Desde las unidades de carga ligera que abastecen comercios y comunidades hasta los vehículos de gran tonelaje que sostienen las cadenas industriales, el transporte es una pieza esencial de la vida económica y social de México. A este universo se suma el transporte público, que todos los días garantiza millones de desplazamientos y conecta a las personas con el empleo, la educación, la salud y los servicios.
Sin embargo, pese a su importancia estratégica, empresas, concesionarios, permisionarios y operadores no cuentan con una representación suficientemente directa, permanente y activa en el Congreso de la Unión, y mucho menos en los congresos locales. Las decisiones legislativas que afectan al sector suelen discutirse sin una participación proporcional de quienes conocen el ramo; es decir, la carretera, la terminal, el taller, la ruta urbana, las calles y los barrios; en resumen, la operación cotidiana. Esto ha dejado, en los últimos años, a solo individuos que, desde su escritorio y con datos del INEGI y algunas otras fuentes, dan forma a modelos de seguimiento y les llaman modernización, sin que les importe si provocan complicaciones a la movilidad diaria de personas y cargas.
Hablar de transporte nacional implica reconocer una realidad diversa: mensajería y reparto, carga ligera y especializada, autotransporte de carga pesada, transporte urbano y suburbano, taxis, mototaxis, bicitaxis, autobuses de pasajeros, servicios turísticos, transporte escolar y múltiples modalidades que cada región necesita. Cada actividad enfrenta retos propios, pero todas comparten problemas que requieren atención legislativa coordinada. Y lo único que hay es molestia y retraso, ya que su visibilidad es pobre, aunque no inexistente.
La inseguridad en rutas y terminales, la sobrerregulación, los costos de operación, la renovación de unidades, la infraestructura insuficiente, la profesionalización de los operadores, las condiciones laborales, la transición energética y la competencia desleal no pueden resolverse mediante respuestas aisladas. Cuando la interlocución está dispersa, las necesidades comunes pierden fuerza y las particularidades de cada modalidad quedan fuera del debate.
Las cámaras empresariales solo velan por el interés de sus pocos socios, que pertenecen a una cúpula muy exclusiva; es decir, solo los grandes pueden estar afiliados y tener voz. Por otro lado, los sindicatos se han limitado al cobro de cuotas y a usar la masa social para intereses de todo tipo, menos para el de la mejora, lo que refleja falta de análisis técnico y mecanismos de seguimiento. Una parte importante del sector percibe parálisis, distancia o falta de resultados frente a los cambios que exige el país. Esta situación no debe convertirse en una confrontación entre organizaciones, sino en una oportunidad para revisar los mecanismos de representación y abrir canales más eficaces, transparentes y plurales.
Contar con legisladores que conozcan el transporte desde dentro permitiría anticipar los efectos reales de cada iniciativa. Una disposición aparentemente adecuada puede elevar costos, duplicar trámites o hacer inviable una ruta cuando no considera las diferencias entre una pequeña empresa familiar, un operador independiente, una flotilla urbana y una compañía de carga de largo recorrido. La representación legislativa traería consigo, entre otros beneficios:
El sector transporte necesita una representación legislativa directa, plural y permanente que incorpore la experiencia de empresas, concesionarios, permisionarios, operadores y distintas modalidades de movilidad en la elaboración de leyes y presupuestos.
La representación directa también ayudaría a visibilizar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que pueden ser de carácter social, como las cooperativas, así como a darles oportunidad a los operadores independientes, que suelen tener menos recursos para participar en los procesos legislativos. Una agenda incluyente debe escuchar tanto a las grandes flotas como a quienes dependen de una sola unidad para sostener a su familia y abrir soluciones para todas y todos.
La solución no consiste en sustituir a las organizaciones existentes ni en crear una estructura corporativa cerrada. Se requiere construir una representación democrática y plural que mantenga el diálogo con cámaras, sindicatos, asociaciones, cooperativas, especialistas, usuarios y autoridades, pero que conserve capacidad propia para impulsar iniciativas y exigir resultados.
Esa representación debería regirse por principios claros: transparencia sobre intereses y reuniones; rendición de cuentas periódica; participación de todas las modalidades; equilibrio regional; consulta directa con operadores y empresas; y rechazo a cualquier privilegio que beneficie solo a un grupo. Su legitimidad dependerá de convertir las necesidades del sector en propuestas públicas, técnicamente sustentadas y compatibles con el interés nacional. Con un modelo que funcione, se podrían corregir muchos vicios derivados de fenómenos sociales y de seguridad. Los grupos fuertes son escuchados, atendidos y obtienen resultados.
Entre los mecanismos posibles se encuentran una agenda legislativa nacional del transporte, mesas permanentes de trabajo en ambas cámaras, un observatorio ciudadano de leyes y presupuesto, consultas regionales y compromisos públicos de seguimiento. También es indispensable promover perfiles del propio sector que participen en la vida política y busquen espacios de representación mediante las vías democráticas correspondientes.
México no puede diseñar su política de movilidad y logística sin escuchar de forma directa a quienes mueven mercancías y personas. El transporte necesita dejar de ser convocado solo cuando aparece una crisis y convertirse en interlocutor permanente de las decisiones nacionales.
Una voz activa en el Congreso de la Unión permitiría transformar problemas cotidianos en soluciones legislativas, integrar la experiencia de empresas y operadores, y construir condiciones más seguras, competitivas y justas para todo el sector. No se trata de pedir privilegios, sino de garantizar una participación responsable allí donde se deciden las leyes y los presupuestos que determinan el futuro del transporte.
El llamado es a organizarse, participar y construir una agenda común. Si el transporte mueve a México, también debe tener voz en el lugar donde México decide su rumbo.
La representación debe traducirse en propuestas y resultados verificables, mediante mecanismos transparentes de diálogo, participación regional, rendición de cuentas y seguimiento de las decisiones que afectan al transporte y a la movilidad en México
