ESCRITO POR: Cristela Gutiérrez / redaccion@pasajero7.com.mx
La transición hacia sistemas de transporte público más limpios se ha convertido en una de las principales metas de movilidad para México. Sin embargo, detrás de la incorporación de nuevas tecnologías existe un desafío mucho más amplio que involucra financiamiento, regulación, infraestructura energética y capacidad institucional.
Para David Escalante Sánchez, especialista y consultor en transporte público y movilidad urbana, el país enfrenta una oportunidad inédita, y es que cuenta con una generación de especialistas, técnicos y autoridades que han acumulado experiencia en la transformación de los sistemas de transporte. El desafío, afirma, consiste en aprovechar ese capital humano para conducir una transición que requerirá liderazgo, gobernanza y decisiones de largo plazo.
¿Qué tan complejo es el reto de descarbonizar el transporte público en México?
Es un reto enorme por la dimensión misma del sistema que tenemos. Cuando revisamos el panorama nacional encontramos una flota de más de 180 mil unidades entre autobuses, microbuses y vans que prestan servicio diariamente. Una parte importante de esa flota tiene una edad avanzada y eso acentúa tanto los problemas operativos como las emisiones contaminantes.
Muchas veces hablamos de descarbonización como si se tratara únicamente de cambiar vehículos, pero en realidad estamos hablando de transformar un sistema completo. La meta de llegar a una flota con cero emisiones implica inversiones muy importantes durante varios años y una estrategia que permita avanzar de manera gradual y sostenible.
Cuando hacemos los cálculos, los recursos necesarios superan ampliamente los niveles de inversión que actualmente existen en el sector. Por eso el debate no debe centrarse únicamente en la tecnología disponible, sino en cómo vamos a financiar y organizar esa transición.
¿Por qué la renovación de la flota se ha convertido en una prioridad para las ciudades mexicanas?
Hoy el transporte público mexicano opera con una flota superior a las 180 mil unidades entre autobuses, microbuses y vans, cuya antigüedad promedio ronda los 19 años. En términos prácticos, esto significa que una parte importante de los vehículos que diariamente movilizan a millones de personas fue incorporada bajo estándares tecnológicos muy distintos a los actuales y, en muchos casos, ya se encuentra fuera de los parámetros que hoy se consideran deseables para un sistema moderno de transporte público.
Esto tiene implicaciones no solamente ambientales, sino también operativas, económicas y de calidad del servicio. Muchos de estos vehículos presentan mayores consumos de combustible, generan más emisiones contaminantes y requieren costos crecientes de mantenimiento. Además, conforme envejecen, disminuye su confiabilidad operativa, lo que termina impactando directamente en la experiencia de las personas usuarias.
El desafío es que estamos hablando de una escala muy grande. La transformación de miles de unidades no puede ocurrir de un día para otro y requiere mecanismos financieros robustos, planeación de largo plazo y esquemas que permitan a las ciudades avanzar de manera gradual. La buena noticia es que hoy existen tecnologías disponibles y experiencias internacionales que pueden servir de referencia. El reto consiste en construir las condiciones para que esa renovación ocurra de forma ordenada, sostenible y con beneficios tangibles tanto para los operadores como para las personas usuarias.
¿Por qué la electrificación no depende únicamente de comprar autobuses eléctricos?
Porque la tecnología es probablemente la parte más visible, pero no necesariamente la más compleja. Lo que observamos es que la transición energética obliga a replantear muchos elementos que forman parte de la operación cotidiana del transporte público.
Hay que revisar instrumentos regulatorios, esquemas de financiamiento, infraestructura energética, procesos de mantenimiento, capacitación técnica y hasta la manera en que se distribuyen responsabilidades entre autoridades y operadores. Todo eso forma parte de la gobernanza de la transición.
Con frecuencia hablamos de los vehículos, pero detrás de cada autobús eléctrico existe una cadena completa de decisiones institucionales y operativas que deben funcionar correctamente. Si no existe esa coordinación, la tecnología por sí sola no resolverá los problemas estructurales del sistema.
La descarbonización del transporte público requiere transformar un sistema completo, no únicamente sustituir vehículos de combustión por unidades eléctricas.
¿México cuenta con la capacidad técnica para enfrentar esta transformación?
Yo diría que sí, y esa es una de las noticias positivas que pocas veces se mencionan. Hoy tenemos una capacidad técnica mucho mayor que la que existía hace 20 años. Hay especialistas en movilidad, planeación, transporte público, energía y desarrollo urbano que han participado en proyectos muy relevantes dentro y fuera del país.
También contamos con autoridades locales que han acumulado experiencia en procesos de modernización, integración de sistemas y construcción de políticas públicas de movilidad. Ese conocimiento existe y representa una ventaja importante para enfrentar los retos que vienen.
No obstante, la transición también exige desarrollar nuevas capacidades. Se requerirán técnicos especializados, personal capacitado para operar nuevas tecnologías, universidades vinculadas a estos procesos y programas de formación que acompañen la evolución del sector. La transformación no solo es tecnológica; también es institucional y humana.
¿Qué hace falta para que esa capacidad técnica se traduzca en resultados?
Uno de los temas centrales es la gobernanza. En México contamos con instrumentos de planeación, diagnósticos y metas que identifican con claridad hacia dónde queremos avanzar. El desafío consiste en construir mecanismos que permitan coordinar esfuerzos y mantener una dirección estratégica de largo plazo.
Las transiciones de esta magnitud necesitan liderazgo. Necesitan instituciones capaces de tomar decisiones basadas en evidencia y de coordinar actores con intereses distintos. De igual forma, requieren continuidad para evitar que los proyectos se interrumpan cada vez que cambian las administraciones.
Soy optimista porque existe una generación de profesionales que ha trabajado durante años en estos temas y que entiende la complejidad de los sistemas de movilidad. Hoy contamos con más experiencia, más conocimiento y más capacidades que en décadas anteriores. La pregunta ya no es si México puede avanzar hacia la descarbonización del transporte público; la pregunta es cómo organizamos todos esos recursos y capacidades para hacerlo posible.
México cuenta hoy con una comunidad técnica y profesional más preparada que hace dos décadas; el reto es convertir esa capacidad en una estrategia sostenida de transformación.
