocio; ahí volvemos a la necesidad de hablar de tarifas reales, subsidios o programas de incentivos”, subrayó Alejandro Luna Becerra.
Añadió que “hay organizaciones que buscan darle certeza al usuario y cumplir con una política pública; se aventura uno a realizar los procesos de integración de concesionarios para formar una sociedad mercantil, hace uno todo, un gran esfuerzo y de negociación con la finalidad de renovar la flota vehicular; pero también algo muy importante, regularizar la parte contributiva, el lado fiscal, por el lado del seguro social, infonavit, etc. Todo ese esfuerzo le cuesta a la empresa, a los empresarios del transporte; sin embargo, no hay un compromiso retributivo de la autoridad local para empezar a ver una política tarifaria en un sentido real”
A decir de Rodrigo Díaz, Director de Investigaciones de Desarrollo del ITDP, el que las tarifas se establezcan por decisiones políticas no es un problema exclusivo de México, es universal; son muy muy pocas las ciudades que tienen políticas tarifarias sólidas y a las que se les da seguimiento y cumplimiento.
“En las ciudades mexicanas, salvo aquellos servicios proveídos por empresas públicas, no se contemplan subsidios a la operación, por lo tanto los servicios se financian exclusivamente con recursos provenientes de la tarifa. A nadie le gusta subir tarifas, entonces se produce el congelamiento de las tarifas por los siglos de los siglos; pasan muchos años en que la tarifa no se incrementa, no se proveen subsidios suficientes para cubrir la diferencia y se afecta la calidad del servicio”
Y agregó: “La tarifa debe ser una determinación política, así debe ser , lo que pasa es que debe ser sustentada técnicamente, es decir, debe el gobierno estar preparado para proveer los recursos que cubran la tarifa real, de no ser así el más afectado en muchos sentidos es el usuario”.
DETERMINAR COSTOS
Para determinar cuánto cuesta mover a un usuario del transporte público y establecer una tarifa, es necesario tomar en cuenta los costos directos e indirectos, la tasa de motorización, el equipamiento de las unidades, en algunos casos el número de kilómetros recorridos, el ingreso per cápita, y estimar la cantidad de recursos que en promedio destinan las familias al transporte público.
En los últimos años se han disparado los precios de los combustibles y el dólar, dos factores fundamentales que impactan de manera directa a los empresarios del transporte.
“Es imprescindible que se establezca cómo se va a calcular una tarifa; El transportista tiene un costo de operación que tiene básicamente tres componentes importantes; el primero es el diésel o combustible, el segundo las refacciones, y en un tercer punto el mantenimiento de la unidades, así como los sueldos de los operadores y personal administrativo, entre otros aspectos. Por qué pongo al diésel y las refacciones en primer término. Lo hago porque son los que se ven más afectados con el tipo de cambio. En cuanto se incrementa el dólar los combustibles se disparan, y en el caso de las refacciones, dependiendo del tipo de unidades y de su tecnología- según su procedencia de importación- implican mayores costos”, expresó Maite Ramos, Presidenta de la Comisión de Movilidad de Coparmex, Ciudad de México.
Por su parte, Ángel Molinero destacó que con el impulso que se está dando a la transformación del modelo de transporte público la tecnología juega un papel muy importante, ya que las unidades deben cumplir con determinados requisitos y eso también implica un costo, que en un inicio no está contemplado en las tarifas vigentes.
“La parte tecnológica si repercute en la tarifa; para realmente tener un servicio de calidad en el transporte necesitaríamos un 25% adicional de la tarifa de equilibrio, con lo cual se cubrirían los pagos de salarios, combustibles, adquisición de autobuses, impuestos, y otros requerimientos.
Además hay otros elementos que impactan en la tarifa del servicio colectivo de transporte, señala el Director Adjunto del WRI México.
