La transformación del transporte público en Durango continúa enfrentando uno de los obstáculos más frecuentes en las ciudades mexicanas: cómo renovar una flota envejecida sin comprometer la operación diaria del servicio ni trasladar completamente los costos a los usuarios.
Aunque la discusión sobre movilidad suele centrarse en proyectos de electromovilidad, tecnologías limpias y sistemas de transporte más eficientes, la realidad operativa en gran parte del país muestra un escenario distinto. En Durango, particularmente en la Región Lagunera, todavía circulan unidades con varias décadas de servicio que evidencian el rezago acumulado en materia de renovación vehicular.
Autoridades estatales reconocieron que la modernización del transporte público sigue siendo una tarea pendiente y que su ejecución requiere resolver una ecuación compleja donde convergen factores económicos, sociales y operativos.
Uno de los principales desafíos identificados por el Gobierno del Estado es la dificultad para generar condiciones financieras que permitan a los concesionarios sustituir unidades antiguas por vehículos más modernos.
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El secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, explicó que durante años los ajustes tarifarios han resultado insuficientes para detonar procesos sostenidos de modernización, situación que ha limitado la capacidad de inversión de los operadores.
“Ha habido problemas ahí. Los aumentos que se han generado en el transporte no han sido suficientes para que podamos establecer un compromiso de modernización de las unidades y aquí es un tema de equilibrio”, señaló.
La situación refleja una problemática común en numerosos sistemas de transporte urbano del país. Por un lado, los usuarios demandan mejores condiciones de servicio, vehículos más cómodos y seguros, así como frecuencias más eficientes. Por otro, los concesionarios enfrentan incrementos constantes en combustible, refacciones, mantenimiento y mano de obra, sin que los ingresos permitan absorber inversiones millonarias en nuevas unidades.
Vela Valenzuela reconoció que cualquier ajuste tarifario genera resistencia social, pero advirtió que la falta de recursos también limita la capacidad de renovación de los transportistas.
“La gente se molesta evidentemente si no cobramos lo suficiente, pero los concesionarios tampoco tienen posibilidades de modernizar”, afirmó.
Un parque vehicular que refleja años de rezago
Más allá de las cifras, el estado enfrenta una realidad visible para miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte colectivo.
De acuerdo con estimaciones oficiales, en la Región Lagunera operan alrededor de 350 unidades urbanas y suburbanas. Una parte importante de esta flota presenta características que corresponden a generaciones vehiculares muy antiguas, situación que impacta tanto la imagen del sistema como la experiencia de viaje.
Las autoridades reconocieron que algunas unidades conservan configuraciones y diseños propios de décadas anteriores.
“A lo mejor los tenemos con características enteras ochenteras. A veces hay unidades que no parecen el modelo que buscamos, aunque mecánicamente puedan circular”, admitieron.
La permanencia de estos vehículos responde no solamente a la falta de inversión, sino también a la necesidad de garantizar cobertura en rutas donde retirar unidades sin contar con reemplazos inmediatos podría generar afectaciones para la población.
Modernizar sin dejar comunidades sin servicio
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es evitar que la renovación de la flota provoque una reducción en la oferta de transporte.
El subsecretario de Movilidad y Transportes, Valentín Aragón, señaló que sacar de circulación unidades antiguas sin contar con alternativas viables podría desencadenar problemas de conectividad para miles de usuarios.
“Hay unidades viejísimas que siguen circulando y si las sacamos de circulación luego ocasionamos un problema social porque no pasa el autobús. El usuario entra en un círculo vicioso”, explicó.
Esta condición ha obligado al gobierno estatal a buscar esquemas graduales de sustitución que permitan mantener la operación mientras se construyen mecanismos de financiamiento para los transportistas.
La estrategia contempla avanzar paso a paso, evitando medidas abruptas que pudieran afectar la movilidad cotidiana en corredores urbanos y suburbanos.
El gas natural aparece como alternativa inmediata
Aunque la electrificación del transporte se mantiene como una meta de largo plazo, las autoridades consideran que el gas natural puede convertirse en una solución intermedia para acelerar la modernización de la flota.
En ese contexto, Valentín Aragón informó que en La Laguna se desarrolla un proyecto para incorporar autobuses impulsados por gas natural, iniciativa que involucra a empresas locales interesadas en participar tanto en el suministro energético como en la construcción de infraestructura especializada.
“Ya hay un proyecto muy serio para transitar hacia camiones a gas natural. Hay empresas laguneras que están diseñando un proyecto y ya hemos platicado con los concesionarios, ya se les mostraron las bondades porque sí hay un ahorro importante tanto en el consumo como en la operación”, explicó.
La propuesta busca aprovechar los menores costos operativos que ofrece este combustible frente a otras tecnologías convencionales, permitiendo a los concesionarios reducir gastos a mediano plazo.
El financiamiento, la pieza clave del proyecto
Sin embargo, el principal desafío continúa siendo el acceso a recursos para adquirir nuevas unidades.
Las autoridades detallaron que un autobús convencional puede tener un costo cercano a los tres millones de pesos, mientras que una unidad impulsada por gas natural puede alcanzar aproximadamente cuatro millones.
La diferencia representa una barrera importante para empresarios que operan bajo esquemas de concesión y cuyos márgenes financieros son limitados.
“Póngale que cualquier vehículo les pide el 20 por ciento de enganche y ya hablamos de cantidades muy fuertes para los concesionarios”, señalaron.
Ante este escenario, el gobierno estatal trabaja en la construcción de mecanismos que faciliten la renovación, incluyendo esquemas de financiamiento, apoyos vinculados a la comercialización de unidades antiguas y la participación de empresas proveedoras de gas natural en el desarrollo de infraestructura.
Un desafío compartido por muchas ciudades mexicanas
El caso de Durango refleja una realidad que se repite en buena parte de los sistemas de transporte concesionado del país. La necesidad de migrar hacia tecnologías más limpias y eficientes convive con estructuras financieras que dificultan la renovación de flotas y limitan la velocidad de los cambios.
Mientras las ciudades avanzan hacia modelos de movilidad sustentable, la transición requiere resolver problemas estructurales relacionados con financiamiento, regulación y operación.
Por ahora, las autoridades duranguenses aseguran que continúan trabajando en la construcción de un modelo que permita hacer viable la modernización sin afectar la prestación del servicio.
“Hoy en el estado quienes prestan el servicio son los concesionarios y la inversión tiene que ser de ellos, pero nosotros estamos buscando generar las condiciones para que esto pueda avanzar”, concluyeron.
La apuesta por el gas natural y los proyectos de electromovilidad representan los primeros pasos de una transformación que, más allá de la tecnología, dependerá de la capacidad de construir acuerdos financieros y operativos que permitan sustituir décadas de rezago sin poner en riesgo la movilidad diaria de miles de personas.
