Mientras miles de personas pierden la vida o quedan con secuelas permanentes en las calles del país, México enfrenta graves rezagos en materia de seguridad vial. Aunque en los últimos años se han dado pasos importantes, como la promulgación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la realidad en las vialidades habla de una deuda vigente con los peatones, ciclistas, personas con discapacidad, niños y adultos mayores.
Una crisis de movilidad que cobra vidas
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 ocurrieron más de 340 mil accidentes viales, con al menos 12 mil muertes confirmadas. El 40% de las víctimas eran peatones, ciclistas o motociclistas: los más vulnerables en la jerarquía de la movilidad.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que México es uno de los países con mayor número de muertes viales en América Latina. Sin embargo, la inversión pública para prevenir estos decesos sigue siendo mínima. “No basta con buenas intenciones. Se necesita presupuesto, voluntad política y mecanismos efectivos de coordinación”, señala Mariana Orozco, especialista en movilidad urbana y exfuncionaria de la SEDATU.
¿Qué no se está haciendo?
Los principales rezagos pueden agruparse en cinco áreas clave:
1. Infraestructura deficiente y excluyente
La mayoría de las ciudades mexicanas siguen diseñadas para privilegiar al automóvil. Calles sin banquetas, sin rampas para personas con discapacidad, sin cruces seguros y sin ciclovías continúan siendo la norma.
“Hay colonias enteras en ciudades como Puebla, Guadalajara o León donde caminar representa un riesgo constante”, indica Luis Zamorano, urbanista del colectivo Liga Peatonal. “La infraestructura sigue siendo diseñada por ingenieros de tránsito, no por especialistas en derechos humanos o salud pública”, añade.
2. Aplicación débil de la nueva ley de movilidad
Aunque la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en 2022, fue un logro histórico —al establecer por primera vez el derecho a la movilidad segura—, su implementación ha sido lenta y desigual.
A más de dos años, la armonización de leyes estatales no ha terminado. Alrededor de 20 estados han actualizado sus marcos legales y pocos han creado las instituciones necesarias para aplicar la ley. Además, la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2021-2030 aún carece de mecanismos de evaluación robustos.
3. Educación vial estancada
La educación vial en México sigue siendo un componente olvidado. No existen programas sistemáticos, actualizados ni universales en escuelas públicas. A nivel de conductores, el proceso para obtener licencias de manejo sigue siendo superficial en muchos estados.
“En la mayoría del país puedes obtener una licencia sin hacer un examen práctico, y los cursos son apenas una formalidad”, explica Rafael Montes, asesor técnico del ITDP México.
4. Falta de datos abiertos y actualizados
Otro obstáculo es la ausencia de datos confiables y abiertos sobre los siniestros viales. Aunque INEGI y la Guardia Nacional publican reportes, hay desfases de tiempo y omisiones importantes. Muchos estados no cuentan con sistemas integrados de recolección de datos, lo que impide desarrollar políticas públicas basadas en evidencia.
“Sin datos confiables no podemos identificar zonas de riesgo, ni evaluar qué políticas están funcionando”, asegura la Red Nacional de Seguridad Vial, que ha urgido al gobierno federal a construir un Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
5. Poca inversión en movilidad segura
Mientras se destinan millones de pesos a obras viales para automóviles, la inversión en infraestructura peatonal, ciclista o de transporte público seguro sigue siendo marginal. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, sólo el 1.5% del total de infraestructura urbana fue destinado a proyectos que prioricen a los grupos vulnerables.
“Es una cuestión de prioridades. Invertimos más en segundos pisos que en pasos seguros para niños y niñas que van a la escuela caminando”, critica Paola Gallardo, activista de la organización Camina A.C.
Las víctimas invisibles: los grupos vulnerables
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas, usuarios de transporte público, niñas y niños: todos ellos representan el 60% de los fallecidos por hechos viales. Y aunque son reconocidos en el discurso, en la práctica siguen siendo los más ignorados.
Karina perdió a su hijo de 9 años cuando fue atropellado al cruzar una avenida sin semáforo peatonal en el Estado de México. “No había paso seguro. No había señalización. Y hasta hoy, nadie ha hecho nada para cambiarlo”, relata con rabia.
¿Qué puede hacerse?
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Organismos internacionales como la OMS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y expertos nacionales han recomendado una ruta clara:
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Establecer un Sistema Nacional de Seguridad Vial con liderazgo claro desde el gobierno federal.
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Asegurar un presupuesto etiquetado para intervenciones de infraestructura segura.
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Implementar una campaña nacional de cultura vial con enfoque en derechos humanos.
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Crear un registro único de siniestros viales con datos abiertos, georreferenciados y actualizados.
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Fortalecer la capacitación y certificación de conductores.
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La seguridad vial no es un tema técnico: es una cuestión de justicia social. En un país donde caminar, pedalear o usar el transporte público es una necesidad diaria, garantizar entornos seguros es una obligación del Estado.
