Con un respaldo contundente de 430 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que obliga a los municipios a garantizar cajones de estacionamiento accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida. Esta medida, que ahora pasará al Senado para su análisis, representa un avance significativo en la eliminación de barreras que dificultan la autonomía y acceso a los espacios públicos.
La reforma adiciona un párrafo a la fracción XVII del artículo 68 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, estableciendo que todas las entradas a lugares públicos con estacionamiento deben contar con cajones preferenciales, ubicados lo más cerca posible de los accesos principales y debidamente señalizados. Además, se exige que las nuevas construcciones garanticen estas condiciones desde su diseño, evitando soluciones improvisadas o insuficientes.
La diputada Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad, destacó que esta medida representa un ajuste razonable y progresivo en la adecuación de los espacios públicos. “Permite avanzar hacia una movilidad más incluyente y accesible, asegurando que las personas con discapacidad puedan desplazarse con mayor independencia”, explicó.
Sin embargo, expertos en movilidad advierten que para que esta reforma tenga un impacto real, debe ir acompañada de un esquema sólido de vigilancia y sanciones. En México, el mal uso de los espacios reservados sigue siendo una problemática persistente debido a la falta de cultura vial y supervisión adecuada.
¿A quién beneficia esta reforma?
Esta modificación legal impactará positivamente a diversos grupos de la sociedad:
- Personas con discapacidad y movilidad reducida: Facilitará su acceso a centros comerciales, hospitales, oficinas gubernamentales, espacios recreativos y otros sitios de uso común.
- Adultos mayores: Muchos de ellos enfrentan limitaciones físicas que dificultan su movilidad, y contar con espacios accesibles les permitirá desplazarse con mayor seguridad y comodidad.
- Familias con niños pequeños: Aunque no son el grupo principal beneficiado, una infraestructura accesible también facilita la movilidad de quienes necesitan mayor espacio y accesibilidad en estacionamientos.
- Acompañantes y cuidadores: Personas que asisten a individuos con discapacidad podrán realizar traslados con mayor facilidad y seguridad.
Datos que reflejan la urgencia de la reforma
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 la población de cinco años y más con discapacidad ascendió a 8.8 millones de personas en México, de las cuales el 53.5% son mujeres. Una de las principales dificultades que enfrentan es el desplazamiento en espacios públicos, lo que limita su acceso a oportunidades laborales, educativas y recreativas.
A pesar de que el derecho a la movilidad está garantizado en el artículo 4°de la Constitución, la realidad es que millones de personas siguen encontrando obstáculos físicos y estructurales para moverse de manera autónoma. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece la accesibilidad universal como un derecho, pero su aplicación sigue siendo insuficiente en la práctica.
Posturas y debate en el Congreso
Durante la discusión de la reforma, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) propuso modificar el dictamen para establecer la obligatoriedad de las autoridades de aplicar los criterios de disposición de los cajones de estacionamiento. Sin embargo, la propuesta fue rechazada.
La diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara (Morena) enfatizó que “la accesibilidad no es un privilegio ni un favor, sino un derecho humano”, destacando que la falta de infraestructura adecuada excluye a millones de personas. En la misma línea, el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) respaldó la reforma, recordando que en el pasado presentó una iniciativa similar: “Esta medida es una oportunidad para brindar un México más accesible y solidario, en donde la inclusión sea una realidad”.
Por su parte, la diputada Mayra Espino Suárez (PVEM) advirtió sobre el mal uso de los espacios reservados, y aseguró que “violar estos derechos pone en riesgo la integridad de las personas con discapacidad”. El diputado Luis Fernando Vilchis Contreras (PT) resaltó que esta reforma es un paso fundamental hacia la justicia social, mientras que el diputado Juan Armando Ruiz Hernández (MC) subrayó la necesidad de establecer mecanismos efectivos de supervisión para garantizar su cumplimiento.
Beneficios para la movilidad y la sociedad
Esta reforma no solo mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que también fortalece la movilidad urbana en general. Entre los principales beneficios se encuentran:
- Mayor autonomía para las personas con discapacidad: Facilita su acceso a servicios, actividades laborales y recreativas.
- Reducción de accidentes: Evita que las personas con movilidad reducida tengan que desplazarse grandes distancias o exponerse a riesgos innecesarios.
- Conciencia y cultura vial: Genera mayor sensibilidad en la sociedad sobre la importancia de respetar estos espacios.
- Inclusión social: Promueve un entorno más equitativo, donde todas las personas tengan acceso a la infraestructura pública en igualdad de condiciones.
La reforma garantiza que los estacionamientos en espacios públicos cuenten con cajones accesibles, eliminando barreras para la autonomía y desplazamiento de personas con discapacidad.
El reto de la implementación
La aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados representa un avance en materia de accesibilidad, su éxito dependerá de su implementación efectiva. Sin estrategias claras de supervisión y sanciones, el problema del acceso a los espacios públicos para personas con discapacidad podría seguir siendo una deuda pendiente.
En este sentido, organizaciones civiles y expertos en movilidad han instado a las autoridades a establecer mecanismos de inspección rigurosos, acompañados de campañas de sensibilización para fomentar el respeto a estos espacios.
La discusión ahora se traslada al Senado, donde se espera que esta iniciativa sea ratificada y se convierta en una realidad tangible para millones de personas en México. El desafío es claro: transformar la legislación en acciones concretas que garanticen una movilidad inclusiva y equitativa para todos.
Legisladores destacaron que esta medida representa un paso hacia un México más accesible, aunque subrayaron la importancia de establecer mecanismos de supervisión y sanciones para su cumplimiento efectivo.
