Aunque el transporte concesionado moviliza diariamente a millones de personas en la Ciudad de México, especialistas advirtieron que el sistema continúa operando bajo condiciones financieras profundamente desiguales frente a otros modelos de transporte público subsidiado por el gobierno capitalino.
Durante la conferencia magistral “Transporte Público. Del diagnóstico a la acción”, presentada en el cierre del 17º Congreso Internacional de Transporte (17CIT), el director ejecutivo de Grupo CISA, Adrián Escamilla, expuso que el transporte convencional recibe apenas alrededor del 1% del presupuesto total destinado a movilidad en la capital, pese a movilizar aproximadamente 210 millones de pasajeros mensuales.
En contraste, explicó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro concentra cerca del 72% de los recursos públicos para movilidad y opera bajo una tarifa social altamente subsidiada. Otros sistemas como Metrobús, RTP, Trolebús, Tren Ligero y Cablebús también funcionan con distintos niveles de subsidio gubernamental.
Escamilla señaló que el desequilibrio presupuestal ha provocado un deterioro progresivo en el transporte concesionado, integrado por corredores, empresas de autobuses y rutas convencionales, que deben sostener su operación cotidiana prácticamente sin apoyos públicos directos y bajo tarifas políticamente controladas.
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“El problema no es solamente mover autobuses o personas; el problema es garantizar calidad de vida”, sostuvo el directivo durante su participación en el congreso especializado en movilidad.
De acuerdo con la exposición, mientras el Metro traslada alrededor de 101 millones de pasajeros mensuales, el sistema concesionado moviliza prácticamente el doble, aunque sin esquemas sólidos de subsidio operativo que permitan renovar flotas, mejorar frecuencias o absorber el incremento constante de costos.
El especialista advirtió que este modelo ha contribuido al envejecimiento vehicular, la pérdida de competitividad frente al automóvil particular y la motocicleta, así como al incremento del congestionamiento en la capital del país.
Durante la conferencia también se planteó que México ha logrado avances relevantes en materia normativa, como la incorporación del derecho humano a la movilidad en la Constitución y la creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; sin embargo, afirmó que el principal desafío ahora es convertir ese marco legal en políticas públicas sostenibles y financieramente viables.
Para Escamilla, la crisis del transporte público no responde a problemas aislados, sino a decisiones acumuladas durante décadas que fragmentaron la planeación de la movilidad y priorizaron soluciones parciales sobre la construcción de sistemas integrados.
La ponencia concluyó con un llamado a replantear el modelo de financiamiento del transporte público en México y construir políticas de Estado de largo plazo que permitan mejorar la calidad del servicio, reducir desigualdades y garantizar mejores condiciones de movilidad para millones de personas usuarias.
