La pandemia generada por el Covid-19 ha dejado pérdidas y una gran lección al sector del transporte público; a primera vista evidenció la carencia de medidas para prevenir afectaciones financieras por parte de los empresarios y de los gobiernos, pero también fue evidente la necesidad del servicio, principalmente para la movilidad de los trabajadores.
Ante una realidad que ha cimbrado a los diferentes sistemas de transporte, pues se estima una reducción promedio del 60% en la demanda, integrantes de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), el WRI México y la ANPACT, señalaron que para evitar que colapsen los sistemas de transporte público en el país, es necesario implementar un esquema de apoyos federal que contribuya a la reactivación financiera, económica y social del transporte público.
De acuerdo con un estudio realizado en la primera etapa de la cuarentena, en 10 de las principales ciudades de México, la baja en la demanda del servicio de transporte público podría generar pérdidas que alcanzarían los 9 mil 800 millones de pesos en tres meses de confinamiento, por lo que es urgente implementar un plan de apoyos.
Además, la baja en la demanda ya se refleja en la disminución de unidades ofreciendo el servicio, y por lo tanto en el bolsillo de los usuarios, ya que de acuerdo al estudio a menor frecuencia de autobuses, los usuarios optan por otros modelos de movilidad que les implica un gasto mayor de entre un 20 a un 50%.
“Y hablamos que quienes más utilizan el transporte público son las familias con menos de 7 mil pesos de ingresos mensuales”, indicó Fernando Páez, director de operación del WRI México.
El estudio refiere que del transporte público dependen más de 160 mil empleos (principalmente de conductores de unidades de transporte), y que representa la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios, así como cooperativas, las cuales se estima que constituyen el 75 por ciento de la organización del sector.
Los especialistas, reconocieron que los transportistas atentos al cuidado de la salud de los mexicanos implementaron medidas de sanitización, esfuerzos para generar viajes con sana distancia y otras medidas que ayudan a evitar la propagación del virus, como la protección del personal operativo más vulnerable.
Sin embargo, el sector, integrado por sus conductores y operadores principalmente, y los usuarios están enfrentando crecientes retos y riesgos que es indispensable atender.
Luego de presentar los resultados del estudio, representantes de AMAM, WRI México y ANPACT, hicieron un llamado a generar una Política Nacional de Movilidad, que contemple como un rubro al transporte público, y un plan de contingencias que considere el apoyo de los gobiernos federal y estatal para el sector.
“En el marco de la contingencia, esto no se puede dejar solamente en responsabilidad estatal o de los empresarios, esto requiere la concurrencia del Gobierno Federal, pues los estados y empresarios no podrían solos”, subrayó Páez.
Riesgos del sector
Se indicó que durante la cuarentena se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio como una herramienta para reducir costos de operación; sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.
Se prevé que, en los tres meses y medio que podría durar la emergencia sanitaria, las pérdidas alcanzarán hasta el 40 por ciento del ingreso habitual en ese periodo, lo que representa una pérdida acumulada de 9 mil 800 mdp a nivel nacional; poniendo en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad del propio sistema.
El segundo componente en riesgo es el total de puestos de trabajo relacionados con el sector. Se calcula que, en promedio, el sector emplea a 1.5 conductores por cada vehículo en operación, y que existe un 40 por ciento adicional de otros puestos de trabajo asociados. A nivel nacional, comparando el dato obtenido en el análisis sobre los empleos del transporte colectivo urbano y suburbano, estos superan 3.5 veces los empleos acumulados del transporte aéreo, marítimo y de ferrocarril, reportados por el INEGI.
El tercer componente en riesgo es el retroceso en los procesos de modernización del transporte. El 75 por ciento del sector se organiza en esquemas de personas físicas, pequeñas y medianas empresas o cooperativas, altamente sensibles a la disminución de ingresos y los compromisos de pago de capital, que representa el 20 por ciento de sus costos totales. El 40 por ciento de las unidades de transporte que operan en las ciudades encuestadas continúa siendo sujeto al pago de créditos, por lo que la falta de liquidez condiciona el cumplimiento de sus obligaciones.