“Hay que considerar qué elementos necesito en cuanto a infraestructura y vehículos para prestar el servicio, y eso tiene un costo; en términos de infraestructura generalmente es asumido por inversión pública. Hoy en los esquemas de prestación del servicio de transporte público en México, el vehículo es aportado por el operador y ahí viene una primera inversión, porque se determina qué tipo de unidad quiero y qué tipo de servicio quiero ofrecer… y luego vienen los costos de operación, todo esto debe considerarse al momento de establecer un tarifa”, agregó.
Para el Director de Investigaciones de Desarrollo del ITDP, una política tarifaria estable y sólida debe permitir cubrir los costos reales del servicio, dar certidumbre económica a los operadores a largo plazo y contemplar una tarifa accesible para el usuario.
“Combinar esto, es tremendamente difícil. En la mayoría de las ciudades gran parte de los usuarios son de bajos recursos, entonces se establecen tarifas bajas; establecer tarifas bajas no es mayor problema si se proveen recursos, llámese subsidios para cubrir la diferencia entre la tarifa y el costo real para proveer el servicio de calidad; de no ser así, se entra en un círculo vicioso donde hay tarifas bajas que no van acompañadas de subsidios destinados a cubrir el costo real del servicio, un mantenimiento crónico de estas tarifas sin los ajustes necesarios y como resultado, un mal servicio de transporte público”.
Todos coincidieron en que existen los esquemas o algoritmos, que con las variantes de cada ciudad, ofrecen a la autoridad y a los transportistas la facilidad de conocer cuál es la tarifa real del servicio de transporte público.
¿EL SUBSIDIO ES NECESARIO?
La posibilidad de brindar un mejor servicio al usuario está en hablar de tarifas reales y subsidios, coinciden los entrevistados; no obstante, pese a ser un tema que se ha puesto sobre la mesa desde hace años aún no tiene avances como política pública de movilidad.
Alejandro Luna Becerra: “No se incrementa la tarifa porque no quiero afectar a mis gobernados o a mis sectores políticos; bueno, pues entonces tenemos que ir pensando en programas de incentivos, en donde no se incremente la tarifa, pero si se incentive a las empresas que se la están jugando”.
Ángel Molinero: “A los gobiernos les da miedo hablar de subsidio porque les pega en el bolsillo, de alguna parte tiene que salir y sale de sus partidas presupuestales; sin embargo, es un tema relevante que afecta al gremio de manera importante y se tiene que hablar y trabajar en conjunto con la autoridad para establecer cómo se puede dar”.
Javier Hernández: “El subsidio es una posibilidad, pero debe trabajarse de manera simultánea entre gobierno y transportistas, porque va a haber momentos, va a haber tecnologías que aún con una tarifa adecuada para el usuario no es suficiente para pagar e incorporar estas innovaciones tecnológicas, por lo cual se requerirá de subsidios. Es importante definir qué tipo de servicio quiero ofrecer, qué de eso se paga con la tarifa que se establece para el usuario, y lo que no se puede pagar con ello, ya que a partir de ahí se definen los subsidios”.
Rodrigo Díaz: “El subsidio es parte de un asunto técnico, es importante entender que proveer un servicio de calidad tiene un costo, a eso se le llama tarifa técnica, ese costo debe ser cubierto de alguna manera, si le pasamos todo el costo al usuario la tarifa será muy alta y no va a poder pagarla, pero debe ser cubierta, y ese es el problema de este servicio en México, porque es el transportista el que amortigua los gastos con una baja tarifa y por lo tanto no hay calidad; entonces lo que hay que tener es un paquete de financiamiento, subsidios”.
Fernando Paez: “Es importante saber cuánto cuesta mover a un pasajero, que es lo que conocemos como tarifa técnica. Ahora, la tarifa al usuario puede ser la misma tarifa técnica y eso habría que determinarlo de acuerdo a qué capacidad de pago tiene la gente para prestar el servicio; o la tarifa técnica se cubre con lo que el usuario paga por el servicio más la diferencia que de algún lugar tiene que salir; en algunos lugares ya se habla de subsidio para cubrirlo”.
