El transporte público en Guanajuato atraviesa un punto crítico. Entre diagnósticos acumulados y decisiones pendientes, regidores del Ayuntamiento han comenzado a perfilar una salida: revisar a fondo el esquema de concesiones que hoy sostiene con fragilidad la operación del servicio.
“Hay concesionarios que, en la mayoría de los casos, no han tenido cambios de unidades… algunos no pasaron la revista y es un riesgo la falta de inversión”, advirtió el regidor Manuel Aguilar Romo, al poner sobre la mesa el deterioro progresivo del parque vehicular.
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La propuesta en análisis contempla no solo la renovación de concesiones existentes, sino también la apertura a nuevos participantes. La lógica pide oxigenar un sistema que, durante años, ha operado con incentivos limitados para modernizarse.
“No se trata solo de mantener a los actuales concesionarios, sino de permitir la entrada de nuevos actores que ayuden a resolver problemáticas acumuladas”, se ha planteado en el cabildo.
El diagnóstico coincide con lo establecido en el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), según explicó el regidor Julio César Sánchez, muchas de las concesiones vigentes están vencidas y no cumplen con estándares mínimos de calidad. “Los autobuses han superado su vida útil estimada de 10 años y siguen operando mediante prórrogas”, señaló, subrayando el riesgo que esto implica para los usuarios.
El problema, sin embargo, no es únicamente técnico, pues la ruta de solución está condicionada por un frente jurídico aún sin resolver. Mientras ese proceso siga abierto, el Ayuntamiento mantiene un margen de acción limitado.
“Esperamos que el proceso se resuelva favorablemente para reactivar la convocatoria antes de que concluya el año”, apuntó Sánchez.
El servicio continúa operando bajo condiciones que, desde el propio gobierno local, se reconocen como “deficientes, inseguras y obsoletas”. La renovación del sistema no solo aparece como una opción, sino como una necesidad impostergable para garantizar el derecho a una movilidad digna.
