Escrito por:
Eduardo Monsreal Toraya / Consultor en el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida.
Everardo Flores Gómez/ Presidente de Cicloturixes A.C.
Graciela Carrillo/ Directora del Colectivo Haciendo Ciudad.
Desde la tercera semana de octubre, la ciudad de Mérida ha sido testigo de una nueva controversia por posibles intervenciones viales en el emblemático Paseo de Montejo, que podrían contravenir el derecho a la movilidad y la seguridad vial de peatones y ciclistas.
Lo que comenzó como una reunión del Gobernador con representantes del sector hotelero —en la que se plantearon propuestas para “optimizar” la movilidad urbana en el Paseo de Montejo1—, escaló en apenas 48 horas a un anuncio público sobre el inminente retiro de isletas peatonales para “agilizar el tráfico vehicular”. La intervención fue comunicada por el titular de la Secretaría de Fomento Turístico, a pesar de que las decisiones sobre movilidad corresponden al Instituto de Movilidad, Desarrollo Urbano y Territorial de Yucatán (IMDUT). Esta situación evidenció un claro conflicto entre intereses particulares y derechos colectivos, además de un incumplimiento directo de las obligaciones establecidas en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), que exige realizar una auditoría de seguridad vial previa antes de ejecutar cualquier obra que pueda afectar a los usuarios más vulnerables.
Resulta preciso aclarar que los espacios llamados coloquialmente “arriates” o “jardineras” son en realidad islas de resguardo peatonal, reconocidas explícitamente en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023 de estructura y diseño para vías urbanas, como infraestructura de seguridad vial obligatoria. Estas islas reducen la exposición de las personas peatonas al flujo vehicular motorizado al permitir un cruce escalonado, lo cual resulta fundamental para personas mayores, infancias y personas con discapacidad o movilidad reducida. Este tipo de infraestructura está ampliamente documentada como una medida efectiva para disminuir riesgos y mejorar la seguridad vial en entornos urbanos.
En ese sentido, la decisión de retirar las isletas de Paseo de Montejo para “agilizar” el tráfico vehicular no solo contraviene la Jerarquía de la Movilidad, que establece al peatón como máxima prioridad, sino que implica un retroceso en la protección de derechos y en las obligaciones establecidas por la LGMSV. Además, evidencia un uso desequilibrado del presupuesto público, al concentrar recursos en una avenida ya privilegiada mientras amplias zonas de la ciudad carecen de banquetas transitables, rampas accesibles, cruces peatonales seguros y una red ciclista continua y en condiciones adecuadas. Esta desigualdad en la inversión profundiza las brechas de desigualdad territorial y limita la movilidad de quienes dependen de caminar, usar bicicleta o transporte público.
En virtud de ese anuncio repentino, varias organizaciones de la sociedad alzamos la voz en redes sociales y medios masivos de comunicación llevando a cabo una manifestación por la movilidad sostenible en Paseo de Montejo, expresando nuestro desacuerdo con las medidas anunciadas. Al mismo tiempo, se buscó un acercamiento institucional y se entregó un oficio al Gobernador del Estado —por parte de Cicloturixes AC— para solicitar la suspensión de cualquier intervención hasta contar con la auditoría de seguridad vial correspondiente, así como la instalación de una mesa técnica interinstitucional con participación ciudadana y especialistas, y la publicación del proyecto en cuestión junto con su fundamento técnico y legal, con el fin de garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente.
La evidencia demuestra una demanda real y estratégica de movilidad ciclista en Mérida, y la infraestructura peatonal y ciclista debe mantenerse y fortalecerse no por popularidad, sino por obligación legal y por garantizar la seguridad y dignidad de los usuarios más vulnerables.
En respuesta, autoridades de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB) y del IMDUT sostuvieron reuniones con representantes ciudadanos y precisaron que las obras anunciadas todavía se encontraban en fase de análisis y que, hasta ese momento, no existía una propuesta concreta. 2
Pese al aparente cambio de tónica por parte de algunas instancias del Gobierno del Estado, el anuncio inicial reactivó un debate conocido en torno al Plan de Infraestructura Ciclista de 2021. Algunos actores políticos y empresariales, así como voces en redes sociales, difundieron afirmaciones falsas o engañosas sobre la utilidad de las ciclovías, particularmente la idea —repetida pero infundada— de que “nadie las usa”.
Sin embargo, existe información sólida que demuestra lo contrario. Desde la sociedad civil se han realizado estudios y reportes sobre movilidad ciclista en Mérida desde al menos 2014. Uno de los más recientes, el Conteo Ciclista Mérida 20233 —coordinado por las organizaciones Estrategia Misión Cero, Reflexión y Acción Feminista y el Observatorio de Movilidad Sostenible— registró 535 personas usuarias de bicicleta en Paseo de Montejo en un intervalo de 12 horas, posicionándolo como uno de los corredores con mayor flujo ciclista de la ciudad. Además, el estudio muestra que el 45% de las mujeres ciclistas de Mérida utilizan este corredor, lo que confirma su relevancia como espacio estratégico para la movilidad segura e inclusiva.
No obstante la demanda existente, es importante recordar que el derecho a la movilidad no depende del número de personas que lo ejercen, sino del deber de las autoridades de garantizar la seguridad de todas las personas en el espacio público. El diseño de las vías urbanas debe asegurar igualdad sustantiva, lo que implica diseñar calles que protejan a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad al desplazarse. Por ello, la infraestructura peatonal y ciclista no se justifica por popularidad o volumen de uso, sino por mandato constitucional y responsabilidad de garantizar un derecho humano reconocido en la LGMSV.
Debe quedar claro: si en una vialidad pública existen condiciones para que circule un vehículo motorizado con seguridad y continuidad, entonces deben existir también las condiciones necesarias para que una persona que camina o pedalea pueda hacerlo con el mismo estándar de seguridad y dignidad. Cuando eso no ocurre, la calle deja de cumplir su función pública.
La sociedad civil ha logrado detener temporalmente la propuesta de retirar infraestructura peatonal y ciclista en Paseo de Montejo, una medida que contravendría la legislación vigente en materia de movilidad y seguridad vial, y que beneficiaría únicamente a intereses particulares.
En Yucatán, como en el resto del país, la infraestructura para peatones y ciclistas avanza lentamente a pesar de los marcos normativos que obligan a garantizar su desarrollo. Por ello, es esencial que las personas activistas defendamos la permanencia y mejora de islas peatonales, cruces seguros, ciclovías y demás elementos que hacen efectivo el derecho a la movilidad y la seguridad vial, especialmente para quienes enfrentan mayores riesgos al desplazarse.
Retirar infraestructura que protege vidas es retroceder en derechos. Y los derechos no se negocian. Se garantizan.
1 Gobierno del Estado de Yucatán. (2025, 21 de octubre). Gobierno y hoteleros coordinan acciones para optimizar vialidad en Paseo de Montejo. Gobierno del Estado de Yucatán. https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=9805
2 Gobierno del Estado de Yucatán. (2025, 31 de octubre). Movilidad segura y sustentable, prioridad en Paseo de Montejo. Gobierno del Estado de Yucatán. https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=9880
3 Moo F., Monsreal, E., Becerra A., Ortega A. & Andrade S. (2023). Conteo ciclista Mérida 2023. Estrategia Misión Cero, 1-46
