Escrito por: Gilberto A. Hernández González / Abogado Fiscalista y Especialista en Transporte Público
Cabe destacar que el Estado de Bienestar, formulado por el economista británico John Maynard Keynes, planteaba un desarrollo económico sin obstaculizar la vida y el bienestar social de las personas, bajo el amparo de un Estado garante y regulador de las necesidades básicas, de tal modo que le permitiera ajustar los desequilibrios económicos y subsanar las limitaciones del gasto privado.
En ese sentido, este sistema inicialmente centró su objetivo en garantizar, con una fuerte presencia estatal, la protección social de todas y todos los ciudadanos, asegurándoles el acceso a diversos servicios básicos. Esto se tradujo en el respaldo de diversas naciones cuyo anhelo era alcanzar mayor seguridad y prosperidad, después de haber sufrido guerras catastróficas. De esta forma, el Estado de Bienestar logró expandirse y recaudar una serie de impuestos que le permitieron regular la vida social y económica; tan es así que europeos y occidentales comenzaron a confiar al Estado la gestión del derecho a la educación, el empleo, la salud, la vivienda, el cuidado de las personas mayores, las pensiones, entre muchos otros servicios públicos (Martínez Cruz, 2013).
Es menester señalar que Moreneo Pérez (2015) menciona que, de acuerdo con William Beveridge, en su Informe de 1942, se establecieron las bases del Estado de Bienestar, sustentadas en la creación de un sistema integral financiado por impuestos, con una política social y democrática. Tras la Segunda Guerra Mundial, la sociedad británica debía destruir, para su posterior reconstrucción, los cinco gigantes: miseria, enfermedad, ignorancia, pobreza y desempleo; los cuales aún prevalecen y se reflejan en el rezago actual del transporte público, siendo este uno de los principales indicadores de la calidad de vida de la población.
Ahora bien, la movilidad es un Derecho Humano y cuenta con reconocimiento constitucional en muchos países. En México, a finales del año 2020, se reconoció constitucionalmente como un derecho humano de las personas en el artículo 4°, en su vigésimo primer párrafo; por lo que la optimización de las condiciones de movilidad es, hoy en día, uno de los mecanismos más trascendentales para alcanzar un entorno con mayor justicia social.
Por ello, es importante recalcar que el transporte público urbano de pasajeros es la principal herramienta que provee a la sociedad movilidad, confianza y accesibilidad. En este sentido, se citan las palabras del político y economista mexicano Luis Gilberto Limón Chávez, en la presentación de una de las obras literarias del ingeniero Ángel Molinero: “El transporte urbano no produce bienes de consumo tangibles, pero hace posible que estos se elaboren al trasladar diariamente a millones de trabajadores. No educa, pero permite el acceso a los centros de estudio a miles de estudiantes en cualquier etapa de la vida. De igual forma, no proporciona diversión o esparcimiento, pero hace posible el desarrollo de estas actividades. Por todo lo anterior, cumple de manera cabal con una función indiscutible de justicia social”. Ante esta afirmación, se puede decir, sin duda alguna, que el transporte público es uno de los servicios públicos fundamentales para garantizar plenamente la equidad e inclusión social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental en las zonas urbanas del país.
El transporte público urbano es un pilar del Estado de Bienestar, al garantizar movilidad, equidad social, acceso a derechos básicos y calidad de vida para millones de personas.
Por lo tanto, Molinero et al. (2003) concluyen que el transporte público urbano de pasajeros es de gran trascendencia para la sociedad, ya que millones de personas en el mundo hacen uso de él, lo que lo convierte en un servicio básico y primordial.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se muestra que la población mexicana percibe al transporte público de pasajeros como un servicio de baja calidad. A nivel nacional, solo el 38.3 % de la población usuaria de 18 años y más se siente satisfecha con este servicio, ocupando el último lugar entre los servicios públicos. Asimismo, solo el 37.4 % de las personas considera que las unidades están en buen estado, limpias y funcionales, cifra 1.4 % menor respecto al año 2021 (INEGI, 2024).
En consecuencia, Bonifaz et al. (2016) señalan que existe una falta de visión global en la oferta de modos de desplazamiento en transporte público, puesto que actualmente ha surgido una diversidad de formas de transporte público, colectivo o individual, de carácter informal (taxis privados, colectivos, motocarros, mototaxis, bicitaxis, entre otros), que no son marginales, ya que en algunos ámbitos superan con creces el número de pasajeros transportados por líneas regulares.
Por consiguiente, bajo un claro concepto de Estado de Bienestar moderno, y considerando las externalidades positivas que genera una buena oferta de transporte público, debería existir un amplio volumen de aportación de recursos públicos para la financiación del déficit generado por una red diseñada con una oferta atractiva al usuario, de calidad, que convierta al transporte público en el medio de desplazamiento por excelencia (Bonifaz et al., 2016).
Finalmente, una nueva forma de concebir al Estado de Bienestar resulta crucial e impostergable, ya que exhorta a encontrar la razón principal de un modelo que busca la solidaridad y la igualdad de las personas, y vela por su desarrollo humano. Esto implica centrar estratégicamente los objetivos en la búsqueda de soluciones que atiendan las necesidades de desplazamiento de la población, a través de un adecuado diseño, gestión y control del transporte público por parte del Estado y de los demás actores que intervienen, lo cual permitiría mejorar los escenarios de asistencia brindados y eliminar las brechas de desigualdad actuales, mediante políticas públicas que garanticen plenamente el bienestar, el desarrollo y el fortalecimiento económico de México.
En México, la percepción ciudadana sobre la calidad del transporte público es baja, lo que evidencia la urgencia de establecer políticas públicas que fortalezcan su financiamiento, diseño y gestión bajo un enfoque de bienestar social.
