La inseguridad y el control territorial de grupos ilegales impiden que millones de personas ejerzan su derecho a la movilidad, provocando miedo, aislamiento y deterioro del tejido social.
El derecho a la movilidad forma parte intrínseca de los derechos humanos universales. En el seno de las Naciones Unidas existe un esfuerzo amplio por garantizar que todas las personas puedan desplazarse libremente. Como señalan diversos analistas, “todas las personas deberían gozar de la libertad de moverse con seguridad, dignidad y sin temor por su integridad física o emocional”.
Sin embargo, la realidad en muchas ciudades y regiones contrasta profundamente con esta aspiración. Las calles dan testimonio cotidiano de lo que sucede en el terreno. Un ejemplo claro es la Ciudad de México, donde operan miles de grupos que resultan imparables, especialmente en contextos marcados por la presencia de colectivos sociales que siembran miedo y contribuyen a la ingobernabilidad.
La movilidad es fundamental para el desarrollo social, económico y cultural de cualquier sociedad. Existen instrumentos legales para garantizar este derecho, aunque en la práctica muchas veces se queda solo en el discurso. La aplicación efectiva no es para todos. En los territorios dominados por grupos vulneradores —civiles que, al margen del Estado, se autonombran jefes de zona—, prevalece el poder de facto, y el beneficio solo es para ellos y sus seguidores.
En México, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como las constituciones estatales reconocen el derecho a la movilidad. Además, hay leyes secundarias diseñadas para garantizarlo en todas sus formas: desde caminar hasta utilizar transporte con herramientas de desplazamiento, promoviendo el acceso equitativo, seguro y eficiente. Se prioriza la integridad y los derechos de cada persona usuaria, sin distinción por condición social, física o económica. Estas leyes, como en muchos países de América Latina, establecen también obligaciones para las autoridades y sanciones para quienes obstaculicen el libre tránsito.
Para garantizar verdaderamente este derecho, es urgente que el Estado recupere el control de los espacios públicos y actúe con firmeza en la protección de la ciudadanía.
Los principios fundamentales son claros:
- Acceso igualitario: El derecho a la movilidad no distingue género, edad, condición física ni nivel socioeconómico.
- Seguridad vial: Las normativas exigen condiciones seguras tanto en la infraestructura como en la operación de servicios públicos y privados.
- Responsabilidad estatal: Es el Estado quien debe garantizar un entorno de movilidad seguro, equitativo y funcional.
No obstante, los avances en legislación y reglamentación vagan desconectados de la experiencia cotidiana de millones de personas, quienes enfrentan una realidad marcada por la ingobernabilidad del espacio público. Esta problemática se acentúa en contextos donde grupos sociales —como la delincuencia organizada, pandillas, colectivos armados o comunidades que ejercen control territorial— imponen reglas no escritas, condicionan el libre tránsito e infunden miedo. Lo más alarmante es que muchas veces estos grupos son tolerados, incluso protegidos, por autoridades municipales.
Algunos factores clave que agravan esta situación son:
- Vacío de autoridad: La ausencia o debilidad de las fuerzas de seguridad y la falta de presencia estatal efectiva permiten que actores ilegales ocupen el espacio público.
- Desigualdad y marginación: Las zonas con altos índices de pobreza y desempleo son más vulnerables a la influencia de grupos fuera de la ley.
- Corrupción e impunidad: La complicidad, omisión o colusión de funcionarios públicos perpetúa el ciclo de ingobernabilidad.
El efecto más inmediato es la restricción del derecho a moverse libremente. Muchas personas modifican sus rutinas, evitan ciertas rutas, horarios o formas de transporte, e incluso contemplan la migración como una vía para preservar su seguridad. El miedo se vuelve un factor determinante para ejercer —o no— el derecho a la movilidad.
Los testimonios son innumerables y forman parte de la conversación cotidiana:
- “No llegues a pie.”
- “No tomes ese autobús, pasa por una colonia peligrosa.”
- “A determinada hora ya nadie puede andar en la calle.”
- “En esa zona asaltan.”
- “Por ahí se paga derecho de paso.”
- “Ese barrio lo controlan los malandros.”
Estas frases reflejan una realidad de aislamiento, pérdida de oportunidades económicas y deterioro del tejido social. Los grupos sociales que protagonizan esta situación pueden ir desde pandillas locales hasta organizaciones criminales consolidadas. Su objetivo es claro: sembrar miedo y alterar profundamente la vida cotidiana.
Entre las prácticas que afectan directamente la movilidad destacan:
- Extorsión y cobro de “derecho de piso”: Se imponen pagos a comerciantes y transportistas, quienes trasladan esos costos a las personas usuarias.
- Violencia y amenazas: La intimidación y el uso de la fuerza generan un ambiente de inseguridad constante.
- Restricción del transporte público: Las rutas en zonas conflictivas sufren bloqueos, ataques o paros forzados.
- Control de horarios y rutas: Se imponen reglas arbitrarias sobre quién puede circular, a qué hora y por dónde.
El temor a la violencia no solo limita el desplazamiento físico, sino que también impacta la salud mental y emocional. Se convierte en un factor que estimula el estrés y la ansiedad, y hace más vulnerable la vida cotidiana. Todos los grupos sociales se ven afectados, pero especialmente mujeres y personas adultas mayores.
La fragmentación del tejido social se profundiza: el espacio público, que debería ser un lugar de encuentro y convivencia, se transforma en un territorio de miedo. Algunos lo llaman desconfianza, pero en esencia es temor.
Para revertir esta triste realidad, se requiere la participación de todas y todos. El Estado debe asumir su responsabilidad, escuchar el clamor ciudadano, intervenir en los territorios y generar soluciones viables a corto y mediano plazo. Solo así se podrá desintegrar el poder de estos grupos y hacer efectivo el derecho a la movilidad.
Algunas acciones prioritarias:
- Fortalecimiento institucional: Recuperar la presencia legítima del Estado en todos los territorios, con policías capacitados y vigilancia comunitaria.
- Educación y sensibilización: Fomentar la cultura de la legalidad, la convivencia y el respeto al espacio público desde temprana edad.
- Rehabilitación del entorno urbano: Mejorar infraestructura, iluminación y servicios públicos en zonas marginadas.
- Participación social: Promover la organización vecinal y facilitar la denuncia anónima para recuperar espacios comunes.
- Atención integral a víctimas: Brindar apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento a quienes han visto vulnerado su derecho a la movilidad.
El derecho a la movilidad es clave porque habilita el ejercicio de otros derechos y garantiza una vida digna. Pero mientras la ingobernabilidad y el miedo sigan limitando la posibilidad de moverse libremente, este derecho será solo una utopía para millones.
–Enfrentar esta problemática requiere atención inmediata. La seguridad, la justicia, la equidad social y la reconstrucción del tejido comunitario deben convertirse en prioridades urgentes. Porque una sociedad que vive con miedo, simplemente, no puede avanzar.
