Luego de que la LXIII Legislatura concluyera sin que fueran avaladas la Ley General de Movilidad y la Ley General de Seguridad Vial, de acuerdo con información parlamentaria, será la nueva legislatura la encargada de dar seguimiento a ambos proyectos de ley que buscan desde diferentes ángulos mejorar la movilidad y disminuir las causas de muerte relacionadas con el automóvil.
En cuanto a la Ley General de Movilidad, su principal impulsor en la legislación pasada, Jesús Casillas, expresó a Pasajero 7 que el proceso quedó en un 90% y que la ley estaba casi lista para ser aprobada; sin embargo, precisó que el tiempo les ganó y ya no se pudo publicar, aunque había consenso al contar con el apoyo de 85 senadores.
Sobre la Ley Nacional de Seguridad Vial, que pretende establecer reglas homologadas para mejorar la seguridad, indicó que ésta será retomada por los diputados y senadores con fecha propuesta para el mes de febrero de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil que buscan su urgente aprobación.
Al ser cuestionado sobre la importancia de una legislación nacional en los rubros señalados, Francisco Alonso, Director del Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia (INTRAS), señaló que “tenemos que hacer un esfuerzo para que no sea un campo de batalla político, ya que al no hacerlo se está afectando un derecho y un bien fundamental (la movilidad)”.
Para que los esfuerzos sean alcanzados, Alonso hizo un llamado para “hacer un pacto entre todos los partidos y entre todas las administraciones para que no haya invariables en el tiempo, vamos a consensuar un proyecto de movilidad que en el tiempo tenga una progresión (y) que no dependa de los devenires políticos”.
Ausencia Legislativa en Seguridad Vial y Movilidad
“Una ley hace falta sobre todo cuando hablamos de un ámbito tan regulado o con cambio de regulación (transporte público), una ley es importante, muy importante en el transporte, ya que se tiene que garantizar algo tan significativo como es el derecho a la vida; tenemos que lograr algo tan primordial como una ley a nivel de todos los estados del país, tenemos que conseguirlo al nivel que sea, por los propios ciudadanos”, subrayó Francisco Alonso.
Aunque son términos diferentes, el especialista señaló que la movilidad y la seguridad vial son dos caras de la misma moneda, por lo tanto, “la ley tiene que ser para ambas caras, no busquemos excusas para no desarrollar una ley, busquemos soluciones y no problemas”.
El papel gubernamental en la mejora del transporte
Al ser cuestionado Francisco Alonso sobre el apoyo gubernamental, explicó que “Hay que potenciar el transporte público porque ello mejora la seguridad vial”, y para potenciarlo lo que hace falta es mejorar su calidad, de este modo señaló que los componentes que debe tener es que sea fiable, rápido y que sea percibido como adecuado por parte de la población.
“El Estado tiene mucho que hacer, el Estado debe empezar a regular el transporte, tanto el de carga como el de pasajeros y tiene que hacerlo de dos formas, instaurando una serie de normas generales de cumplimiento que eliminen los elementos perniciosos que provocan la inseguridad vial y también obligando a la implementación de determinados sistemas, por ejemplo tener GPS y que ese sistema o información vaya a una sala de control del gobierno (lo cual) es sumamente fundamental”.
El gran aliado
Actualmente hay una gran discusión sobre si la calidad del transporte público parte de la tarifa, para Alonso, hoy la tecnología tiene un gran poder y es algo que no se está tomando en cuenta, pues ésta “no tiene tanto coste y tiene una rentabilidad muy alta y de acuerdo al tipo de tecnología puede generar ahorros hasta un 30% de consumo. La tecnología no está tan alejada, no es tan cara, es muy rentable y en el nivel que estamos es perfectamente asumible para el sistema”.
