La informalidad se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la transformación del transporte público en el Estado de México. Autoridades estatales estiman que cerca de siete de cada diez unidades que actualmente prestan servicio operan fuera de la regulación, una situación que representa riesgos para los usuarios y dificulta los esfuerzos para construir un sistema de movilidad más seguro, eficiente y moderno.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, existen alrededor de 170 mil concesiones registradas formalmente; sin embargo, las estimaciones oficiales indican que en las calles circulan cerca de 400 mil vehículos dedicados al transporte de pasajeros. La diferencia evidencia la magnitud de un fenómeno que durante años ha crecido al margen de los mecanismos de supervisión y control institucional.
Para las autoridades, el problema trasciende el ámbito administrativo. Muchas de estas unidades carecen de documentación vigente, seguros, verificaciones o condiciones mínimas de seguridad, lo que incrementa la vulnerabilidad de millones de usuarios que diariamente dependen del transporte colectivo para trasladarse a sus centros de trabajo, estudio o actividades cotidianas.
“Estamos frente a un desafío histórico. No podemos aspirar a un transporte seguro, puntual y de calidad mientras persistan niveles tan elevados de irregularidad. La instrucción es atender el problema de fondo y generar condiciones para que los operadores se incorporen a la legalidad”, señaló el subsecretario de Movilidad, Armando García Méndez.
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Como parte de esta estrategia, el gobierno estatal anunció el inicio de operativos de inspección en el Valle de Toluca, una de las regiones con mayor concentración de transporte público en la entidad. En una primera etapa, las acciones estarán orientadas a promover la regularización de concesionarios y operadores; sin embargo, las autoridades advirtieron que los casos de reincidencia o aquellos relacionados con posibles delitos serán sancionados conforme a la ley.
La dependencia también planteó que el ordenamiento del sector forma parte de una visión más amplia de modernización, que contempla la renovación de unidades y la incorporación de tecnologías más limpias y eficientes, incluyendo alternativas de electromovilidad y combustibles de menor impacto ambiental.
“Necesitamos construir una nueva etapa para el transporte mexiquense. La modernización requiere inversión, participación empresarial y un esfuerzo coordinado entre autoridades y operadores para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”, sostuvo el funcionario.
