La discusión sobre la incorporación de vehículos eléctricos al transporte público volvió a colocarse sobre la mesa en Tecomán, aunque para operadores y exconcesionarios del sector la verdadera urgencia sigue siendo la recuperación de un sistema que durante los últimos años ha visto reducir drásticamente su operación y su base de usuarios.
La reciente presentación de una unidad eléctrica para transporte de pasajeros despertó interés por las posibilidades que ofrece la electromovilidad en ciudades medias; sin embargo, también evidenció los retos estructurales que enfrenta el transporte urbano local para acceder a este tipo de tecnologías.
El autobús, un prototipo de origen chino con capacidad para 15 pasajeros, incorpora aire acondicionado, espacio para equipaje y características enfocadas en la comodidad del usuario, aunque especialistas del sector consideran que su configuración responde más a servicios turísticos que a las necesidades cotidianas del transporte urbano.
Francisco García, expermisionario del transporte público en Tecomán, señaló que el debate sobre nuevas tecnologías debe partir de la realidad económica que atraviesa el sector.
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“El problema no es si el autobús es eléctrico, híbrido o de combustión. La verdadera discusión es cómo recuperar un sistema que ha perdido usuarios, ingresos y capacidad operativa. Hoy el transporte urbano enfrenta condiciones muy complejas para sostenerse y pensar en inversiones de varios millones de pesos resulta difícil cuando muchas rutas desaparecieron por falta de rentabilidad”, explicó.
El exconcesionario indicó que el costo aproximado de la unidad presentada, cercano a los 3 millones de pesos, representa un desafío importante para empresas y operadores que aún enfrentan las consecuencias del incremento en los combustibles, el rezago en los ajustes tarifarios y la caída en la demanda registrada desde la pandemia.
“El aumento de los costos operativos llegó mucho antes que los ajustes a las tarifas. Cuando finalmente fueron autorizados, muchos transportistas ya habían agotado sus posibilidades de mantenerse en operación. A eso se sumó la pandemia, que afectó directamente a un sistema que dependía en gran medida de los viajes realizados por estudiantes y trabajadores”, sostuvo.
A la disminución de pasajeros se agregaron nuevas formas de movilidad que modificaron los hábitos de traslado en el municipio. El crecimiento del uso de motocicletas y la expansión de servicios alternativos redujeron progresivamente la demanda del transporte colectivo tradicional, debilitando la sostenibilidad financiera de las rutas existentes.
Los efectos de esta situación son visibles en la operación actual del sistema. Mientras años atrás el servicio urbano contaba con nueve rutas activas y más de 40 unidades en circulación, hoy únicamente permanece una ruta prestando servicio regular a la población.
Pese al panorama, García consideró que la transición hacia tecnologías más limpias continuará siendo una tendencia inevitable para el sector. No obstante, advirtió que para que la modernización sea viable será necesario acompañarla de esquemas de financiamiento, apoyo institucional y políticas públicas que permitan recuperar la rentabilidad del transporte público.
“La movilidad sustentable es el camino, pero primero debemos garantizar que exista un sistema de transporte fuerte y económicamente viable. Sin usuarios y sin condiciones financieras adecuadas, cualquier esfuerzo de renovación tecnológica corre el riesgo de quedarse únicamente en una buena intención”, concluyó.
