Atender el transporte público no es un tema gremial, sectorial o estatal; es un tema de equidad y de Estado, ya que es uno de los elementos clave para garantizar el reciente derecho constitucional a la movilidad, la atención a las personas más vulnerables y también como un factor clave en la recuperación económica, señala el autor.
Las restricciones de los viajes, tanto en lo local como a nivel global, ha sido uno de los cambios más evidentes en la movilidad de las ciudades que ha dejado la pandemia de la COVID-19.
La relación de un movimiento restringido y el manejo de las multitudes hizo que el transporte público colectivo disminuyera drásticamente, siendo la causa principal la caída del uso del servicio, que llegó al 60 por ciento y que, en este momento, se mantiene en el 30 por ciento. Esta reducción del servicio ha provocado menores ingresos, y deterioro tanto de la oferta como de la cobertura del servicio.
En el caso de México, de acuerdo con estimaciones realizadas por el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI por sus siglas en inglés), el sector del transporte público acumula pérdidas de 19 mil 500 mdp para 2020, previendo un monto similar para el 2021.
Las pérdidas del sector por la pandemia ponen en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de transporte público en las principales ciudades del país, con efectos sobre el pago de salarios a los empleados del sector y el pago de obligaciones crediticias, entre otras.
Mediante un análisis realizado por WRI México con el apoyo de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), se estimó el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria en el sector en trece ciudades mexicanas. En dicho análisis se señala que el 38 por ciento de las personas usuarias del transporte público han cambiado su modo de transporte y sufrieron un aumento del doble o más del doble en sus gastos de transporte, lo que impactó su ingreso e incrementó su vulnerabilidad ante la emergencia.
Dado este escenario adverso que enfrenta el sector y los efectos en la sostenibilidad financiera, la seguridad laboral, principalmente el sustento de las conductoras y los conductores, se genera un impacto en el servicio a las personas usuarias, no sólo durante la contingencia sino para el futuro.
Los gobiernos subnacionales han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio y, en casos extremos, la suspensión de rutas como alternativas para reducir costos de operación, sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.
En este contexto es importante considerar que el transporte público colectivo es el medio que utiliza cerca del 40 por ciento de mexicanas y mexicanos (50 millones de personas), del cual dependen más de 160 mil empleos (principalmente de conductoras y conductores de unidades de transporte), lo que representa la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas, las cuales constituyen el 75 por ciento del sector.
El transporte público como eje estructurador de la movilidad sustentable y eficiente es vital para reducir las brechas sociales que actualmente se registran en nuestro país. El transporte público es uno de los elementos de mayor impacto para garantizar el reciente derecho constitucional a la movilidad y por lo tanto a la equidad.
Para garantizar el derecho a la movilidad es necesario asegurar recursos que permitan la planeación del transporte a corto, mediano y largo plazo.
En 2017, se estimaron los costos iniciales y recurrentes de la transformación del transporte público en México incluyendo la renovación de flota, la incorporación de nuevas tecnologías, el mejoramiento de la infraestructura actual y los costos de institucionalidad. Se consideró que para alcanzar dichos objetivos, se debería hacer una inversión inicial de al menos 323 mil millones de pesos.
Atender la necesidad inmediata y la estructural requiere de medidas concretas, por ello de manera conjunta con las autoridades agrupadas en la AMAM y los empresarios representados por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) hemos hecho un llamado respetuoso al gobierno federal y a los gobiernos subnacionales a actuar de manera urgente, decidida, estratégica y coordinada para el establecimiento de un Programa de Apoyo Financiero al Transporte Público que ayude a establecer sistemas sustentables, sostenibles y de calidad para las mexicanas y los mexicanos.
La estrategia de recuperación del transporte público que hemos propuesto se divide en tres etapas, con una visión a seis años que requiere en forma urgente la asignación de apoyos económicos de los gobiernos federal y estatales, para garantizar en el corto plazo la sobrevivencia de los prestadores del servicio de transporte público de las principales ciudades del país y, de este modo, contribuir a su reactivación en el mediano plazo.
Se propone que en una primera etapa y de forma inmediata garantizar la liquidez, esto requiere que se etiqueten recursos federales y estatales para apoyo al sector, que se determinen beneficios fiscales en IVA e ISR, y que se incrementen los beneficios en el impuesto al combustible; así como la autorización de garantías de crédito con respaldo gubernamental.
Para la segunda etapa, con una visión de 1.5 a 3 años, se proponen acciones financieras y operativas para reactivar la economía del sector e incrementar el número de personas usuarias, mejorar la inclusión y la calidad de servicio. Para esta etapa es clave incentivar la inversión en infraestructura y la renovación de flota; revisar y ajustar los modelos de negocio del transporte público; la reducción de aranceles a la importación de autobuses con visión de transición tecnológica e incentivar la transformación empresarial; promover el uso del transporte público y la integración con otros modos de transporte a través de la infraestructura y el medio de pago; así como la implantación de carriles segregados para autobuses y control de la operación.
En una tercera etapa, con una visión de 3 a 6 años, se proponen soluciones en términos financieros, operacionales y administrativos para consolidar fuentes alternativas de fondeo y financiamiento, junto con el marco normativo necesario para tener acceso a estas fuentes.
En este sentido se proponen otras medidas de recaudación asociadas al uso del auto personal que aporten al financiamiento del transporte público como el pago de tenencia, el uso de parquímetros, el acceso a áreas con restricción vehicular, así como otras asociadas al uso de suelo y la captura de valor, la subasta de norma urbanística y aportes por edificación adicional.
No podemos seguir dando la espalda a este problema. Atender el transporte público no es un tema gremial, sectorial o estatal; es un tema de equidad y de Estado, por lo que reiteramos el llamado urgente a las siguientes acciones:
- Adoptar una visión de Estado, una intervención conjunta con el liderazgo del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales.
- Priorizar el diseño y la implementación de medidas que brinden seguridad laboral a las personas trabajadoras del sector.
- Asignar fondos de emergencia entregados a través de mecanismos transparentes y eficientes, que aporten a la sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo.
- Diseñar esquemas de apoyo federal que contribuyan a la reactivación financiera, económica y social del transporte público.
- Priorizar la aplicación de recursos en sistemas que cuenten con mecanismos de ejecución transparentes y eficientes para la aplicación de los recursos de emergencia, como son las cuentas concentradoras de recursos, los sistemas de recaudo, las tarjetas personalizadas para estudiantes y personas de la tercera edad.
- Prever la recuperación del sector, tomando en cuenta no sólo la compensación de las pérdidas sino la inversión que reactive su transformación y mejora.
- Establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean la ocurrencia de contingencias y otras emergencias.
Sin duda, todos los impactos de la pandemia por la COVID-19 se sentirán en años futuros, por lo cual no dejaremos de insistir en la necesidad de tomar una acción decida por el rescate y el fortalecimiento del transporte público de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, con instrumentos y programas claros.
Estoy convencido de que esta crisis nos puede ayudar a sacar del retraso histórico a este importante sector para convertirlo en algo mejor.
La movilidad y el transporte público son fundamentales para el desarrollo económico de México, para que todas y todos podamos tener acceso seguro, asequible y sustentable a las condiciones de la equidad social, lo que incluye el acceso igualitario a oportunidades de empleo, centros educativos, de salud, a la cultura y el esparcimiento. Debemos trabajar en conjunto para lograrlo.
