El acoso sexual en el transporte público continúa siendo una de las formas de violencia cotidiana que enfrentan miles de mujeres durante sus traslados diarios. En respuesta a esta problemática, el Gobierno de Sinaloa puso en marcha un protocolo estatal que busca establecer mecanismos de prevención, atención y actuación inmediata en unidades y paraderos de transporte.
La medida fue aprobada por unanimidad durante la primera sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encabezada por Yeraldine Bonilla Valverde.
El nuevo Protocolo de Prevención y Atención del Acoso Sexual en el Transporte Público establece procedimientos específicos para operadores, personal de seguridad y autoridades, además de acciones dirigidas a proteger la integridad y seguridad de las usuarias tanto en zonas urbanas como rurales.
“Este nuevo esquema viene a ayudar a muchas mujeres en su seguridad al transportarse en unidades públicas”, señaló la mandataria estatal durante la sesión.
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La secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, explicó que la estrategia surge como parte de las acciones derivadas de la alerta de violencia de género vigente en Sinaloa desde 2017.
“Hoy les estamos presentando este protocolo, que busca garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las mujeres sinaloenses en el uso del transporte público, porque el 85 por ciento del acoso sexual en estos lugares son víctimas mujeres”, indicó la funcionaria.
Entre las medidas contempladas se encuentra la obligación de que operadores detengan las unidades en lugares seguros y eviten que el agresor abandone el sitio hasta la llegada de autoridades. Además, el personal deberá recibir capacitación anual en perspectiva de género, atención a víctimas y manejo de crisis.
El protocolo también incorpora recomendaciones para las usuarias, cómo reportar de inmediato cualquier agresión al conductor, utilizar botones de emergencia o llamar al 911, así como acudir a instancias especializadas para formalizar denuncias y recibir acompañamiento psicológico y jurídico.
Durante la presentación se recordó que el delito de acoso sexual está tipificado en el artículo 185 Bis del Código Penal de Sinaloa y contempla sanciones de uno a tres años de prisión, con agravantes cuando las víctimas son menores de edad o el agresor es servidor público.
En la sesión participaron representantes de seguridad pública, Fiscalía estatal, Poder Judicial, movilidad, salud, educación y organismos de atención a mujeres, quienes respaldaron la implementación del protocolo como parte de una estrategia interinstitucional para atender la violencia de género en espacios de movilidad cotidiana.
