La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha respaldado la validez de aumentar las penas para los casos de robo perpetrados con violencia en el transporte público.
Esta decisión se tomó tras revisar un caso en el que un individuo, armado con una navaja y empleando un lenguaje amenazante, exigía pertenencias a los pasajeros de una camioneta de transporte público en el Estado de México. Este delincuente fue detenido y sentenciado a 26 años y tres meses de prisión por robo agravado, debido a la comisión del delito en un transporte público y con el uso de violencia moral.
Inicialmente, la pena fue reducida en un proceso de apelación, pero la defensa del condenado objetó esta decisión alegando la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones del Código Penal del Estado de México que prevén penas más severas para robos en transporte público y con violencia. A pesar de esta objeción, la protección constitucional fue denegada, lo que llevó al acusado a interponer un recurso de revisión.
En su fallo, la SCJN reafirmó que las circunstancias agravantes no implican una doble penalización por el mismo acto delictivo, sino que responden a la gravedad de la conducta y sus consecuencias, incluyendo el impacto psicológico y social en las víctimas. La Corte subrayó que el robo con violencia en el transporte público no solo afecta el patrimonio de las personas, sino que también genera inseguridad y trauma psicológico en la sociedad en general.
Asimismo, la Sala determinó que las disposiciones legales cuestionadas no son ambiguas ni permiten una aplicación arbitraria, sino que definen claramente el concepto de violencia moral y el ámbito del transporte público de pasajeros. En este sentido, se consideró que la ley es acorde con el principio de exacta aplicación de la legislación penal.
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En conclusión, la Primera Sala de la SCJN confirmó la sentencia impugnada y rechazó el amparo solicitado, respaldando así la aplicación de penas más severas para los casos de robo con violencia en el transporte público.
