En el marco de los retos de movilidad y conectividad en México, la actual administración enfrenta el desafío de desarrollar proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de transporte y ordenamiento territorial del país. Desde la construcción de 3,000 kilómetros de vías férreas hasta la transformación del transporte público concesionado, la coordinación entre dependencias y la implementación de estrategias de financiamiento juegan un papel clave. En entrevista, Paola Gómez Martinez, titular de la Dirección de Movilidad de la SEDATU, nos habla de las líneas de trabajo que estarán priorizando en los próximos meses desde su dirección.
¿Cómo llegas al ámbito de la movilidad y qué te motiva a especializarte en este sector?
Empecé en el tema de la movilidad hace alrededor de 15 años, más o menos, por casualidad y por necesidad. Yo solía moverme en coche particular, iba y venía por la Ciudad de México en mi auto y sufría el tráfico por mucho tiempo. También sufrí durante años el transporte público. Después tuve la oportunidad de mudarme un poco más cerca, y mis trayectos, que antes eran de hora y media, se redujeron a media hora. Sin embargo, seguía usando el coche, hasta que un día me di cuenta de que hacía el mismo tiempo caminando. En ese momento pensé: “Algo pasa aquí”.
Para entonces ya usaba un poco la bicicleta, y decidí comenzar a utilizarla como mi medio de transporte. Me tomó alrededor de un año tomar esa decisión y, una vez que conocí los grupos ciclistas y el activismo, mi vida dio un giro de 180 grados.
Me empecé a involucrar mucho con estos temas, comencé a rodar con grupos ciclistas nocturnos y participé con Mujeres en Bici, una asociación civil donde enseñamos a mujeres a andar en bicicleta. Además, organizamos rodadas, entre ellas una muy famosa: Rodada de Altura, que se realiza en marzo y se replica en varias ciudades. A partir de ahí, mi involucramiento creció hasta que decidí renunciar a mi trabajo de 15 años, dejando atrás mi estabilidad laboral y económica, para dedicarme de lleno a este tema.
No fue fácil, por supuesto, pero empecé a generar más vínculos. Inicié en la Alcaldía Miguel Hidalgo, coordinando la primera biciescuela delegacional. Algo tan positivo, que me benefició tanto en mi vida en términos de traslados, estado anímico y condición física, no podía quedármelo solo para mí. Cuando algo te ayuda tanto, tienes que compartirlo.
Por eso, el tema de las biciescuelas me gusta tanto, porque al final es brindarles otra oportunidad a las personas, abrirles el abanico de posibilidades para trasladarse. Como mencioné, empecé en la Alcaldía Miguel Hidalgo con la biciescuela, donde estuve aproximadamente tres años. Después tuve la oportunidad de participar en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, trabajando en el Programa Integral de Movilidad y Seguridad Vial. Más adelante, realicé otras consultorías y, hasta hace unos meses, estuve en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en la Coordinación de Movilidad, donde abordamos temas de movilidad activa e infraestructura segura. Así que ya llevo varios años desempeñándome como servidora pública.
En estos años, has estado tanto como ciudadana que sufre el transporte público, como ciclista que enfrenta retos y peligros en las ciudades de México, y ahora como servidora pública. ¿Cuál ha sido ese reto en materia de movilidad que más has aprendido?
Creo que uno de los mayores aprendizajes ha sido tener la oportunidad de estar en los tres órdenes de gobierno y, además, en el activismo. Eso me ha permitido entender que cada entidad tiene necesidades distintas: algunas cuentan con buenos presupuestos, mientras que otras tienen recursos muy limitados. Sin embargo, en todos los casos, se debe buscar una solución efectiva para la movilidad.
Después vienen muchos otros aprendizajes que, como ciudadano, no siempre ves. Muchas veces nos preguntamos: ¿Cómo es posible que no hayan hecho esto? o ¿Por qué no solucionan aquello?, pero cuando llegas al gobierno, te das cuenta de que la planeación, los presupuestos, la coordinación interinstitucional, la burocracia y los tiempos administrativos representan retos enormes. Ser funcionario público requiere vocación y mucha tolerancia a la frustración.
Algo que me ha ayudado mucho es la sensibilidad que adquirí al haber trabajado la agenda desde afuera. Creo que, si no fuera por las personas que vienen del activismo y pasan al servicio público, muchas cosas no avanzarían. Por fortuna, cada vez hay más colegas que han hecho este mismo tránsito, lo que le da un gran valor a nuestra labor desde esta trinchera.
En un sector históricamente dominado por hombres, que en los últimos años ha comenzado a tomar un rostro más femenino, ¿ha sido difícil ocupar puestos directivos?
Sí, y de hecho, sigue siéndolo. Incluso dentro de los grupos ciclistas y del activismo ciclista hay más hombres que mujeres. Muchas veces, las mujeres no tenemos tanta permanencia debido a responsabilidades que nos han sido impuestas por cuestiones de género. En las calles, también es evidente: hay más hombres en bicicleta que mujeres.
En cuanto a la administración pública, creo que, afortunadamente, las mujeres nos hemos apropiado de la agenda de movilidad, y cada vez hay más participación femenina. Para mí, es un privilegio y una gran experiencia poder colaborar en esta primera administración con una mujer presidenta. Esto nos abre muchas puertas. Puede sonar a cliché o a un discurso repetido en los últimos meses, pero en realidad, cuando una llega, llegamos todas, y eso es muy valioso.
Aún falta camino por recorrer. La visión de las mujeres es fundamental en este sector, y debemos tomarnos en serio nuestro papel, sabernos necesarias. No ha sido fácil, pero tampoco recuerdo una experiencia en la que me haya sentido excluida o ignorada.
