En el ámbito del transporte y la movilidad, México enfrenta desafíos considerables que deben abordarse de manera integral para alcanzar los objetivos de sostenibilidad establecidos para 2030. La Gobernanza del Transporte emerge como un concepto crucial en esta travesía, siendo la estructura que coordina políticas, regulaciones y acciones entre diversas entidades gubernamentales y actores involucrados. Este enfoque abarca desde la creación de marcos legales hasta la definición de roles y responsabilidades a niveles federal, estatal y municipal, integrando la participación ciudadana y de expertos.
La aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, junto con la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano y la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, ha sido un hito en esta evolución. Estas normativas establecen un marco que clarifica las responsabilidades de cada autoridad, impulsando mejoras en la infraestructura y los sistemas de transporte. En estados como Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Yucatán y Querétaro, ya se observan avances significativos en renovación, integración y tecnificación, especialmente en el ámbito de la electromovilidad. Estos progresos reflejan una gobernanza eficiente donde las autoridades han tomado las riendas e invertido en el sector.
Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer. Pese a la legislación vigente y casos de éxito, se requiere un compromiso más firme y una participación activa de las autoridades en todo el país para garantizar sistemas de movilidad eficientes, seguros y sostenibles.
La implementación efectiva de estas políticas enfrenta desafíos como la falta de recursos y la resistencia al cambio. Es fundamental una coordinación adecuada y un compromiso real de las autoridades. Una gobernanza efectiva del transporte es esencial para avanzar hacia una movilidad sustentable. Es vital que las autoridades no solo diseñen políticas, sino que también aseguren su implementación y monitoreo constante.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial representa un marco transformador, promoviendo una movilidad segura, accesible y eficiente. Pero la ley por sí sola no es suficiente. Necesitamos un compromiso real y continuo de las autoridades para llevar estas políticas del papel a la realidad.
La gobernanza del transporte en México está en un proceso de transformación profundo. Con un mayor compromiso de las autoridades y la participación activa de la ciudadanía, podemos avanzar hacia una movilidad más sostenible y equitativa, mejorando así la calidad de vida de todos los habitantes y contribuyendo a combatir el cambio climático.