Hacia una Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial - Pasajero7

Hacia una Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial

ley general de movilidad

Al aprobarse el 18 de diciembre de 2020 las reformas constitucionales necesarias para promover la Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, el poder legislativo tiene a partir de esa fecha, 180 días para la publicación de la ley cuyo plazo vence el próximo 16 de junio.

Las modificaciones necesarias para avanzar en esta ley son las referentes al artículo 4 constitucional que eleva la movilidad a un derecho en condiciones de seguridad y accesibilidad, al artículo 73 para que el Congreso pueda legislar en materia de seguridad vial y movilidad, al artículo 115 para que municipios y ayuntamientos accedan a planes en materia de desarrollo urbano, movilidad y seguridad vial, así como al artículo 122 que otorga facultades al Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México para acordar acciones en materia de movilidad y seguridad vial.

Una historia de años atrás

Al concluir la LXIII Legislatura (2018) los diputados y senadores se despidieron previo al cambio de gobierno con dos importantes pendientes legislativos, la aprobación de la Ley General de Movilidad y la Ley General de Seguridad Vial, que tuvieron que pasar a manos de la LXIV legislatura que hoy en día discute, analiza y trabaja con más de 35 organizaciones de la sociedad civil, en la unificación de una sola ley que considere la movilidad y la seguridad vial.

En el rubro de movilidad, el entonces senador Jesús Casillas, presentó el 8 de noviembre del año 2016, la iniciativa para expedir la Ley General de Movilidad, con el objetivo de garantizar el derecho de toda persona a la movilidad. Aun cuando había consenso de los diversos partidos políticos para su aceptación, en entrevista a Pasajero 7, el legislador declaró en 2018, que no alcanzaron los tiempos legislativos para darle salida a esta iniciativa por lo que reconoció que sería la siguiente legislatura quien tendría que darle continuidad.

Y justo así fue, la nueva legislatura retomó  las tareas pendientes para dar continuidad a la Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, a través de  mesas y foros de análisis con especialistas, mismos que se llevaron a cabo en 2019.

Avanza a pasos firmes

Actualmente diferentes organizaciones de la sociedad civil trabajan de la mano con el Poder Legislativo para avanzar en esta ley nacional, que da pasos luego de haberse realizado algunas reformas en la constitución.

El pasado 18 de febrero, más de 35 organizaciones civiles compartieron con los diputados y senadores una propuesta de ley general que considerara las materias de movilidad y seguridad vial. Esta propuesta fue desarrollada después de que se llevaron a cabo  mesas de consenso y foros en todo el país, así como foros regionales organizados por la Comisión de Zonas Metropolitanas del Senado de la República en 8 ciudades, para estudiar las preocupaciones que había en torno a la seguridad vial y cómo incluir éstas en un proceso de ley; con esto se pudo crear un borrador de la propuesta de iniciativa, la cual fue entregada a los legisladores. El senador Martí Batres y la senadora Patricia Mercado en conjunto con las ONG que promueven la legislación, así como más de 130 especialistas y expertos, son quienes han dado seguimiento a la propuesta.

En entrevista exclusiva para Pasajero 7, Alejandra Leal, coordinadora de la Coalición Movilidad Segura, detalló varios aspectos de lo que ha sido el trabajo de ésta y diversas organizaciones para avanzar en una ley cuyo plazo legal para su aprobación vence el próximo 16 de junio.

“En el proceso de dictaminación se formularon varias preguntas respecto a sí el Congreso podría legislar en materia de seguridad vial, y eso porque cuando son temas que no necesariamente vienen en la Constitución (como cambio climático o movilidad) se tienen que realizar diversas reformas; fue lo que pasó, al no estar incluida la movilidad y la seguridad vial, nos dimos a la tarea de llevar a cabo el proceso de reformas urgentes para avanzar ahora sí, en una ley nacional”.

Dado que la ley estaba atorada, en ese momento se decidió cambiar la estrategia e iniciar un proceso de reforma constitucional para que la Constitución dijera expresamente que el Congreso puede legislar en materia de movilidad y seguridad vial, comentó Alejandra Leal.

“Fue entonces que en el Senado se presentó esta iniciativa de reforma constitucional y en el dictamen los senadores incluyeron otras iniciativas que ya existían, entre ellas la del derecho a la movilidad porque lo veían como temas vinculados. Anteriormente ambas leyes estaban presentadas por separado, sin embargo, se encontró que no pueden ir aisladas, tienen que ir de la mano porque son vinculantes la una de la otra”.

Cuenta regresiva

 De acuerdo con Alejandra Leal, una vez aprobada la reforma constitucional (18 de diciembre 2020) se cuenta con 180 días para que el Congreso publique una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Aquí la primera ganancia, dice Leal, fue elevar el tema de la movilidad a un rango constitucional y la segunda es que se engloba el término de la seguridad vial para poder crear o impulsar una sola ley.

“Recordemos que para poder avanzar no solamente se tenía que aprobar la iniciativa en el Senado de la de República sino que una reforma constitucional se tiene que aprobar primero en la cámara que lo propone, que en este caso fue en el Senado, luego pasar en la Cámara de Diputados, es el proceso de todas las leyes. La reforma constitucional no solamente requiere que se apruebe en las dos cámaras sino que también tiene que tener consenso en al menos 17 congresos estatales, lo cual no es tan sencillo. Se tiene primero que lograr el consenso de la reforma constitucional en las dos cámaras y luego tener una aprobación en al menos 17 congresos, eso fue lo que ya logramos”.

