Escrito por: Gilberto A. Hernández González / Abogado Fiscalista y Especialista en Transporte Público / gilbertohergon@gmail.com
En Chiapas, desde hace más de medio siglo, las condiciones de movilidad para miles de personas representan una resistencia silenciosa contra un sistema de transporte público que, por sus deficiencias, se ha convertido en una barrera que genera inaccesibilidad, inseguridad, hacinamiento y un trato indigno hacia las personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos que enfrentan barreras similares, quienes comparten condiciones de vulnerabilidad estructural y una exposición constante a riesgos que comprometen su autonomía y dignidad.
Por consiguiente, la inexistencia de condiciones de accesibilidad universal en el transporte público, tales como unidades sin rampas, espacios inadecuados y prestadores del servicio que ejercen prácticas excluyentes, vulnera el derecho a la movilidad, limita el acceso a servicios esenciales y compromete la economía familiar de las personas con discapacidad, profundizando las brechas de desigualdad.
En consecuencia, existen miles de personas con discapacidad que, desde una silla de ruedas, luchan día a día por llevar el sustento a sus hogares y salir adelante. Sin embargo, pese a las dificultades que enfrentan, son personas que se niegan a ser invisibles en un entorno urbano que ha decidido ignorarlas. Esta historia es el espejo de miles de personas en Chiapas, pero mañana podría convertirse en el destino de toda una población que envejece en ciudades que, en lugar de abrazar la diversidad funcional, levantan murallas de indiferencia y exclusión.
Por ello, el envejecimiento y la deuda de movilidad en este caso no son una anomalía, sino una advertencia sobre el futuro de la población en Chiapas. Asimismo, esta situación nos muestra que, a pesar de que los datos del INEGI (2021) señalan que tres cuartas partes de la población que asiste a la escuela o trabaja se desplazan a pie, en bicicleta y en transporte público, resulta preocupante que en Chiapas persista un problema de infraestructura peatonal que debe analizarse a partir de la cobertura de vialidades con banquetas, indicador que el INEGI incorpora dentro de la infraestructura y equipamiento de las localidades. Esta variable permite identificar si las banquetas están presentes en todas, la mayoría, la mitad o pocas de las vialidades, lo que, en efecto, es relevante para evaluar las condiciones de accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. Lo anterior demuestra que las políticas públicas en materia de movilidad continúan siendo excluyentes y que existe una brecha entre el discurso político, el reconocimiento formal del derecho humano a la movilidad y las condiciones materiales necesarias para garantizar su ejercicio efectivo.
La falta de accesibilidad en el transporte público limita la autonomía y participación social de las personas con discapacidad y profundiza las desigualdades.
En este sentido, se debe garantizar el derecho a la movilidad con accesibilidad para todas las personas usuarias, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran las personas con discapacidad. Del mismo modo, dicha accesibilidad debe integrarse en el entorno urbano, en la infraestructura, así como al interior de los vehículos, ya sean privados o de servicio público (Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, 2022).
De igual forma, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021) señala que en Chiapas viven 227,878 personas con discapacidad, equivalentes al 4.1 % de su población total, con una distribución que muestra que 53.8 % son niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de 0 a 59 años, seguido por un 46 % de adultos mayores de 60 años de edad o más. Esta distribución adquiere especial relevancia en materia de movilidad, puesto que el 45.5 % presenta dificultad para caminar, subir o bajar, mientras que un 22.5 % enfrenta dificultades para bañarse, vestirse o comer. Por ende, se trata de una población cuya autonomía y participación social dependen de condiciones de accesibilidad en el transporte público. A esta realidad se suma el proceso natural de envejecimiento demográfico. Así que, si las leyes de movilidad y los reglamentos técnicos siguen siendo letra muerta, estamos condenando a las personas con discapacidad a un confinamiento forzado en sus hogares por la simple incapacidad del Estado de garantizar un entorno inclusivo.
Por lo tanto, dicha inaccesibilidad constituye una violación al derecho humano a la movilidad. Cabe destacar que, aunque el transporte público es el medio que menos peso monetario recarga sobre los usuarios, para las personas con discapacidad se ha convertido, simplemente, en un lujo inaccesible. En otras palabras, se debe atender y hacer efectivo el reconocimiento constitucional del derecho humano a la movilidad, a fin de garantizarlo en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. De tal forma que el Estado no puede renunciar a su obligación de garantizar un transporte público digno, accesible e inclusivo.
El envejecimiento demográfico vuelve urgente transformar infraestructura y transporte para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de inclusión e igualdad.
De esta manera, el derecho humano a la movilidad se encuentra estrechamente vinculado con la accesibilidad, al grado de que no podría entenderse de forma aislada. Adicionalmente, esta concepción ha evolucionado a partir de diversos referentes internacionales, entre ellos la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, el seguimiento de la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya influencia culminó con la reforma constitucional al artículo 4º en diciembre de 2020. Por su parte, la SCJN ha establecido que la movilidad no se reduce al simple desplazamiento, sino que involucra la obligación estatal de construir un sistema de transporte e infraestructura adecuada, estableciendo las bases en las personas, particularmente en aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Finalmente, como señala Elie Wiesel, “lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia”. La indiferencia institucional ha levantado murallas de exclusión que impiden a las personas con discapacidad habitar plenamente su ciudad. Frente a esta realidad, el Estado debe asumir su responsabilidad y adoptar medidas inmediatas para transformar la infraestructura actual en un sistema de transporte público inclusivo, eficiente y moderno. Lograrlo exige sumar voluntades en Chiapas, abrir espacios de participación y construir propuestas conjuntas. Porque moverse no puede seguir siendo un lujo cuando es un derecho.
