
Mediante un comunicado dirigido al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, organizaciones sociales y especialistas en materia de movilidad le pidieron promover que el Congreso Federal apruebe la Ley General de Seguridad Vial, pues en nuestro país mueren 44 personas al día por falta de seguridad en las vialidades.
En el documento se lee que: El impacto de la precaria situación de la seguridad vial ha recaído sobre la población más joven y en los usuarios de la vía más vulnerables: los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en niños y jóvenes entre 5 y 34 años. Además, el 48% de las muertes son de peatones atropellados.
Señalan que, la situación tiene que cambiar con acciones inmediatas. Las ciudades deben incorporar sistemas seguros que garanticen que un error humano no termine en una tragedia, como la pérdida de la vida o una lesión permanente.
Es por esto que, como ciudadanía, organizaciones sociales y especialistas pedimos su liderazgo para lograr que se realicen las siguientes las acciones urgentes:
-Que el Congreso Federal apruebe una Ley General de Seguridad Vial. Desde hace más de 4 años, la sociedad civil y especialistas en la materia han trabajado una iniciativa de ley que tiene como objetivo “la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros.” El proyecto fue presentado en la legislatura pasada, pero no fue dictaminado. Pedimos que se haga uso de las facultades que nuestra Constitución otorga al Presidente de la República, a Diputados y Senadores y/o legislaturas estatales para presentar esta iniciativa, y así se reanude el trabajo para garantizar su actualización y aprobación.
-Incluir criterios de seguridad vial en las reglas de operación de fondos y programas federales destinados al diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura vial urbana, suburbana y carretera, en el marco de la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF 2019).
-Instalar una Mesa de Trabajo multisectorial para facilitar la implementación de la estrategia de seguridad vial, la cual debe llevar a cabo acciones sustentadas en los cinco pilares del Plan Mundial por la Seguridad Vial de la ONU: gestión de la seguridad vial, infraestructura vial, uso de vehículos más seguros, usuarios de la vía y atención médica hospitalaria. En el marco del Decenio de Acción por la Seguridad Vial, cuyo objetivo es reducir el 50% de las muertes y lesiones por accidentes, los secretarios de Salud y de Comunicaciones y Transportes de México firmaron en el 2011 la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. La acciones tomadas hasta el momento en esta materia, han sido insuficientes, ya que el número de muertes y lesiones no ha disminuido.
-Poner en funcionamiento los instrumentos prioritarios para lograr el objetivo de la Ley: creación del Fondo Nacional de Seguridad Vial, seguro de responsabilidad civil por daños a terceros a nivel nacional, implementación de un Registro Único Nacional de Licencias de Conducir, fortalecer la información contenida en el Registro Público Vehicular, establecimiento de Protocolos de respuesta tras accidentes.
-De la misma manera, los objetivos nacionales deben de estar alineados con los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en especial de los objetivos 3 y 11, e impactar en sus metas para reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito en el mundo para el año 2020; así como proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad para el año 2030.
Resulta inadmisible que nuestro país carezca de legislación y trabajo institucional en materia de seguridad vial para garantizar la integridad de todas las personas que usamos las calles y carreteras de México. La vida es invaluable y es corresponsabilidad de toda la sociedad transitar hacia una convivencia vial pacífica y segura. Queremos pacificar al país empezando por sus calles.
Le demandamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo no ignorar más esta urgente problemática y actuar inmediatamente en el marco de sus atribuciones legales para prevenir accidentes viales en México y salvar la vida de al menos 16 mil personas cada año.




































