La reducción de la congestión vial en México requiere financiamiento sostenido para el transporte público, prioridad de circulación e integración entre los distintos sistemas de movilidad, sostuvo Adrián Escamilla, director ejecutivo de Grupo CISA, al analizar los resultados del estudio Costo del Tráfico 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Dat’s Why y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).
El estudio estima que la congestión vial genera un costo de 203 mil millones de pesos anuales en 44 ciudades del país. Para Escamilla, sus resultados muestran que las personas tienden a elegir los medios de transporte que les permiten llegar más rápido a su destino, incluso cuando implican un gasto mayor.
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Esta preferencia representa un desafío para el transporte colectivo: si los automóviles y las motocicletas ofrecen menores tiempos de traslado, más personas pueden optar por ellos, lo que incrementa la presión sobre las vialidades y alimenta la congestión.
Ante este escenario, el directivo consideró que el transporte público debe tratarse como una infraestructura estratégica para el funcionamiento de las ciudades y la productividad económica, con condiciones que permitan competir frente al vehículo particular.
Financiamiento e integración de los sistemas
Escamilla señaló que la renovación de autobuses, por sí sola, no garantiza mejores tiempos de traslado. Para mejorar el desempeño del transporte público también se requiere prioridad de circulación, redes integradas, conexión entre modalidades e integración tarifaria.
El directivo identificó una descoordinación persistente entre las políticas de movilidad y las de desarrollo urbano, que dificulta la construcción de soluciones congruentes y duraderas. A su juicio, esta separación limita la capacidad de los gobiernos para planear los desplazamientos como parte de un sistema urbano articulado.
Para revertir esta situación, propuso tres decisiones de política pública: reconocer la movilidad como un asunto estratégico de interés nacional; garantizar financiamiento suficiente y sostenido para el transporte público, tomando como referencia un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), y establecer la integración de los sistemas como una obligación para los gobiernos.
La última medida, explicó, permitiría evitar que las administraciones locales desarrollen soluciones aisladas y favorecería la articulación de las distintas modalidades de transporte.
Los usuarios del transporte público pierden más tiempo
El costo de la congestión también se refleja en la distribución desigual del tiempo de traslado. De acuerdo con las cifras del estudio citadas por Escamilla, los usuarios del transporte público pierden, en promedio, 140 horas al año por el tráfico, frente a las 94 horas de quienes utilizan vehículos privados.
La diferencia es de 46 horas anuales. El impacto puede ser mayor para las personas de menores ingresos que dependen del transporte colectivo y viven en zonas periféricas, donde los desplazamientos suelen exigir más tiempo.
Las horas perdidas afectan la productividad y reducen el tiempo disponible para estudiar, descansar, convivir con la familia y realizar otras actividades cotidianas.
“Mientras eso no lo entendamos y comprendamos que el tiempo es vida, en realidad lo que estamos decidiendo es cuánto vale perder vida todos los días en un autobús”, afirmó Escamilla.
El también exacadémico del Instituto Politécnico Nacional (IPN) consideró que los resultados del IMCO deben funcionar como una señal de alerta para las autoridades. La evaluación de las políticas de movilidad, sostuvo, debe considerar la capacidad de los sistemas para ofrecer desplazamientos más rápidos, eficientes y accesibles, además de contabilizar los vehículos incorporados o las obras construidas.
El directivo planteó que reducir la congestión exige modificar la forma en que se planean y financian las ciudades, con el transporte público como una prioridad efectiva en las decisiones gubernamentales.
