Los baches son irregularidades en la cinta asfáltica que aparecen con frecuencia en calles y avenidas, y que hoy en día reciben distintos nombres. Representan un problema complejo que se ha salido de control para todos los que usan las calles. Las molestias que generan pueden ir desde leves hasta impedir por completo el paso de grandes automotores. Constituyen una amenaza permanente para la integridad física de las personas, la seguridad vial y la preservación de los bienes materiales. Su presencia evidencia no solo el envejecimiento de la infraestructura, sino también la desatención crónica de las autoridades ante un problema que, lejos de ser menor, tiene repercusiones profundas y cotidianas, tanto económicas como emocionales y físicas.
La existencia de baches transforma cualquier trayecto en un riesgo. Los vehículos que intentan esquivarlos suelen realizar maniobras abruptas, poniendo en peligro no solo a quienes conducen, sino también a peatones, ciclistas y motociclistas. Automóviles y motocicletas pueden perder el control y provocar accidentes que, en muchos casos, resultan en lesiones graves e incluso fatales. La seguridad vial se ve amenazada de manera directa, pues la circulación fluida y predecible se rompe ante la presencia de estos obstáculos impredecibles. De por sí, las ciudades, debido a su gran saturación, se han vuelto lentas e intransitables; este problema solo agudiza de forma considerable las dificultades para las actividades diarias, ocasionando graves retrasos en los tiempos de traslado.
Las personas no solo se ven expuestas a accidentes, sino también a daños materiales. Los automóviles sufren constantemente afectaciones en suspensión, llantas, rines y direcciones, lo que se traduce en gastos imprevistos y, en muchos casos, considerables. Para quienes utilizan bicicletas o motocicletas, las consecuencias pueden ser aún más severas. Además, el tránsito lento y forzado por esquivar baches genera un ambiente de estrés y frustración colectiva.
El deterioro de las vías impacta la economía personal y colectiva. Cada bache representa un potencial foco de gasto, desde reparaciones menores hasta siniestros de mayor envergadura. Las pérdidas no se limitan a lo individual: el transporte público y las empresas de entregas también ven mermada su eficiencia, incrementando los tiempos de traslado y los costos operativos. Esto crea una cadena de problemas que afecta los presupuestos, pues obliga a enfrentar gastos fuera de todo programa de mantenimiento, así como a dejar unidades fuera de servicio. Cuando se pierde una ruta o no se presta el servicio, las afectaciones se multiplican en las cadenas de movilidad y suministro.
Toda la sociedad termina pagando el precio de un problema que parece invisible para quienes deberían atenderlo. La acumulación de baches y la aparición constante de nuevos generan conflictos viales adicionales. Conductores que frenan de improviso, desvíos repentinos y embotellamientos forman parte del paisaje diario. Sin embargo, la respuesta de las autoridades suele ser lenta, insuficiente o ineficaz. La falta de mantenimiento preventivo y la escasa supervisión del estado de las calles evidencian una desatención que, con el tiempo, solo agrava el problema.
Como si se tratara de un reto por no atender, las autoridades implementan programas de otra índole para minimizar la percepción del daño, lo que ha generado reacciones de frustración y enojo en distintos sectores sociales. El problema es tan grave y tan poco atendido que, desde hace años, existen programas y medios que diariamente dan seguimiento a los miles de reportes de la ciudadanía, sin que ello se traduzca en soluciones efectivas.
Cuando finalmente se atienden los baches, muchas veces las reparaciones son de baja calidad. El uso de materiales inadecuados y una colocación deficiente provocan que, en poco tiempo, el bache reaparezca, perpetuando el ciclo de deterioro. Hay casos en los que las reparaciones no duran ni 24 horas. Esta falta de compromiso con soluciones duraderas refleja no solo ineficiencia, sino también la ausencia de una visión a largo plazo en la gestión de la infraestructura urbana.
En la Ciudad de México, distintas administraciones han invertido millones de pesos, incluso con campañas mediáticas y sellos de pintura, a través de terceros, que han terminado en fracasos, desfalcos y resultados negativos. Tan grave es la situación que, recientemente, la actual administración presumió que la ciudad ya no tenía pendientes en este tema, lo que generó duras críticas en medios y redes sociales.
El problema es tan grande que no se vislumbra una solución a corto plazo. Resolverlo implicaría canalizar recursos de otras áreas o crear nuevas cargas tributarias, algo que difícilmente sería aceptado por la población.
En zonas de barrios, la situación se agrava por el manejo irresponsable de químicos, aceites y detergentes, cuya acumulación deteriora el pavimento. A esto se suma que muchas calles se utilizan como talleres a cielo abierto, donde se golpea y perfora el asfalto.
Por último, la falta de planeación provoca rehabilitaciones costosas que, en ocasiones, se realizan sin coordinarse con las obras de redes de suministro. Al tratarse de trabajos de empresas privadas, muchas veces solo se aplican parches de mala calidad y con una lentitud excesiva. Lo peor es que no existe supervisión efectiva sobre estos trabajos, lo que se traduce en un desperdicio de dinero y materiales.
La presencia y proliferación de baches en la vía pública no es un problema menor ni aislado. Se trata de un fenómeno que afecta la seguridad vial, la economía y el bienestar colectivo. La negligencia de las autoridades y las soluciones temporales solo contribuyen a profundizar un conflicto que exige atención urgente, materiales de calidad y una visión integral que priorice la seguridad y el bienestar de todas las personas.