El impacto económico, financiero y social de la emergencia puede ser incluso mayor si se considera la contribución del transporte público colectivo a la cadena de valor de la industria del sector, que va desde la fabricación y venta de autopartes, los servicios de mantenimiento, el comercio de vehículos y los servicios financieros para su adquisición, solo por mencionar algunos.
Los retos
El reto particular de este sector, en un contexto que pone en riesgo su sostenibilidad financiera, es que es esencial que su operación continúe.
Se recomienda que las acciones de política prioricen la permanencia de los puestos de trabajo incluyendo los conductores, procurando ahorros dentro de los costos operativos y no fijos; que garanticen la provisión de un servicio regular, principalmente para quienes realizan labores en el marco de la emergencia y no cuentan con los recursos para sustituir este modo de transporte o para los que sustituirlo les resulta altamente costoso o simplemente imposible.
“De no tomarse acciones durante la presente contingencia aumenta la probabilidad de que concesionarios y operadores busquen optimizar sus recursos en la prestación del servicio, menos autobuses, rutas, frecuencias y cobertura para la población usuaria del transporte con sus impactos derivados en salud y economía”, señalaron.
Recomendaciones
En este escenario es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones:
La lección para el sector en América Latina
La lección que ha dejado la pandemia fue a nivel mundial, sin embargo, en América Latina de acuerdo a la Red SIMUS debido al tipo de economía y administración de los sistemas que predomina, es necesario implementar medidas transitorias para reactivar la economía del sector.
Los representantes de los Entes Gestores de los Sistemas Masivos miembros de SIMUS, las áreas metropolitanas y por su conducto los operadores prestadores del servicio, Recaudo, Control de Flota e Información al Usuario, proponen a los gobiernos, medidas transitorias para garantizar en todo momento la efectiva prestación del servicio público esencial para llevarse a cabo de manera inmediata, tanto de gestión de oferta y demanda; con el fin de salvaguardar la integridad de los usuarios del transporte público, como medidas de mitigación de impacto financiero y así, evitar la parálisis inminente de los sistemas con sus dramáticas consecuencias sociales y económicas que ello implicaría.
Tanto en México como en la gran mayoría de las ciudades de Latinoamérica, además del llamado #QuedateEnCasa, se aplicó la ‘sana distancia’ en la concentración de pasajeros en el transporte público, lo que generó que las unidades se vieran obligadas a circular al 50% de su capacidad y registraran una reducción de la demanda en algunas comunidades de hasta el 95% de los viajes.
Si bien es cierto que, los sistemas del transporte público comprometidos con la prestación del servicio han seguido ofreciendo el servicio con una sobreoferta de unidades 3 veces mayor a la demanda de viajes, también es claro que han tenido que ocuparse de las consecuencias de esta medida dispuesta por las autoridades sin acciones o directrices de contingencia que permitieran mitigar su impacto, aunado al aumento en los costos fijos con sobrecostos por cuenta de las medidas de sanitización de las unidades que se adoptaron en el inmediato en todos los sistemas del país, lo que ha generado una situación de déficit.
Es importante destacar que los ingresos de los sistemas de transporte provienen casi exclusivamente de la tarifa que se cobra al usuario, la cual aún en tiempos de normalidad no alcanza a cubrir la tarifa técnica; por lo tanto, es generalizado el déficit financiero que afrontan los diferentes sistemas y hoy se ve agudizado de manera crítica, mencionaron expertos de SIMUS.
Dicha pérdida evidencia que en caso de no tomar ninguna medida de salvamento inmediato por la efectiva prestación de este servicio público, se pondría en riesgo la prestación de un derecho inherente a la condición humana como es la Movilidad Urbana Sustentable.