Francisco Romero: “Debemos buscar la manera de hacer un subsidio, ya sea un subsidio directo o un subsidio indirecto. Hay muchos elementos que se deben de probar y a los que se les debe perder el miedo y determinar los conductos adecuados para que los subsidios lleguen realmente a los que necesitan el recurso para cumplir con sus actividades diarias”.
Maite Ramos: “Con una política tarifaria, con los subsidios y mecanismos incentivos, se podría impulsar la mejora en la calidad del servicio del transporte público, con lo que se le quitaría un poco la relación tarifa-interés político que hoy existe, porque ahora no podemos cerrar los ojos de que el transporte es un elemento político de negociación”.
MOMENTO DE IMPULSAR POLÍTICAS TARIFARIAS
Los tiempos políticos que se viven ahora en el país, y la entrada de nuevas administraciones, abre la oportunidad de que el gremio de los transportistas ponga sobre la mesa la necesidad de establecer criterios tarifarios, ya sea como un sistema nacional, o por estado.
“En este parteaguas político de otra expresión y con otra oferta administrativa y social, valdría la pena que se pensará ya en una Ley Tarifaria Nacional, eso ayudaría mucho a la transformación del modelo de transporte y a la calidad del servicio”, mencionó Francisco Romero.
Para lograrlo es necesario que se realice “un trabajo conjunto entre gobernantes y concesionarios, conscientes de que no es una tarea fácil”, explica Javier Hernández.
Por su parte, Ángel Molinero, considera que “ahora que se habla de la cuarta transformación del país, es el momento de hablar sobre el tema. Si estas nuevas administraciones piensan darle mejor atención al usuario, se deberá poner sobre la mesa y hablar seriamente del tema tarifario; no se puede pensar en estar invirtiendo en tecnología de punta de primer mundo con las tarifas que ahora se están manejando”.
Al respecto el Director de Operaciones del WRI, estima que en entidades como Jalisco, León, Guanajuato y la Ciudad de México hay avances, pues cuentan con las bases técnicas
para establecer las tarifas; sin embargo, la decisión final de aplicar o no la tarifa real, sigue siendo una decisión combinada.
“Sin duda es una oportunidad para tomar el toro por los cuernos y determinar elementos técnicos y elementos de políticas tarifarias; hay ejemplos en donde si el gobierno decide que la tarifa no se incrementa, inmediatamente tiene las fuentes o fondos de financiamiento indicados para cubrir el faltante, y esa es una política tarifaria, porque se crea un fondo de respaldo a la calidad del servicio. Es una oportunidad valiosísima y es absolutamente aconsejable aprovechar los tiempos políticos”.
FALTA DE ORGANIZACIÓN DEL GREMIO
El impulso de una Política Nacional Tarifaria es necesario, pues si bien cada ciudad o municipio tienen necesidades diferentes considerando el aforo o la infraestructura del lugar, los requerimientos básicos y los elementos a considerar al momento de realizar el cálculo técnico son los mismos, coinciden los expertos.
En marzo de 2017, el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Jesús Padilla Zenteno, insistió en la necesidad de impulsar un Sistema Nacional Tarifario para poder brindar un mejor servicio, ya que los precios actuales no alcanzan a solucionar las complicaciones de la ciudad en materia de movilidad.
Sin embargo, poco se ha avanzado en la integración de dicho sistema, a decir del Coordinador de MOVA, mucho se debe a que el gremio no ha unificado criterios, ideologías y visión.
“Nos hemos atrasado también los transportistas en ponernos de acuerdo para poder gestionar lo que nos urge. Hay estados donde los transportistas se están peleando y, les comenzamos a hablar de transformación, de fideicomisos y se molestan, y nos ven como si fuéramos de parte del gobierno, porque el criterio, la visión y la planeación no la tenemos homogeneizada”.