De manera anecdótica, la coordinadora de la Coalición Movilidad Segura comentó que para impulsar el voto a favor entre los legisladores, se llevó a cabo la campaña denominada 500 de 500; es decir, incitar a que los 500 diputados dieran su aval. Luego para solicitar el apoyo de los 32 congresos locales, se realizó la campaña en redes sociales 32 de 32. Fue así que, finalmente en octubre de 2020 se sumó el estado de Querétaro, con lo que se obtuvo el número 17 de estados adheridos a esta reforma constitucional que dará pie a la Ley Nacional Movilidad y Seguridad Vial (actualmente ya son 25). Cabe señalar que los primeros estados en sumarse fueron los congresos de Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México.

“Tanto a la cámara de Diputados como a cámara de senadores se les comunica cuando  ya se alcanzó el número de estados que se requieren para la aprobación de una reforma constitucional. En este caso, la cámara de origen la  turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La reforma constitucional que ya se publicó oficialmente el pasado 18 de diciembre, se denomina decreto por el que se declaran reformadas diversas disposiciones de la Constitución en materia de movilidad y seguridad vial, a partir de ahí empieza el plazo legal de 180 días para aprobar la Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, el plazo se cumple el 16 de junio.

¿Se puede agotar el plazo sin que la ley se haya publicado?

Al respecto, Alejandra Leal considera que hay pocos antecedentes de que se haya ignorado un plazo legal, pero aquí hay una responsabilidad, asegura; sin embargo  si llega a pasar (que se venza el límite o plazo) la organización que representa y otras, estarán pendientes, “lo que para nosotros sigue es la colaboración con ambas cámaras, las secretarías de Estado y dependencias involucradas en la ejecución de lo que proponga en esta ley”.

¿Se atraviesa el periodo electoral, considera que puede haber afectación?

El que se acerquen las elecciones dificulta el tema de generar consenso, sin embargo, los presidentes de ambas cámaras (diputados y senado), la diputada Dulce María Sauri y el senador Óscar Eduardo Ramírez, elementales en la definición de los temas a legislar, se comprometieron a que esta ley se aprobará.

Esto podría ocurrir antes del periodo legislativo que oficialmente termina  el 30 de abril, que es la primera fecha límite, o en todo caso se iría a un periodo extraordinario para discutir el tema y con eso llegar a la fecha del 16 de junio.

Panorama estadístico en materia de seguridad vial

En entrevista para Pasajero 7, Arturo Cervantes, especialista en temas de seguridad vial, comentó que al lograrse un nuevo decenio por la seguridad vial (2020-2030) México al igual que muchas naciones, se encuentran “reprobadas en materia de seguridad vial”.

Al realizar un balance, el también académico indicó que cada año en México mueren más de 18 mil personas en accidentes viales, lo que representa más de 50 decesos al día, y más de 36 mil quedan con alguna discapacidad permanente, por lo que espera que las naciones asuman un verdadero papel en favor de la seguridad vial, haciendo referencia en la Ley de Seguridad Vial, que como se destacó en el inicio de este texto lleva años en proceso legislativo.

“Hoy en el congreso se discute la iniciativa hacia una Ley Nacional de Seguridad Vial, que entre otros puntos pretende la creación de una Agencia de Seguridad Vial que priorice al peatón. La movilidad del futuro es la movilidad del peatón, el peatón está al centro, (hoy) las nuevas generaciones ya están dejando los autos, pero el peatón debe seguir ciertas reglas para su seguridad, de ahí la importancia de una ley como la que actualmente impulsamos la sociedad civil y legisladores” señaló Cervantes.

Programas que se han implementado para prevenir percances

Durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México, se implementó el Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) “Visión Cero accidentes”, que tenía como objetivo implementar 43 acciones para disminuir en un 35% las muertes por hechos de tránsito hacia el 2018 y un 50% para el año 2021.

Estado actual: desapareció

Con la llegada de la nueva administración capitalina (2018), entraron en vigor las fotocívicas, un esquema de sanciones sociales mediante el que los automovilistas infractores al Reglamento de Tránsito que sean captados por cámaras y radares de velocidad deberán tomar cursos sobre seguridad vial, además de realizar jornadas de trabajo comunitario.

Estado: Activo, sin embargo autoridades de la CDMX reconocen ineficiencia

Las famosas Fotomultas fueron canceladas en la CDMX por considerarse inequitativas al obligar al infractor a pagar la multa, lo que en opinión de las autoridades solo fomentaba reincidencia.

En Puebla, por ejemplo, el gobernador de la entidad (febrero 2021) declaró que a diferencia de la CDMX no se va a desaparecer este programa que busca infraccionar a quienes incurran en exceso de velocidad.

Prácticamente a nivel nacional opera el programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro, que ha funcionado durante los últimos años para prevenir que personas en estado de ebriedad conduzcan un vehículo y así disminuir los percances donde el automóvil se encuentra involucrado.

Sabías Qué

Actualmente el tema de la movilidad es responsabilidad de cada una de las entidades federativas. En el año 2019 diversos legisladores se reunieron en Jalisco para dialogar sobre cómo legislar para mejorar el tema de la movilidad. Una de las conclusiones al finalizar el encuentro donde participaron más de 100 legisladores, fue la propuesta de homologar leyes o criterios de movilidad a nivel nacional.

La frase

“Este es un proyecto ciudadano que hemos trabajado desde 2014, el cual busca dar voz a las víctimas, a aquellos que han perdido a un ser por un percance donde se ha involucrado el automóvil; su dolor, te diría que se convirtió en activismo”, Alejandra Leal.