La Comisión de Derechos Humanos (CDH) impugnó seis artículos de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, que entró en vigor el pasado 5 de diciembre de 2023, con lo que los esfuerzos en favor de reducir los siniestros viales en esa entidad, se revertirían.
La acción, promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), busca la invalidez de varios artículos sobre temas que incluyen:
1. Obligación de Seguro: Impugnación del artículo 26 fracción XXX, que requiere que los conductores circulen con seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
2. Registro de Seguros: Impugnación del artículo 73 fracción VI, que aborda los datos sobre seguros registrados por el vehículo en las bases de datos de las Secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública.
3. Seguro Obligatorio para Vehículos Motorizados: Impugnación del artículo 153, que establece que todo vehículo motorizado en el estado debe contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
4. Multas por Falta de Seguro: Impugnación del artículo 164, que sanciona a las personas conductoras de vehículos motorizados sin seguro de responsabilidad vigente.
5. Suspensión de Licencia por Conducción en Estado de Ebriedad: Impugnación del artículo 127, que propone suspender por un año la licencia de conducir a quienes manejen en estado de ebriedad.
6. Prohibición de Expedición de Nueva Licencia: Impugnación del artículo 168, que indica que, al cancelarse la licencia para conducir, no se pueda expedir una nueva en un periodo de hasta diez años.
Ante esto, Blanca Rodriguez, Coordinadora de Proyectos de México Previene A.C, hizo un llamado a las autoridades para no dar pasos hacia atrás en materia de seguridad vial, y enfatizó la obligatoriedad del seguro, así como la importancia de mantener restricciones contra conducir bajo los efectos del alcohol para garantizar la seguridad y proteger a las víctimas de siniestros viales.
“No se pueden poner los intereses de algunos sobre los derechos de todas y todos. Queremos una legislación justa y apropiada, con sanciones equitativas para los estados y sus habitantes. El derecho a moverse en automotor es un privilegio exclusivo, mientras que la movilidad en condiciones de seguridad, equidad, sostenibilidad y dignidad es un derecho fundamental para todos”, expresó Rodríguez.
Cabe resaltar que Puebla es uno de los diez estados con más siniestros viales, durante el 2022, se reportaron 12 mil 421 accidentes, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otro lado, las estadísticas del proyecto “Ni una Muerte Vial Más”, el cual surgió tras la fallecimiento del activista y exdirector de Movilidad del ayuntamiento capitalino, Emmanuel Vara Zenteno, coloca al estado como el séptimo con más muertes por esta causa.
Dicho estudio muestra que durante el año 2023, fallecieron 128 personas en la entidad, de las cuales 65 eran peatones, 44 motociclistas y 19 ciclistas.
“Aproximadamente 30 por ciento de los conductores son causantes de la mayoría de los siniestros viales graves o mortales, los cuales son cerca del 75 por ciento de los casos. Muchas veces estos dejan a las familias empobrecidas por la pérdida de un miembro. El pago de un seguro de responsabilidad civil (que cuesta lo mismo que un tanque de gasolina), protege la vida del conductor y de las víctimas”, señaló la coordinadora de México Previene.
Finalmente, de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, al cierre de 2023 se presentaron en todo el país 53 mil 026 denuncias que implicaron hechos viales, tanto lesiones como muertes, los cuales representan un incremento de 6.7% sobre las 49 mil 686 reportadas en todo 2022.
“Si realmente se quiere hablar de derechos humanos se debe de incidir en los factores de riesgo como son los controles de seguridad, fomento de infraestructura segura, alcoholimetría, porque en estos aspectos no se está haciendo nada”, sentenció Blanca Rodríguez.
