La tarifa mínima del transporte público en Morelos aumentará de 10 a 13 pesos a partir del próximo 1 de julio, luego de que el Gobierno estatal formalizara el ajuste mediante su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. La medida representa un incremento de 30% respecto a la tarifa vigente y forma parte de un acuerdo con los concesionarios para impulsar un proceso de modernización que incluirá renovación vehicular, capacitación de operadores e incorporación de nuevas tecnologías.
La actualización tarifaria, publicada oficialmente este jueves, forma parte de un acuerdo entre autoridades estatales y concesionarios que busca generar recursos para impulsar un proceso de modernización largamente postergado. El ajuste ocurre en un contexto en el que gran parte del parque vehicular presenta rezagos en materia de renovación, tecnología y calidad del servicio.
Te recomendamos leer: El financiamiento para transformar el transporte público existe, pero acceder a él sigue siendo el gran reto
De acuerdo con los compromisos anunciados, el incremento estará acompañado por acciones orientadas a transformar gradualmente la operación del sistema. Entre ellas destacan la incorporación de unidades más modernas, la implementación de mecanismos de pago digital, una mayor supervisión de las rutas y programas de capacitación dirigidos a los operadores.
“El objetivo es que la modernización del transporte público vaya acompañada de beneficios tangibles para la población. Se busca ofrecer unidades más dignas, mejorar el orden en la prestación del servicio y fortalecer la atención a las personas usuarias”, señalaron autoridades estatales al presentar los alcances del acuerdo.
Para dar seguimiento a estos compromisos se prevé la creación de una Comisión de Modernización integrada por representantes gubernamentales y del sector transportista. Este organismo tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las metas planteadas y evaluar los avances en materia de renovación vehicular, profesionalización de operadores y mejora de las condiciones operativas.
No obstante, la decisión ha encontrado resistencia entre distintos sectores ciudadanos. Organizaciones sociales, colectivos vecinales y agrupaciones magisteriales han cuestionado que el incremento se aplique antes de que existan evidencias concretas de una mejora en la calidad del servicio. Entre sus principales demandas se encuentran la definición de indicadores verificables, mecanismos de transparencia y una participación más activa de los usuarios en la evaluación de los resultados.
Las preocupaciones también se centran en el impacto económico que tendrá el ajuste. Para una persona que utiliza el transporte público dos veces al día, el aumento representa un gasto adicional cercano a los 180 pesos mensuales. En hogares donde varios integrantes dependen del servicio para trasladarse al trabajo o a la escuela, la afectación puede ser considerablemente mayor.
El reto para las autoridades y concesionarios será demostrar que el incremento no se limita a una actualización tarifaria, sino que se traduce efectivamente en mejores condiciones de movilidad. La experiencia en diversas ciudades del país muestra que la aceptación social de este tipo de medidas depende, en buena medida, de que los usuarios perciban cambios reales en la seguridad, comodidad, frecuencia y calidad del servicio que reciben diariamente.