Alejandro Luna Becerra, considera que cuando el transportista logre ponerse de acuerdo, podrá convertirse en actor e impulsar al sector que representa a nivel nacional el 12.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Solo unificándonos, uniéndonos dejaremos de ser un sujeto a la escucha y obediencia, y pasaremos a ser un actor que genera una agenda técnica visionaria, donde no nada más se vea lo que se requiere a corto plazo, sino en una visión a corto, mediano y largo plazo; ya con ese criterio convocar a la autoridad cada que sea necesario, y no esperar a que nos sienten cada vez que ellos creen que deben tomar decisiones”. Y añadió: “El transporte público concesionado urbano, no tienen un ente que lo represente a nivel federal, todo está centralizado en los ciudades, los municipios y los estados; también en ese rubro tendremos que ir evolucionando para constituir un ente nacional de transporte de pasajeros colectivo urbano y entonces se puedan generar algunos acuerdos con el ejecutivo federal que a su vez podría buscar incentivos en el Fondo Monetario Internacional, en la ONU y otros organismos que ofrecen respaldo a los proyectos de transporte colectivo sustentable”.
52.4% DE LOS USUARIOS CONSIDERA INJUSTA LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
De acuerdo a la Encuesta Telefónica Nacional realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados (2016), el 52.4 por ciento de los ciudadanos consideran que el precio del transporte en su ciudad es injusto, lo cual, está relacionado con el servicio que brindan autobuses, combis o peseros; toda vez que 4 de cada 10 ciudadanos opina que brindan un servicio malo o muy malo.
En la encuesta resulta que los taxis de sitio fueron los mejor evaluados por los ciudadanos, pues 43.3% consideran que el servicio que brindan es bueno o muy bueno.
En cuanto a la seguridad en el transporte público, 5 de cada 10 entrevistados consideran que es inseguro viajar en transporte público, refiriendo que los asaltos (45.6%), accidentes (24.1%) y robos (12.8%) son los mayores riesgos. Destaca que 66.8% considera que el transporte más seguro es el automóvil propio.
EN EL ÚLTIMO MES, LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO HA TENIDO CAMBIOS EN ALGUNOS ESTADOS Y MUNICIPIOS
MICHOACÁN
A partir del 1 de agosto entró en vigor el aumento a la tarifa del transporte público en Michoacán, luego de que se publicara la aprobación del incremento en el Periódico Oficial. De esta forma, la tarifa pasará de 8.00 a 9.00 pesos en las combis y autobuses urbanos en todo el territorio estatal. En el caso de los adultos y personas con discapacidad la tarifa pasará de $7.00 a 8.00 pesos.
El tema del incremento se mantuvo en discusión en días pasados, pues los transportistas solicitaron un aumento de 2.00 pesos a la tarifa, bajo el argumento de que todos los insumos necesarios habían subido considerablemente, como la gasolina, diésel y las refacciones.
La Secretaría de Movilidad y Transporte de Oaxaca aprobó aumentar de 7.00 a 8.00 pesos la tarifa de transporte público en la capital del estado con la condición de que los concesionarios saquen de circulación cerca de 100 unidades viejas.
La nueva tarifa se aplicó a partir del lunes 13 de agosto según lo informó el encargado de despacho de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Alejandro Villanueva López.
“Sube de 7 a 8 pesos; 14 por ciento se incrementa la tarifa del pasaje del transporte urbano, no el 45 por ciento (10 pesos) como lo pedían los concesionarios”, dijo.
Entre los acuerdos con los transportistas destacan sacar de circulación de inmediato los autobuses modelo 2000 y anteriores. Y en el transcurso de un año se deben sacar de las calles las unidades modelos 2001 y 2002.
De los 890 autobuses que circulan en la Zona Conurbada de Oaxaca, 340 deben ser renovados.
“Se tendrá que sacar del parque vehicular a todas las unidades cuyos modelos sean del año 2001 y anteriores en un mediano y largo plazos… la meta principal es que al final del sexenio ellos (los concesionarios) tengan un parque vehicular moderno y eficiente”, dijo el funcionario.
Por su parte, el Gobierno se comprometió a buscar la manera de ayudar a los concesionarios para que puedan financiar las nuevas unidades o conseguir créditos, además de modernizar y poner tecnología en el transporte urbano.
