Cada dos minutos, una persona pierde la vida en las calles y carreteras del mundo. Detrás de esa cifra no solo hay una tragedia humana: también desaparecen proyectos de vida, familias quedan incompletas y las economías pierden a miles de personas en plena edad productiva. La seguridad vial dejó hace tiempo de ser un asunto exclusivo del transporte; hoy representa uno de los mayores desafíos de salud pública y desarrollo económico a escala global.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1.19 millones de personas fallecen cada año a consecuencia de siniestros de tránsito y entre 20 y 50 millones sufren lesiones no mortales, muchas de ellas con discapacidades permanentes. A pesar de algunos avances registrados en la última década, el problema continúa siendo una emergencia mundial.
Los traumatismos causados por el tránsito constituyen la principal causa de muerte entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 5 a 29 años. Es decir, la violencia vial está acabando con la población que apenas comienza su vida laboral, académica y familiar. Además, dos de cada tres fallecimientos ocurren entre personas de 18 a 59 años, el grupo que concentra la mayor actividad económica y productiva de cualquier país.
Esta realidad tiene un profundo impacto social. Cuando una persona joven muere o queda con una discapacidad permanente tras un siniestro vial, las consecuencias trascienden a la víctima: disminuyen los ingresos familiares, aumentan los gastos médicos y de rehabilitación y se reduce la productividad nacional. La propia OMS calcula que las colisiones viales representan pérdidas económicas equivalentes a alrededor del 3% del Producto Interno Bruto en la mayoría de los países.
En América Latina, donde el crecimiento urbano y la motorización avanzaron más rápido que la infraestructura segura y la planeación de la movilidad, el problema adquiere dimensiones aún más complejas. La región mantiene elevados niveles de mortalidad vial asociados a velocidades excesivas, infraestructura deficiente, motocicletas en crecimiento acelerado, transporte informal y una limitada protección para peatones y ciclistas.
El desafío también está relacionado con la desigualdad. La OMS señala que 92% de las muertes por siniestros viales ocurre en países de ingresos bajos y medianos, pese a que concentran cerca del 60% del parque vehicular mundial. Las personas más vulnerables, que son peatones, ciclistas y motociclistas, representan más de la mitad de todas las víctimas fatales.
Los siniestros viales son la principal causa de muerte entre niñas, niños y jóvenes de 5 a 29 años, y dos terceras partes de las víctimas fatales corresponden a personas en edad productiva (18 a 59 años).
México refleja buena parte de esta problemática
Aunque el país ha fortalecido su marco normativo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y ha comenzado a implementar políticas bajo el enfoque de Sistema Seguro, los siniestros de tránsito continúan cobrando miles de vidas cada año y afectan de manera desproporcionada a jóvenes y adultos en edad laboral. Las estadísticas nacionales muestran, además, un crecimiento sostenido de las muertes de motociclistas durante la última década, fenómeno asociado al aumento acelerado del parque vehicular de este tipo de unidades, especialmente en zonas urbanas e interurbanas.
Los especialistas coinciden en que el problema no puede atribuirse únicamente al comportamiento individual. La evidencia internacional demuestra que la infraestructura vial, los límites de velocidad, el diseño de calles, la calidad de los vehículos, la fiscalización y la atención oportuna posterior al siniestro son factores determinantes para salvar vidas.
La experiencia internacional confirma que las políticas públicas funcionan cuando se aplican de forma integral. Países que han reducido límites de velocidad en zonas urbanas, construido infraestructura segura para peatones y ciclistas, fortalecido el transporte público y endurecido la vigilancia sobre alcohol, uso del casco y cinturón de seguridad han conseguido disminuir significativamente la mortalidad vial.
Cada año mueren 1.19 millones de personas en el mundo por siniestros de tránsito; más de la mitad son peatones, ciclistas y motociclistas, y el 92 % de las defunciones ocurre en países de ingresos bajos y medios.
El reto continúa siendo enorme
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció como meta reducir al menos a la mitad las muertes y lesiones por tránsito antes de 2030, objetivo que forma parte del Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial. Alcanzarlo requerirá inversiones sostenidas, coordinación entre gobiernos, sistemas de información más robustos y una transformación profunda de la forma en que se diseñan las ciudades.
Más allá de las cifras, la seguridad vial plantea una pregunta de fondo: ¿qué tipo de movilidad están construyendo las sociedades? Cada joven que pierde la vida en una calle representa años de educación, talento y productividad que desaparecen en segundos. Cada lesión permanente modifica el futuro de una familia completa.
La movilidad no debería costar la vida
Convertir las calles en espacios seguros exige dejar de considerar los siniestros viales como hechos inevitables y entenderlos como un problema prevenible. La evidencia científica deja en evidencia que velocidades adecuadas, infraestructura segura, transporte público de calidad, vehículos más seguros y una cultura de corresponsabilidad pueden evitar cientos de miles de muertes cada año.
La verdadera medida del desarrollo de una ciudad no es qué tan rápido circulan sus vehículos, sino cuántas personas logran regresar sanas y salvas a casa.
