Por Mario Leonardo Nieto Antolínez
Director Adjunto de Servicios Operativos – Grupo CISA
La electromovilidad se ha instalado en el debate público como un símbolo de modernidad, sostenibilidad y progreso. Sin embargo, detrás de los anuncios y los eventos de lanzamiento, existe una realidad que pocas veces se discute con franqueza: electrificar el transporte público no es simplemente sustituir autobuses; es transformar todo el sistema.
Y hacerlo bien requiere liderazgo, rigor técnico y decisiones responsables.
En América Latina hemos aprendido, a veces con altos costos, que cuando un proyecto de transporte se diseña sin bases sólidas, las consecuencias recaen sobre los usuarios, los operadores y los propios gobiernos. Hoy, frente a la transición hacia flotas eléctricas, ese riesgo es aún mayor. Por eso es indispensable hablar con claridad de los retos que tenemos enfrente.
1. El tamaño real del desafío: planear bien para no fallar
La electromovilidad empieza mucho antes de que un autobús llegue al patio.
Comienza con una pregunta sencilla, pero determinante: ¿cuántos pasajeros debemos mover, a qué horas, de dónde a dónde?
De esta respuesta dependen todas las demás:
¿Cuántos autobuses eléctricos necesitamos?, ¿de qué tamaño?, ¿en dónde construiremos el patio de encierro?, ¿cuál es el área requerida?, ¿cuántos cargadores instalar?, ¿cuánta energía se va a requerir?, por mencionar solo algunas variables relacionadas con la inversión inicial del proyecto.
Una mala estimación de la demanda termina generando proyectos sobredimensionados (caros y peligrosamente insostenibles) o proyectos insuficientes que obligan a recortar el servicio y erosionan la confianza de la ciudadanía.
La planeación también debe reconocer una verdad incómoda: la electromovilidad cuesta. Tiene beneficios ambientales y operativos indiscutibles, pero exige inversiones que no pueden ser trasladadas por completo al usuario. Se necesitan modelos financieros realistas y, sobre todo, gobiernos que tengan la valentía de definir qué nivel de servicio pueden pagar de manera sostenible (ojo que esto es clave, pero motivo de otra reflexión quizás más extensa).
Finalmente, planear también implica asignar y mitigar correctamente los riesgos: ¿quien va a enfrentar los imprevistos que se presenten en la tecnología?, ¿quién asumirá las desviaciones de ingresos en el sistema si la demanda de transporte cae?, ¿quién va a absorber los aumentos de precios en las refacciones, salarios, energía eléctrica, neumáticos?, solo por mencionar algunos.
Un principio elemental en la gestión de riesgos, contempla la idea de que los mismos deben ser asignados a quien tiene mejor capacidad para gestionarlos.
Cuando no se hace un análisis de riesgos completo desde el principio y cuando no se asignan adecuadamente, los proyectos suelen caer en controversias jurídicas interminables o en el mejor de los casos, desgastantes y costosas para todas las partes, incluyendo a los usuarios. En el peor de los casos, derivan en proyectos truncos.
2. Contratos modernos: sin reglas claras, no hay electromovilidad
La electromovilidad es intensiva en capital y depende de financiamiento a largo plazo.
Para atraer inversión, los contratos deben brindar certidumbre: mecanismos de actualización de costos, criterios claros para revisar tarifas o subsidios, reglas de compensación por cambios operativos y mecanismos expeditos para resolver controversias sin paralizar el servicio.
En una industria donde la tecnología avanza rápido, los contratos rígidos son una receta para el fracaso. Los Sistemas de transporte que no actualicen sus marcos jurídicos (o los generen) tendrán que pagar costos mayores por el dinero o simplemente renunciar a la posibilidad de modernizar el transporte público.
3. Presupuestos de largo plazo: más allá del ciclo político
Adquirir flota eléctrica es apenas el comienzo. Este tipo de proyectos atraviesan varios periodos de gobierno.
Por ello, las ciudades deben asegurar recursos multianuales que permitan cubrir la inversión en flota e infraestructura, pero también la operación, que año a año enfrenta costos crecientes.
Sin esta visión, los sistemas corren el riesgo de apagarse (literalmente) a mitad del camino.
Nada deteriora más la confianza ciudadana que un proyecto de transporte que comienza con entusiasmo y termina abandonado o deteriorado por falta de recursos.
4. Empresas más fuertes y personal especializado
La electromovilidad exige un salto en la capacidad empresarial del sector transporte.
Así como dejamos atrás el modelo del hombre-camión (Transporte Público Colectivo de antaño) para profesionalizar la operación, hoy debemos dar un nuevo salto: operadores con estructuras financieras claras, áreas tecnológicas robustas, departamentos de energía, analítica de datos y gestión digital de la operación.
Y esto solo será posible con capital humano especializado: técnicos, ingenieros y gestores formados en mantenimiento y operación de vehículos eléctricos, telemetría, ciberseguridad, software de gestión energética y operación de cargadores, entre otros temas que surgen con la transición.
Un llamado a la responsabilidad y a la visión de Estado
La electromovilidad no es un lujo ni una moda. Es una necesidad para enfrentar la contaminación, mejorar la calidad del aire y ofrecer un transporte público digno.
Pero no es gratis, ni simple, ni inmediata.
Si queremos que esta transición sea exitosa, debemos entender que exige planeación rigurosa, reglas modernas, presupuestos responsables y capacidades técnicas que hoy aún estamos construyendo.
Las ciudades que han enfrenado estos retos con honestidad, decisión y visión son las que vemos avanzando hoy con pasos firmes en la electrificación del transporte público.
Las ciudades que están en proceso de estructuración de nuevos proyectos no deben perder de vista las lecciones aprendidas y deben apoyarse (de preferencia) en quienes ya han avanzado por esos caminos.
