La Ciudad de México se encuentra en una encrucijada que pone a prueba su compromiso con la seguridad vial y la modernización administrativa. La propuesta de expedir licencias de conducir permanentes, impulsada por la administración capitalina, plantea un desafío que va más allá de reducir trámites y optimizar recursos; nos lleva a cuestionar si una medida de tal envergadura pone en riesgo los objetivos establecidos por la reciente Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
A simple vista, la licencia vitalicia parece una respuesta eficaz a la sobrecarga administrativa que enfrentan tanto autoridades como ciudadanos. Según el gobierno capitalino, este programa busca simplificar la renovación de licencias y recaudar fondos que se destinarán a infraestructura de movilidad. Sin embargo, esta propuesta entra en conflicto con principios fundamentales de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo uno de sus propósitos es garantizar que los conductores mantengan habilidades y condiciones adecuadas para operar un vehículo. En el corazón de esta ley, promulgada con el fin de disminuir los siniestros y mejorar la seguridad vial, se establece la obligatoriedad de renovar las licencias de forma periódica, condicionándola a la verificación de capacidades físicas y conocimientos viales.
Al otorgar licencias sin caducidad, se debilita un sistema que permite actualizar a los conductores en normativas y detectar, a través de exámenes de aptitud física y mental, aquellas limitaciones que podrían poner en riesgo tanto a ellos como al entorno vial. Aunado a esto, expertos en seguridad vial advierten sobre las implicaciones de esta medida, desde una reducción en la capacidad de la autoridad para fiscalizar el comportamiento de los conductores hasta la dificultad de ajustar las licencias a nuevas normativas tecnológicas y de seguridad.
La paradoja de la licencia permanente se agrava cuando observamos la experiencia internacional. Organismos como la OMS, la OCDE y la FIA respaldan la renovación periódica de licencias como una buena práctica para garantizar la seguridad vial, especialmente para conductores mayores. Estas recomendaciones se basan en la evidencia de que los controles regulares de aptitud no solo disminuyen los accidentes sino que también contribuyen a la profesionalización de la conducción.
En este contexto, debemos cuestionar si el impulso recaudatorio y la eficiencia administrativa pueden justificar una medida que, a largo plazo, podría incrementar la siniestralidad vial en la capital. La experiencia nos ha enseñado que, en temas de seguridad vial, cualquier omisión en la supervisión y control de habilidades puede tener consecuencias devastadoras. La Ciudad de México, pionera en políticas de movilidad, enfrenta el desafío de equilibrar eficiencia y seguridad. Solo así se consolidará como un modelo de movilidad moderna, responsable y segura.
