La discusión sobre la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de San Luis Potosí avanza con una premisa que durante años ha ganado fuerza en las políticas públicas de movilidad de México y el mundo: las calles deben diseñarse para proteger a las personas antes que facilitar la circulación de los vehículos.
La propuesta que actualmente se encuentra en análisis legislativo busca sentar las bases para transformar la manera en que se planifica y gestiona la movilidad en la entidad, incorporando principios de seguridad vial, inclusión y accesibilidad que permitan responder a las necesidades de una población cada vez más diversa y con mayores demandas de desplazamiento.
La iniciativa tiene el objetivo de que las decisiones sobre infraestructura, transporte y uso del espacio público dejen de estar centradas exclusivamente en la circulación vehicular y comiencen a priorizar la seguridad, accesibilidad y calidad de vida de quienes caminan, utilizan el transporte público o se desplazan en bicicleta.
La subsecretaria de Enlace Interinstitucional de la Secretaría General de Gobierno, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, explicó que la propuesta es resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y organizaciones ciudadanas interesadas en construir un modelo de movilidad más seguro e incluyente.
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“La iniciativa parte del reconocimiento de la movilidad como un derecho humano y busca generar herramientas que permitan garantizar desplazamientos seguros, accesibles y eficientes para todas las personas. Se trata de una propuesta construida con una visión integral, donde participan distintas instituciones y sectores de la sociedad para responder a los retos actuales de movilidad que enfrenta San Luis Potosí”, destacó la funcionaria.
La propuesta incorpora criterios orientados a atender las necesidades de grupos históricamente vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y personas con movilidad limitada. Asimismo, contempla mecanismos que permitan avanzar hacia una accesibilidad universal en calles, espacios públicos y sistemas de transporte.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es el fortalecimiento de modos de transporte que durante décadas han ocupado un lugar secundario en la planeación urbana. El proyecto plantea impulsar mejoras en el transporte público, promover la movilidad peatonal y ciclista, así como generar condiciones que favorezcan una convivencia más segura entre todos los usuarios de la vía.
La propuesta se alinea con los principios establecidos en la legislación federal en materia de movilidad y seguridad vial, que promueve la denominada jerarquía de la movilidad, un modelo que coloca en primer lugar a las personas peatones, seguidas por quienes utilizan bicicletas y otros medios no motorizados, posteriormente al transporte público y finalmente al vehículo particular.
“Se busca construir un sistema de movilidad que permita reducir riesgos, eliminar barreras de acceso y garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura y digna. La seguridad vial no debe entenderse únicamente como una responsabilidad individual, sino como el resultado de políticas públicas, infraestructura adecuada y coordinación institucional”, señaló Aguilar Rodríguez.
La relevancia de esta discusión cobra especial importancia en un contexto donde las ciudades enfrentan desafíos crecientes relacionados con la congestión vehicular, los siniestros de tránsito y las dificultades de acceso a sistemas de transporte eficientes. Diversos especialistas coinciden en que la transformación de estos escenarios requiere marcos normativos capaces de orientar inversiones, definir responsabilidades y establecer objetivos claros para las autoridades.
De concretarse, la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de San Luis Potosí podría convertirse en una herramienta para impulsar proyectos de infraestructura más incluyentes, fortalecer el transporte público y promover entornos urbanos donde caminar o utilizar la bicicleta sean alternativas viables y seguras para un mayor número de personas.
La discusión legislativa continúa, pero el mensaje que acompaña la propuesta es claro: la movilidad del futuro no se mide únicamente por la velocidad de los vehículos, sino por la capacidad de las ciudades para proteger la vida y garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, accesible y equitativa.
