La electromovilidad se promueve como la solución al cambio climático, pero en México avanza sin un marco regulatorio claro y cargada de contradicciones. Mientras promete sostenibilidad, perpetúa desigualdades, extractivismo y deja preguntas esenciales sin respuesta: ¿para quién es esta transición y a qué costo? Este artículo explora las tensiones desde las perspectivas de Adam Smith, Karl Marx, Naomi Klein, Papa Francisco, Silvia Federici y otros pensadores, para desentrañar las narrativas y realidades detrás del discurso verde”.
La electromovilidad domina las conversaciones de gobiernos, expertos y empresas como una solución climática clave. Sin embargo, en México, el entusiasmo carece de un marco regulatorio definido que garantice una transición justa y sostenible, especialmente en el transporte público de pasajeros, donde surgen dudas sobre su viabilidad económica y social. Mientras que el sector de vehículos ligeros parece avanzar en implementación, la realidad para los sistemas de transporte público enfrenta obstáculos de financiamiento, falta de infraestructura y un discurso que prioriza el beneficio comercial sobre el debate crítico.
La electromovilidad, bajo la lógica del mercado, puede convertirse en un nuevo terreno de explotación.
Visto desde una perspectiva asociada a Adam Smith, la electromovilidad podría representar una oportunidad si se deja en manos del mercado. Según esta línea de pensamiento, el Estado debe limitarse a garantizar reglas claras y no intervenir excesivamente. Bajo esta lógica, los productores innovarían para reducir costos, los consumidores adoptarían la tecnología, y los precios reflejarían un equilibrio óptimo entre oferta y demanda. Sin embargo, en México este “mercado” está lejos de ser ideal. Los tres actores principales—industria automotriz, consumidores y estructuras de precios—operan con intereses divergentes:
Desde una perspectiva crítica basada en las teorías de Karl Marx, este modelo ignora las contradicciones estructurales del capitalismo. La electromovilidad, bajo la lógica del mercado, puede convertirse en un nuevo terreno de explotación. Ejemplo de ello son las condiciones documentadas en 2017 por Amnistía Internacional, que denunció que minas de cobalto en la República Democrática del Congo empleaban a menores de solo siete años, perpetuando un sistema de desigualdad y abuso laboral.
Por otro lado, desde los planteamientos de Jason W. Moore, la electromovilidad encaja en el concepto de “capitaloceno”, un periodo donde la naturaleza se transforma en mercancía al servicio del capitalismo. La minería de litio, indispensable para las baterías eléctricas, perpetúa esta lógica extractivista. Según la Interamerican Association for Environmental Defense (2024), Argentina, Bolivia y Chile concentran el 54% de los recursos globales de litio, con un 46% de las reservas económicamente viables en Argentina y Chile. Estas actividades impactan gravemente ecosistemas y comunidades locales, evidenciando que la electromovilidad, lejos de resolver el cambio climático, traslada sus costos a las regiones más vulnerables del sur global.
En esta línea, el análisis de Naomi Klein destacaría que los vehículos eléctricos no son la panacea para el cambio climático. Más bien, representan una solución limitada y elitista que beneficia a consumidores de alto poder adquisitivo mientras refuerza dinámicas de explotación. Este modelo, argumentaría Klein, se inscribe dentro de un discurso de greenwashing que legitima el extractivismo en nombre de la sostenibilidad.
Desde una perspectiva feminista, los trabajos de Silvia Federici subrayan que la electromovilidad actual reproduce dinámicas de explotación hacia mujeres y comunidades rurales. En México, según el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), la minería de litio consume millones de litros de agua, contaminándola con químicos que la hacen inutilizable para la reproducción de la vida. Esta situación afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes suelen estar a cargo de labores de cuidado en los territorios impactados.
En contraste, una narrativa cercana a Elon Musk enfatizaría que la innovación tecnológica es esencial para resolver los problemas climáticos. Musk argumenta que la electrificación del transporte es un paso crucial hacia una economía basada en energías limpias, siempre y cuando se mantenga un modelo de negocio sostenible. En 2006, Musk señaló: “El propósito general de Tesla Motors es acelerar la transición hacia una economía solar eléctrica como solución sostenible principal, aunque no exclusiva”.
Desde una perspectiva ética y espiritual, Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si’ (2015), aborda la crisis climática no solo como un problema técnico, sino como una crisis ética. Según Francisco, el sistema actual prioriza la acumulación de riqueza sobre el cuidado de los más vulnerables y la conexión con la Creación. Aunque reconoce avances en transporte eficiente y sostenible, advierte que estas prácticas están lejos de generalizarse, y llama a una transición energética centrada en la justicia social.
Por su parte, los defensores de la Pachamama, como Alberto Acosta, denuncian que la electromovilidad perpetúa el colonialismo extractivista. La extracción de litio en el sur global sirve a los intereses del norte mientras destruye ecosistemas y desplaza comunidades indígenas. Murray Bookchin complementa esta postura al señalar que la solución no radica en producir más, sino en reorganizar nuestras comunidades hacia una relación más equilibrada con la naturaleza.
Finalmente, desde una óptica filosófica, Jean-François Lyotard invitaría a cuestionar la electromovilidad como una de las “grandes narrativas” modernas que prometen salvarnos mediante la tecnología. Según Lyotard, estas soluciones universales suelen ignorar diferencias culturales y contextuales, imponiendo modelos homogéneos que no se adaptan a las realidades locales. En contraposición, una visión pragmática asociada a Bill Gates destacaría que, aunque las narrativas importan, lo esencial es enfocarse en la electrificación del transporte y la inversión en energías renovables como pasos concretos dentro de las estructuras actuales.
México enfrenta el desafío de trascender el ruido del discurso verde y responder a las preguntas esenciales sobre la electromovilidad. ¿Para quién es esta transición? ¿A qué costo? Sin un análisis crítico y un compromiso por equilibrar desarrollo, sostenibilidad y justicia, la electromovilidad podría convertirse en un espejismo más en el camino hacia la sostenibilidad real.
Entre la promesa y el silencio de sus contradicciones
La electromovilidad en México se encuentra en un punto crítico, donde las promesas de sostenibilidad y modernidad chocan con realidades complejas y contradictorias. Si bien el discurso oficial y empresarial la posiciona como una solución clave al cambio climático, su implementación carece de un marco regulatorio robusto, dejando en evidencia desigualdades estructurales, costos ambientales y limitaciones económicas.
El sector público de transporte de pasajeros, en particular, enfrenta desafíos de financiamiento, infraestructura y accesibilidad, mientras que el mercado de vehículos eléctricos sigue priorizando a una élite económica. Las críticas desde perspectivas marxistas, feministas y ambientalistas señalan que la electromovilidad, bajo el sistema actual, perpetúa dinámicas de explotación, extractivismo y desigualdad, afectando de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables y al sur global.
Por otro lado, las voces que defienden la innovación tecnológica, como la narrativa asociada a Elon Musk, destacan su potencial para transformar la economía hacia energías limpias, pero dejan preguntas abiertas sobre su impacto inclusivo y social. Al mismo tiempo, posturas éticas y filosóficas como las de Papa Francisco y Jean-François Lyotard subrayan que esta transición no puede reducirse a lo técnico, sino que debe incluir justicia social y una sensibilidad hacia las diferencias culturales y contextuales.