“Como autoridad vamos a hacer revisiones diarias, no van a hacer detenciones por medio de la Policía Vial sino por medio de la Semovi. Sí encontramos desperfectos en los camiones, vamos a dejar que terminen su corrida e inmediatamente los mandaremos a sus encierros para que se arreglen”, aseguró Villanueva López.
ZACATECAS
Bajo el argumento de iniciar la transición hacia un nuevo modelo de transporte público en Zacatecas, que implique un servicio más eficiente, de calidad y con calidez, el Consejo Estatal de Tránsito y Transporte Público autorizó un “ajuste urgente” en la tarifa del servicio de un peso, mismo que entró en vigor este domingo.
Mediante un comunicado, el Gobierno de Zacatecas informó que la tarifa preferencial para estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad será de 5 pesos, mientras que la correspondiente al público en general pasará de 7.50 a 8.50 pesos.
El ajuste pretende amortiguar el impacto de los incrementos que han sufrido los insumos y el combustible, los que habían generado incluso que algunas unidades dejarán de circular debido a los costos de operación.
Previo a la autorización de la nueva tarifa los integrantes del Consejo conocieron el análisis tarifario y el estudio técnico del transporte público urbano con base en el cual determinaron la pertinencia de realizar el ajuste.
Cabe mencionar que la solicitud realizada por los concesionarios del transporte urbano era un incremento de 2 pesos; sin embargo, para no dañar aún más la economía de las familias zacatecanas se optó porque este ajuste fuera únicamente de un peso.
El Consejo acordó además que no habrá ningún otro ajuste hasta en tanto no se realice un análisis del nuevo modelo de transporte, el cual tiene avances importantes.
Igualmente, se determinó que habrá mayor rigidez en las revisiones que se realicen al transporte público con la finalidad de que se preste un servicio adecuado a los usuarios del mismo.
Cabe mencionar, que desde hace 16 meses no se había autorizado ningún ajuste a las tarifas de dicha entidad.
GUANAJUATO
El gobierno de Guanajuato aprobó el incremento de 2 pesos a la tarifa general del transporte público a partir del 1 de agosto, la cual se actualizó de 5.00 a 7.00 pesos, mientras que la preferente para estudiantes y personas de la tercera edad es de 3.50 pesos.
La decisión se tomó luego de que el municipio y concesionarios acordaran 18 puntos, entre los que destaca el cambio de unidades por otras más pequeñas, así como la renovación de las que ya venció su vida útil, aseguró Neil Ávalos, concesionario del transporte público.
Explicó que las unidades deben contar con un sistema de GPS (localización en tiempo real), así como considerar aplicaciones para smartphone, instalar videocámaras para la seguridad al interior de las unidades y valorar la posibilidad de un cambio de imagen de las mismas.
“Hay un proyecto para el sistema de prepago, pero éste no será de manera inmediata pues el costo es muy elevado”, comentó Ávalos.
Dijo que el ajuste tarifario al transporte debió darse desde hace tiempo, pero los concesionarios del transporte también entienden la parte social y que representará un gasto en las familias.
Los compromisos de los concesionarios se realizarán de manera paulatina hasta el 31 de diciembre; los transportistas se reunirán con autoridades municipales para hablar sobre el tema de equidad de género, en septiembre trabajarán en dos o tres puntos y una vez que concluya el estudio de movilidad se tendrán en firme las mejoras pendientes.
LOS CABOS
Con 10 votos a favor y 3 en contra, el cabildo del Ayuntamiento de Los Cabos autorizo el aumento en la tarifa del transporte urbano y colectivo en el municipio.
Esta iniciativa fue presentada ante por la regidora Eulalia del Carmen Díaz Guzmán, quien argumentó que el incremento a la tarifa, la cual se había postergado por 2 años, se debe al aumento de los insumos, entre ellos el combustible.
En vísperas del término de la actual administración encabezada por el alcalde Arturo de la Rosa Escalante, los miembros del cuerpo edilicio aprobaron la autorización de las nuevas tarifas, que pasarán de 11.50 a 12.50 en el transporte urbano y de 12.50 a 13.50 en el transporte colectivo, mientras que personas con discapacidad, estudiantes y adultos mayores pagarán 6 pesos.
