La transformación de la movilidad en México no ha sido producto del aazar ni únicamente de decisiones gubernamentales, detrás de avances legislativos clave en la última década y de una agenda cada vez más robusta en seguridad vial y movilidad sustentable, hay una generación de perfiles híbridos: activistas con formación técnica que han logrado traducir la indignación social en instrumentos concretos de política pública.
Alejandra Leal, co-codirectora de Céntrico, es una de las voces más representativas de este proceso, su trayectoria que combina experiencia internacional, trabajo en territorio y una profunda comprensión de las políticas públicas, revela cómo la movilidad dejó de ser una experiencia cotidiana para convertirse en una causa profesional y, más aún, en una plataforma de incidencia estructural.
En entrevista, la también especialista en políticas públicas de movilidad sustentable y seguridad vial, desmenuza el papel de la sociedad civil organizada, el valor de la evidencia técnica en la toma de decisiones y los retos que enfrenta México para pasar de la ley a la implementación. Leal nos narra como sin articulación, sin datos y sin presión sostenida, no hay transformación posible.
El activismo técnico transforma la incidencia: pasar de la exigencia a la propuesta eleva el nivel de la política pública.
¿En qué momento la movilidad pasa de ser una experiencia cotidiana a convertirse en una causa profesional y política?
Para mí fue un proceso gradual que empezó desde la experiencia personal, desde muy joven utilicé transporte público y viví, como muchas personas, las dificultades cotidianas, traslados complicados, falta de infraestructura, inseguridad; recuerdo especialmente ver a mi mamá lidiar con estas condiciones, cargando cosas, moviéndose con nosotros, era algo que se asumía como normal.
Pero conforme fui estudiando y, sobre todo, al tener la oportunidad de vivir en Alemania, entendí que esa “normalidad” no tenía por qué ser así, ahí experimenté sistemas de transporte confiables, ciudades diseñadas para las personas, cruces seguros, infraestructura ciclista; eso cambió completamente mi perspectiva, entendí que existen políticas públicas que sí transforman la calidad de vida.
Después, ya en mi formación académica y profesional, fui vinculando distintos temas, como el espacio público, cambio climático, caminabilidad; asimismo, en experiencias en mi trabajo en Asia, analizando entornos peatonales, confirmé que la percepción ciudadana muchas veces está condicionada por lo que conoce, y ahí fue donde encontré un punto clave: no basta con escuchar la experiencia, hay que complementarla con criterios técnicos que definan cómo deben ser los espacios.
Ese cruce entre experiencia cotidiana, evidencia técnica y política pública fue lo que convirtió la movilidad en una causa para mí.
Hablas de un punto clave: traducir la necesidad ciudadana en soluciones técnicas. ¿Ahí nace este enfoque de “activismo técnico”?
Exactamente. Muchas veces la ciudadanía identifica problemas reales, pero las soluciones que se proponen no necesariamente son las más efectivas, por ejemplo, cuando se pide un puente peatonal, en realidad lo que hay detrás es una necesidad de cruzar de forma segura, el reto técnico es traducir esa necesidad en soluciones que sí funcionen, como cruces a nivel con diseño adecuado.
Ahí entendí que había un espacio muy importante de incidencia entre lo que la gente vive y lo que el gobierno implementa, y ese espacio se llena con conocimiento técnico, pero también con sensibilidad social.
Además, la movilidad es una agenda que se presta mucho para esto, porque todos la entendemos, todos nos movemos, entonces, cuando introduces criterios técnicos como anchos de banqueta, accesibilidad, tiempos semafóricos, se vuelve una conversación muy tangible.
También implica trabajar bajo un enfoque de gobernanza, donde no solo el gobierno decide, sino que participan sociedad civil, academia y sector privado, esa articulación es fundamental para lograr cambios reales.
El derecho a la movilidad cambió la conversación: dejó de ser una demanda para convertirse en una obligación del Estado.
¿Cómo se pasa de esfuerzos aislados a una incidencia estructurada como la que han logrado desde Céntrico y la Coalición Movilidad Segura?
Fue un proceso de construcción muy largo, cuando regresé a México, identifiqué que había mucho interés, pero muy desarticulado. Había activismo, había esfuerzos técnicos, pero no necesariamente conectados. La creación de la Coalición Movilidad Segura fue un parteaguas porque logró unir agendas que parecían distintas: la movilidad sustentable, impulsada por colectivos ciclistas, y la seguridad vial, encabezada en gran medida por familiares de víctimas de siniestros de tránsito.
Ese encuentro fue muy potente, porque ambos compartían un objetivo común, que es el salvar vidas, y a partir de ahí se construyó una red que hoy agrupa a más de 100 organizaciones.
En paralelo, desde Céntrico buscamos llenar un vacío, el de generar instrumentos técnicos que puedan respaldar esa exigencia social, ya que no se trata solo de pedir una ley, sino de decir qué ley, con qué contenido, con qué enfoque; ese cambio de la demanda a la propuesta, eleva completamente el nivel de la discusión pública.
