La congestión vial que enfrentan las grandes ciudades no responde únicamente al crecimiento del parque vehicular, sino a la fragmentación estructural de los sistemas de movilidad, sostuvo Adrián Escamilla, director ejecutivo de Grupo CISA.
Durante el Foro de Diálogo de Alto Nivel sobre Congestión Vehicular, organizado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en colaboración con la Unión Internacional de Transporte Público, el directivo afirmó que reducir el diagnóstico al “exceso de autos” conduce a soluciones parciales que no atienden el origen del problema.
Escamilla explicó que actualmente coexisten subsistemas con distintos niveles de desarrollo —como corredores de alta capacidad y esquemas convencionales— que operan bajo condiciones regulatorias y financieras desiguales. Esta dispersión institucional y operativa dificulta la coordinación de políticas públicas, impide respuestas ágiles y deteriora la calidad del servicio para la mayoría de la población usuaria.
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Entre los factores que agravan el fenómeno, señaló la insuficiencia de subsidios al transporte público, lo que limita la posibilidad de ofrecer frecuencias adecuadas, mantenimiento oportuno y condiciones de seguridad. Además, la expansión urbana y la localización dispersa de centros económicos ralentizan la operación incluso en corredores confinados, afectando la confiabilidad del sistema.
En la mesa “Autos, motocicletas y control del espacio vial” también participó Sergio Mendoza Pucciarelli, de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, quien planteó que una migración significativa del automóvil a la motocicleta reduciría la congestión. Por su parte, Osvaldo Belmont, director técnico de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, advirtió que México carece de un mecanismo eficaz para retirar vehículos antiguos, lo que incrementa el parque vehicular.
En tanto, Leonardo Gómez Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado, reconoció que el transporte de carga presenta una antigüedad promedio de 19 años, condición que impacta en eficiencia operativa y emisiones contaminantes.
Como ruta estructural de solución, Escamilla propuso la creación de una autoridad articuladora capaz de integrar a los distintos sectores vinculados con la movilidad —incluidos desarrollo urbano, salud y educación— para alinear decisiones y acelerar la implementación de mejoras.
Asimismo, llamó a diseñar un sistema integral desde su origen, bajo una lógica holística y no como un ensamblaje de subsistemas independientes. Subrayó que la transformación requiere planeación de largo plazo y presupuestación suficiente y sostenida, incluso mediante recursos etiquetados de manera permanente para el transporte público, con el fin de elevar progresivamente la calidad del servicio y otorgar certidumbre a las inversiones.
