El transporte público en Baja California está en proceso de modernización con la implementación gradual del pago electrónico. Esta estrategia busca mejorar la eficiencia operativa, optimizar la fiscalización financiera y facilitar la renovación del parque vehicular, aunque enfrenta importantes retos para su adopción completa.
El director general del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), Jorge Alberto Gutiérrez Topete, explicó que la transición será paulatina y adaptada a las condiciones específicas de cada municipio y ruta. Las pruebas piloto se desarrollan en el Corredor Agua Caliente de Tijuana y en la Ruta Eje de Mexicali, con la meta de lograr la digitalización total del sistema en el Corredor Agua Caliente antes del inicio del siguiente ciclo escolar. Sin embargo, la implementación definitiva dependerá del avance en infraestructura tecnológica.
El cambio hacia el pago electrónico implica que los choferes dejarán de actuar como cajeros, una medida esencial para reducir irregularidades en la recaudación, permitir tarifas diferenciadas y avanzar hacia modelos de cobro por kilómetro recorrido. Actualmente, los usuarios recargan sus tarjetas en tiendas OXXO, y se prevé que en los próximos meses Farmacias Roma se sumará como punto de recarga. Además, IMOS negocia con misceláneas ubicadas en colonias alejadas para ampliar la red de recarga.
Según Gutiérrez, aproximadamente el 30% del dinero en efectivo recaudado se pierde durante la cadena de custodia, lo que limita la inversión en la actualización del transporte público. En este contexto, las entidades financieras exigen la existencia de un sistema de pago electrónico para otorgar créditos a las empresas del sector. IMOS ha adquirido 71 mil tarjetas adicionales y ha puesto en operación alrededor de 20 expendedores móviles con tecnología NFC para facilitar recargas durante el recorrido. Se proyecta también extender este modelo a tiendas de autoservicio, con capacitación al personal para el manejo de inventarios.
No obstante, el proceso enfrenta resistencia. Algunos operadores han saboteado el sistema apagando validadores o informando a los usuarios que el sistema no funciona, evidenciando una negativa a abandonar prácticas tradicionales y poco transparentes. La propuesta de IMOS para superar estas dificultades es reforzar el modelo concesionario, basado en una gestión clara y eficiente de los recursos.
En materia de regulación, se implementa un nuevo enfoque que prioriza el estado físico y mecánico de los vehículos por encima de su antigüedad. Las empresas deben someter sus unidades a dos inspecciones anuales para garantizar la seguridad; el incumplimiento conlleva sanciones. Incluso se contempla permitir la operación prolongada de vehículos antiguos, siempre que cumplan con los estándares técnicos vigentes.
Por otro lado, IMOS ha detectado prácticas tarifarias abusivas en Tijuana, especialmente en la empresa Calfia, con más de 70 denuncias por cobros indebidos en rutas parciales. Aunque el Cabildo autorizó aumentar la tarifa de \$14 a \$16 pesos para recorridos completos, algunos choferes cobran doble al fragmentar el recorrido. Las multas por estas irregularidades superan los 2 mil pesos y podrían derivar en la revocación de concesiones si la empresa lo permite.
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Finalmente, el instituto trabaja en un sistema de puntaje para operadores, inspirado en el modelo implementado en la Ciudad de México, que suspenderá a operadores con múltiples infracciones. Estas medidas buscan dignificar el transporte público, garantizar derechos de los usuarios y construir un sistema más justo y eficiente en Baja California.