Tomando en cuenta la agenda de la SEDATU, donde trabajas actualmente, ¿cuáles son los proyectos clave en materia de transporte y movilidad que se impulsarán en los próximos seis años?
Lo primero que quiero resaltar es que, de manera excepcional en comparación con otros cambios de sexenio, estamos dando continuidad a procesos en marcha. Esto es muy positivo, especialmente en la agenda de movilidad.
En el sexenio pasado se lograron avances significativos en un corto periodo: el reconocimiento del derecho a la movilidad, la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que sigue siendo una ley joven, en proceso de armonización con las legislaciones estatales, y el desarrollo de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que tiene líneas de acción de corto, mediano y largo plazo, proyectadas hasta el 2042.
Además, se han publicado normas clave, como la NOM-034, referente a señalización, desarrollada en conjunto con la SICT y que ya cuenta con su manual, y la NOM-004, que regula la infraestructura vial con un enfoque sistémico y bajo la jerarquía del uso de la vía. Este enfoque es nuestro faro y no debemos perderlo de vista.
Nuestro reto es que todo lo construido hasta ahora siga avanzando. Una estrategia, por sí sola, no funciona si no se le da seguimiento. Debemos trabajar de la mano con las entidades federativas. También contamos con el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que en su sexta sesión ordinaria pasará de la SICT a SEDATU. Desde ahí reforzaremos nuestro compromiso con su consolidación y con mantener informadas e integradas a las 32 entidades del país.
Hasta ahora, alrededor de 21 o 22 estados han armonizado sus leyes, es decir, dos terceras partes han avanzado. Nuestro compromiso es dar seguimiento para que todas lo logren.
En cuanto a la gestión del transporte, este sexenio representa una gran oportunidad para fortalecer el transporte público. Antes, las autoridades no lo veían como una prioridad; hoy, la situación ha cambiado. La existencia del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, con sesiones periódicas, ha permitido involucrar a más autoridades.
Es un trabajo conjunto: nosotros lo impulsamos desde el Ejecutivo, pero el Legislativo también tiene la tarea de seguir promoviendo la armonización de las leyes de movilidad en los estados.
¿En materia de transporte y conectividad del país, qué viene?
La movilidad está vinculada a la planeación, al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano. Creo que ese es el segundo punto más importante que tenemos en esta administración como tarea. Vienen proyectos prioritarios muy grandes y ambiciosos, como los 3,000 kilómetros de vías férreas en muchas regiones del país, el millón de viviendas —que, de hecho, recae en gran medida en esta secretaría— y los proyectos que impulsa la Secretaría de Economía con los polos del bienestar y el desarrollo industrial que se busca. En todos ellos hablamos de movilidad, de mejorar la logística y de optimizar los traslados de las personas y los bienes.
Hoy, más que nunca, necesitamos coordinación entre todas las secretarías federales, y eso es parte de lo que estamos buscando: que el componente de movilidad sea transversal, que la vivienda esté bien conectada con servicios de transporte público bien planeados y, por supuesto, que el ordenamiento territorial se lleve a cabo con un enfoque estratégico. Creo que esa es una labor muy importante que estamos asumiendo en esta administración.
Al ser la movilidad un derecho, esta tiene que ser segura, accesible y asequible. ¿Cómo pueden trabajar en conjunto todos los involucrados para alcanzarlo y cuál sería la medida más urgente en este sentido?
Primero, es fundamental tener objetivos muy claros sobre cómo se debe diseñar la movilidad. La coordinación es clave. A veces pareciera que las metas y el cumplimiento de objetivos nos llevan a hacer muchas cosas simultáneamente, pero lo más importante es que estemos alineados, sobre todo en esta etapa inicial de planeación. Esto se logra con mucho diálogo, mesas de trabajo, generación de datos… Lo que no se mide no se puede evaluar, y sin datos no podemos avanzar.
Por eso, para la toma de decisiones en este sentido, en la secretaría contamos con el SITU, el Sistema de Información Territorial y Urbana. Este sistema tiene un módulo especial de movilidad que todavía es muy joven y apenas se está alimentando. Si bien ya está en operación, aún nos falta información, nos faltan datos, y eso debemos nutrirlo de la mano de las entidades. Es un proceso de retroalimentación: en el momento en que tenemos datos confiables, estos benefician a todos—federación, estados y municipios—, pues respaldan nuestra toma de decisiones.
Poco se habla del transporte público convencional y concesionado, que al final de cuentas sigue moviendo a la mayoría de las personas en las ciudades de México. ¿Cómo atender esta área, que es particularmente compleja porque se trata de un negocio particular, pero que al mismo tiempo debe ofrecer un servicio y operar con unidades muy viejas?
En la secretaría estamos conscientes de este tema y se ha abordado de manera específica. De hecho, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial tiene un eje dedicado al transporte público: el Eje 2. A partir de ahí, se desarrolló la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano. Actualmente, estamos trabajando en un proyecto con el apoyo de la GIZ para establecer directrices que impulsen la transformación del transporte público.
Nos estamos enfocando en las primeras etapas del proceso, como la conversión de “hombre-camión” a empresa. Se está realizando un diagnóstico integral que incluye el marco normativo y los modelos de financiamiento para empresas transportistas. Es evidente que se necesita inversión, financiamiento y recursos. Para ello, existen esquemas de apoyo a través de Banobras y Nafin, que pueden respaldar a las empresas que decidan integrarse a este nuevo modelo.
No obstante, antes de dar ese paso, es fundamental llevar a cabo un proceso de acompañamiento con los concesionarios. Es clave que ellos perciban los beneficios de estructurarse como empresas, lo que les permitirá tener un mayor control en sus procesos y mejorar la eficiencia de su operación. Si bien hay muchos proyectos de transporte masivo, aún falta mayor impulso para el transporte colectivo, y en eso estamos trabajando.
