Mientras diversas ciudades mexicanas avanzan en la incorporación de autobuses eléctricos y estrategias de movilidad de bajas emisiones, Chihuahua busca sentar las bases legales para evitar que la transición tecnológica del transporte público dependa únicamente de proyectos aislados o de decisiones administrativas de corto plazo.
Con ese objetivo, el diputado local Pedro Torres Estrada presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Transporte del Estado, una propuesta que busca convertir el impulso a la electromovilidad en una política pública permanente y con respaldo normativo.
La discusión llega en un momento en que los sistemas de transporte enfrentan una doble presión. Por un lado, la necesidad de mejorar la calidad del servicio para los usuarios y, por otro, la exigencia de reducir el impacto ambiental de una actividad que continúa dependiendo mayoritariamente de combustibles fósiles.
Más que una reforma técnica, la iniciativa plantea una pregunta de fondo: ¿está Chihuahua preparado para comenzar la transición hacia un modelo de movilidad más limpio y eficiente?
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Uno de los principales planteamientos de la propuesta consiste en cambiar la forma en que tradicionalmente se ha entendido la modernización del transporte público.
Durante décadas, gran parte de las políticas de renovación se han enfocado en sustituir unidades antiguas por vehículos más nuevos, aunque sin modificar de manera significativa la tecnología utilizada para su operación.
La iniciativa busca ir un paso más allá al incorporar la electromovilidad como un eje estratégico dentro de la planeación estatal, promoviendo el uso gradual de unidades eléctricas e híbridas, así como la infraestructura necesaria para su funcionamiento.
De acuerdo con Torres Estrada, el reto actual ya no consiste únicamente en reemplazar vehículos obsoletos, sino en construir un sistema capaz de responder a los desafíos ambientales, energéticos y urbanos de las próximas décadas.
“La modernización del transporte no debe limitarse a la sustitución de unidades. Debe orientarse hacia una transición tecnológica que permita reducir emisiones contaminantes, mejorar la eficiencia energética y ofrecer mejores condiciones de servicio para las y los usuarios”, señaló el legislador al presentar la propuesta.
Un estado con rezagos históricos en movilidad
El planteamiento parte de un diagnóstico ampliamente compartido por especialistas y usuarios: Chihuahua mantiene importantes desafíos en materia de transporte público, particularmente en sus principales zonas metropolitanas.
En ciudades como Chihuahua capital y Ciudad Juárez, la demanda de movilidad continúa creciendo mientras gran parte de la flota sigue dependiendo de tecnologías convencionales basadas en diésel y gasolina.
Los costos asociados al consumo de combustible, mantenimiento y operación representan una presión constante para concesionarios y autoridades, especialmente en un contexto de inflación y aumento en los precios energéticos.
La iniciativa sostiene que avanzar hacia tecnologías más eficientes podría generar beneficios operativos de largo plazo, además de contribuir a la reducción de emisiones contaminantes en zonas urbanas con elevados niveles de actividad vehicular.
Financiamiento e infraestructura
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que reconoce que la transición hacia la electromovilidad difícilmente podrá concretarse únicamente mediante recursos públicos.
Por ello, la propuesta contempla mecanismos de financiamiento mixto que permitan atraer inversión privada y facilitar la adquisición gradual de unidades eléctricas e híbridas.
La intención es que programas estratégicos como JuárezBus, Bowi y las rutas alimentadoras puedan acceder a esquemas que reduzcan las barreras económicas asociadas a la incorporación de nuevas tecnologías.
Además, el proyecto plantea impulsar el desarrollo de infraestructura para carga eléctrica, un componente considerado indispensable para cualquier estrategia de electrificación del transporte.
La experiencia nacional e internacional ha demostrado que la adopción de autobuses eléctricos depende tanto de la adquisición de vehículos como de la existencia de patios, estaciones y sistemas de carga capaces de garantizar una operación continua y eficiente.
Nuevas facultades para impulsar la transición
La iniciativa también propone fortalecer la capacidad institucional del estado para coordinar las acciones relacionadas con la electromovilidad.
En particular, plantea otorgar nuevas atribuciones a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, dependencia que asumiría un papel central en la formulación y ejecución de la política estatal en la materia.
La propuesta contempla que esta coordinación se realice de manera conjunta con autoridades municipales, organismos de transporte y actores del sector privado, con el objetivo de generar una estrategia transversal que trascienda periodos gubernamentales.
La intención es evitar que los proyectos de movilidad eléctrica dependan exclusivamente de decisiones sexenales y cuenten con una ruta de desarrollo respaldada por la legislación estatal.
Durante los últimos años, entidades como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León han desarrollado proyectos orientados a la incorporación de autobuses eléctricos, trolebuses y sistemas de transporte de bajas emisiones.
Estos programas han permitido evaluar beneficios asociados a la reducción de contaminantes, menores niveles de ruido, disminución de costos operativos y mejoras en la experiencia de viaje de los usuarios.
Torres Estrada señaló que estas experiencias demuestran que la transición tecnológica es viable cuando existe una visión institucional de largo plazo acompañada por mecanismos adecuados de financiamiento y planeación.
“Es momento de comenzar a preparar a Chihuahua para los desafíos ambientales y tecnológicos del futuro. Necesitamos impulsar alternativas que contribuyan a construir un transporte más limpio, eficiente y acorde con las necesidades de las nuevas generaciones”, afirmó.
Una discusión que apenas comienza
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis dentro del Congreso del Estado, donde comenzará una discusión que podría definir el rumbo de la política de movilidad en Chihuahua durante los próximos años.
Aunque la propuesta no resuelve por sí misma problemas históricos relacionados con cobertura, frecuencias o calidad del servicio, sí plantea un cambio relevante en la forma de entender la modernización del transporte público.
El desafío para los legisladores será determinar si la electromovilidad puede convertirse en una herramienta efectiva para complementar los esfuerzos actuales de mejora operativa y responder a las exigencias ambientales de las ciudades contemporáneas.
Por ahora, la discusión abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro del transporte en Chihuahua: uno en el que la renovación ya no sólo se mide por la cantidad de unidades incorporadas, sino por la capacidad de construir sistemas más eficientes, sustentables y preparados para las próximas décadas.
