
La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, junto con organizaciones de la sociedad civil, autoridades federales y estatales, dio inicio a las Mesas de trabajo: Hacia una reforma colaborativa para la seguridad vial de motocicletas, un ejercicio que busca actualizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ante el crecimiento acelerado del uso de motocicletas en México y el aumento de siniestros mortales.
La presidenta de la comisión, diputada Patricia Mercado, subrayó que la legislación actual tiene vacíos que deben corregirse con una regulación “inteligente, práctica y útil” que priorice salvar vidas. “Regular no significa restringir; regular es proteger. Y proteger es evitar que una muerte que pudo prevenirse siga ocurriendo”, afirmó. Recordó que en los últimos diez años las muertes de motociclistas crecieron 163%, lo que exige una respuesta legislativa inmediata.
Por su parte Janeth de Luna Jiménez, directora general de Política Territorial y Movilidad de la SEDATU, advirtió que el auge de las motocicletas también refleja las deficiencias del transporte público. “Si hubiera una opción de calidad, accesible y prioritaria, muchas personas no optarán por la motocicleta. Necesitamos ver este tema desde una perspectiva sistémica y con datos sólidos”, enfatizó.
La cofundadora de Céntrico, Alejandra Leal, recordó que la Ley General de Movilidad, aprobada en 2022, fue producto de un esfuerzo colectivo de la Coalición Movilidad Segura, integrada por 116 organizaciones. Con el mismo espíritu, ahora buscan impulsar reformas específicas que atiendan la seguridad de quienes usan motocicletas.
“México se comprometió a reducir en 50% las muertes viales hacia 2030, y este tipo de ejercicios son fundamentales para alcanzar la meta”, apuntó.
En representación de los colectivos de motociclistas, Ada Silva, integrante de la mesa directiva de la Fundación Más Moto, expuso la postura del sector frente a las propuestas legislativas. Reiteró la negativa de los motociclistas a la imposición de cascos y chalecos rotulados, al considerar que son medidas inconstitucionales.
“Las motocicletas están correctamente reguladas; lo que falta es aplicar dichas regulaciones con eficiencia. Necesitamos más exámenes, no sólo de alcoholemia, también de estupefacientes; la velocidad se controla con educación, no con sanciones desproporcionadas”, afirmó.
Silva reconoció que la siniestralidad ha aumentado en la misma proporción que el parque vehicular, por lo que consideró indispensable fortalecer la educación vial y la aplicación efectiva de las normas existentes. “No queremos ni un hermano menos. Estamos aquí porque creemos que con reglas claras y respeto mutuo se puede salvar vidas”, sostuvo.
Las mesas continuarán en las próximas semanas con la participación de trabajadores repartidores, clubes, empresas y autoridades estatales, en busca de una reforma integral que coloque la seguridad vial de motociclistas como prioridad nacional.



