Entonces, ¿el activismo respaldado por evidencia técnica es lo que permite lograr reformas concretas?
Sí, sin duda. Creo que una de las grandes evoluciones de la sociedad civil en esta agenda ha sido justamente esa, pasar de la exigencia general a la propuesta específica. Hoy no solo se dice “queremos una ley”, sino “queremos esta ley”, con documentos técnicos sobre la mesa, eso cambia la dinámica con los tomadores de decisiones, porque ya no se parte de cero.
De igual forma, el trabajo en red permite complementar estrategias, hay actores que presionan desde la protesta, otros que inciden desde lo técnico, otros desde la comunicación, y todo eso forma un ecosistema que va abriendo puertas.
También ha sido clave vincular el trabajo local con agendas internacionales, compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o acuerdos en seguridad vial, eso permite generar presión adicional y aprovechar coyunturas.
Es un proceso continuo, se avanza, se cierran puertas, se ajustan estrategias y se vuelve a avanzar.
¿Cómo se traduce una demanda ciudadana —como una protesta— en una ley o política pública concreta?
Se necesitan estructura, recursos y estrategia. En México, gran parte del activismo ocurre en el tiempo libre de las personas, lo cual es una limitante importante, por eso, una de nuestras apuestas desde Céntrico ha sido optimizar ese esfuerzo ciudadano mediante herramientas técnicas, es decir, que las personas no tengan que diseñar una ley desde cero, sino que puedan apoyarse en documentos sólidos para incidir con sus representantes.
Esto permite escalar el impacto, por ejemplo, en el proceso de reconocimiento del derecho a la movilidad, logramos que más de la mitad de los congresos estatales lo aprobaran en cuestión de semanas. Hubo una estrategia de movilización, comunicación y competencia entre estados que aceleró el proceso.
Y algo fundamental, cuando se reconoce un derecho en la Constitución, cambia completamente la conversación, ya no es una petición, es una obligación del Estado, eso abre incluso la puerta a mecanismos legales como los amparos.
En términos de resultados, ¿cuáles consideras los mayores logros de este movimiento de activistas y técnicos en la agenda de movilidad de la última década?
Uno de los principales logros ha sido la consolidación de una red de sociedad civil articulada en torno a la movilidad segura, eso no es menor, porque implica coordinación constante, intercambio de información y capacidad de activación.
En términos concretos, el reconocimiento del Derecho a la Movilidad en la Constitución es, para mí, el logro más importante, es un cambio estructural que va a tener efectos a largo plazo.
Del mismo modo, destacaría la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y la integración de dos agendas que antes estaban separadas: movilidad sustentable y seguridad vial.
¿Y cuáles son los retos urgentes ahora?
El principal reto es la implementación; ya tenemos leyes, ahora necesitamos que se traduzcan en acciones concretas, esto implica, primero, inversión pública, ya que sin recursos asignados, no hay transformación posible.
Segundo, fortalecer medidas de seguridad vial, especialmente en control de velocidad y diseño de calles que prevengan conductas de riesgo.
Tercero, atender fenómenos emergentes como el crecimiento de las motocicletas, que requieren regulación integral, desde licencias hasta características de los vehículos.
Y también hay temas estructurales pendientes, como el sistema nacional de licencias y sanciones, aspectos que en otros países son básicos, pero que en México aún no están consolidados.
La agenda de movilidad también tiene un componente de género importante. ¿Cómo lo ves?
Sí, claramente hay una mayor participación de mujeres en esta agenda, y creo que tiene que ver con el componente de cuidado. Las mujeres realizamos muchos de los viajes asociados a llevar a niñas y niños a la escuela, atender a personas mayores, hacer compras, eso genera una relación muy directa con la movilidad cotidiana.
Además, en el caso de familiares de víctimas, hay una presencia importante de mujeres que transforman su experiencia en acción política; esto ha enriquecido mucho la agenda, porque incorpora perspectivas que antes no estaban presentes, especialmente en un campo que tradicionalmente era más técnico y dominado por hombres.
Recientemente fuiste reconocida a nivel internacional por tu compromiso con la movilidad. ¿Qué representa este tipo de premios?
Si, es el Premio Global Health Advocacy Changemaker 2026, es un reconocimiento muy significativo, pero también colectivo, refleja el trabajo de muchas personas, de la coalición, de Céntrico y de todos los aliados con los que hemos colaborado, asimismo, es una motivación para seguir. Este trabajo es complejo, a veces frustrante, y estos reconocimientos ayudan a mantener el impulso.
Pero lo que más me motiva es ver cambios en la calle, ver espacios más seguros, más accesibles, más inclusivos; que niñas y niños puedan jugar, que personas mayores se apropien del espacio público, que nadie deje de moverse por miedo.
Al final se trata de construir ciudades más justas, donde la movilidad sea un derecho real y no un privilegio.
La articulación en red es el mayor logro: sin coordinación entre actores, no hay cambios estructurales.
