Durante el 32º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM), realizado en Bahía de Banderas, Nayarit, Jesús Padilla Zenteno, presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), advirtió que el transporte urbano en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo debido a la inseguridad, la falta de certeza jurídica y financiera, así como a la ausencia de condiciones estructurales para su desarrollo.
En su intervención, criticó la tendencia institucional de diseñar políticas públicas sin una participación activa de los actores del transporte, lo que ha derivado en una acumulación de diagnósticos sin acciones eficaces. “Parece que estuviéramos anestesiados”, advirtió, al referirse al lento avance del sector a pesar de contar con normativas, procesos y estructuras organizacionales.Padilla Zenteno señaló que las empresas operadoras siguen enfrentando obstáculos como la falta de incentivos fiscales, esquemas de financiamiento adecuados y la necesidad de avanzar en procesos de formalización y profesionalización del sector.
El evento congregó a responsables de movilidad de todo el país, así como al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, y a representantes del sector privado y académico. Uno de los llamados más importantes lo hizo Ricardo Serrano Rangel, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), quien insistió en la necesidad de alinear esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y el sector privado para consolidar una política nacional de movilidad con respaldo financiero.
Serrano enfatizó que el desarrollo del transporte urbano no puede depender únicamente de acciones locales, sino que requiere instrumentos nacionales que fortalezcan lo hecho en cada entidad. Propuso la creación de marcos de financiamiento, esquemas tarifarios sostenibles y subsidios que brinden certidumbre a las inversiones y operaciones del sector.
Por su parte, la diputada Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, reveló que ha sostenido reuniones con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para establecer una ruta que permita canalizar recursos para la movilidad en el presupuesto federal de 2026. Aclaró que no se trata necesariamente de ampliar el presupuesto, sino de ordenar las partidas existentes para garantizar que el derecho a la movilidad esté reflejado en la estructura presupuestaria nacional.
La legisladora subrayó la urgencia de avanzar hacia una asignación clara de recursos destinados al transporte público, en un contexto donde las inversiones prioritarias han estado enfocadas en los ferrocarriles. Su objetivo es que la movilidad urbana tenga visibilidad y soporte financiero en el próximo ejercicio fiscal.
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Finalmente, Adriana Lobo, directora de Presencia Global y Acción Local del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), advirtió sobre la necesidad de acelerar la creación de instrumentos económicos que permitan descarbonizar el transporte. Reiteró la importancia de una política nacional sólida que proporcione apoyo técnico y financiero a los estados y municipios para garantizar una transición efectiva hacia sistemas de transporte sostenibles y resilientes.
