En los últimos años, México ha dado pasos significativos hacia la consolidación de la movilidad como un derecho humano. La reforma al Artículo 4 de la Constitución en 2020 y la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) en 2022, marcan un hito en el reconocimiento de la movilidad como una necesidad esencial que impacta directamente en la calidad de vida de todos sus habitantes. Sin embargo, a pesar de estos avances, la realidad en las calles dista mucho de lo que la ley establece, y los retos para transformar este derecho en una realidad palpable siguen siendo inmensos.
El enfoque de la LGMSV, prioriza el transporte público, la seguridad vial y la sostenibilidad, que es un cambio de paradigma necesario. Por primera vez, se impulsa una política de movilidad centrada en las personas, en particular en los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida. Pero este cambio de visión enfrenta obstáculos importantes. La falta de infraestructura adecuada, especialmente en ciudades pequeñas y medianas, y la escasez de recursos financieros, limitan la posibilidad de implementar soluciones efectivas y permanentes.
A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar el transporte público, sigue existiendo una brecha considerable entre las grandes ciudades y las localidades más alejadas. En muchas zonas, el transporte sigue siendo insuficiente, costoso y poco confiable, lo que agrava la dependencia del automóvil privado, generando más contaminación y congestionamiento vial. Esta falta de accesibilidad es una de las principales barreras para lograr una movilidad digna y asequible.
Otro desafío es la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Mientras que la legislación es federal, su aplicación recae en estados y municipios, muchos de los cuales no cuentan con la capacidad técnica ni los recursos para implementar las políticas requeridas. Además, la cultura vial en México requiere una transformación profunda. La elevada tasa de accidentes de tránsito, con 16 mil muertes anuales, refleja la necesidad urgente de fortalecer la educación vial y promover un cambio de actitud entre conductores y peatones.
Es evidente que la legislación es solo el primer paso en el camino hacia una movilidad inclusiva y sostenible. México necesita continuar invirtiendo en infraestructura, garantizar la colaboración entre gobiernos y, sobre todo, fomentar una cultura vial que priorice la vida y el bienestar de las personas. Solo entonces podremos decir que la movilidad es, verdaderamente, un derecho humano para todos.