Con este aumento, los transportistas se estarían comprometiendo a mejorar las unidades, ampliar los horarios de servicio, así como a capacitar a los conductores.
En defensa de su posición, el regidor Samir Savin agregó que el “negocio del transporte se estaba volviendo incosteable para los operadores, pues por cada peso invertido solo ganan 4 centavos, por lo que ya era necesario el incremento”.
JALISCO
Tomando en cuenta el incremento que ha registrado el diésel y el gas durante el último año y luego de hacer un análisis, el Comité Técnico de Validación de Tarifas en Jalisco dio a conocer el pasado martes 7 de agosto, que en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) el costo del pasaje en aquellas unidades que operan bajo el modelo ruta empresa debe ser de 9.50, mientras que en Puerto Vallarta debería de incrementarse a 10 pesos.
“En el último año se ha registrado un aumento en los costos de combustible, 15% en el diésel y 10% en el gas más o menos, son los factores que pegan de manera directa en el incremento. El incremento no es algo inmediato, (…) como instituto estaremos publicando los acuerdos del Comité Técnico de Validación de Tarifas en el Diario Oficial; el dictamen es revisado por la Secretaría de Movilidad y de considerarlo lo manda a la Secretaría de Gobierno, para determinar qué rutas por cumplimiento, si podrían cobrar las nuevas tarifas”, dijo.
Córdova España resaltó que la sugerencia de incrementar las tarifas en 50 centavos para el AMG y de 2 pesos con 50 centavos en Puerto Vallarta, tiene como objetivo que “el cambio de modelo tenga sustentabilidad económica”; y no descarto que el incremento en el costo del pasaje motive a más transportistas a migrar al modelo ruta empresa.
Detalló que el Dictamen Técnico de la Tarifa 2018 no contempla a aquellos que continúan bajo el modelo hombre camión.
Luego de que se dieran a conocer los resultados del dictamen técnico, el gobernador de Jalisco, salió a declarar que no habrá aumento a las tarifas, hasta que se garantice la transformación total del transporte al modelo ruta empresa, pues a la fecha se registra apenas un 10% de avance.
“No habrá aumento en el transporte público. Haré uso de mis atribuciones para impedirlo. Lo que hoy aprobó el Comité Tarifario no salvaguarda el interés público. Antes de aumentar la tarifa debe garantizarse la transformación total del transporte al modelo”, señaló el mandatario estatal.
El artículo 154 de la Ley de Movilidad faculta al gobernador a modificar la tarifa cuando exista una causa de interés público, interés social o con motivo de calamidades públicas que afecten a grupos sociales, comunidades o regiones del Estado.
Esta decisión divide opiniones, pues si bien, Jalisco es de las pocas entidades en el país que cuenta con las bases de una política tarifaria, al final es decisión política si se aplica o no.
Fernando Páez: “Es una decisión combinada de lo que implica este respaldo técnico y las implicaciones que esto puede tener desde el punto de vista social; pero es fundamental con los elementos técnicos aunque los gobernantes decidan si el incremento se da o no, pero que tengan en cuenta que si no se paga por el servicio lo que cuesta eso va en detrimento de la calidad, la solución inmediata está en buscar fuentes de financiamiento que cubra la diferencia que no se cobrará al usuario”.
Francisco Romero: “Me parece que el comité trabajó muy bien, y realmente el Gobernador tomó una decisión muy populista para poder decir no a la tarifa; creo que se debe respetar el trabajo del Comité Técnico y buscar los mecanismos para subsidiar si no se quiere que el usuario pague la tarifa real”.
Maite Ramos: “Es importante que en las entidades donde existen las bases de una política tarifaria se apliquen y se respeten los trabajos; hoy en la Ciudad de México no se está aplicando como se debería, y en Guadalajara se realiza el análisis técnico y no se respeta, pero tampoco se ofrece por parte del gobierno una solución para cubrir la tarifa sin que sea el usuario el que pague y vea afectado su bolsillo”.
