Agosto de 2013 fue la primera fecha de arranque del Acabús, el autobús de tránsito rápido (BRT por sus siglas en inglés), con el cual pretenden hacer frente a los problemas de movilidad en Acapulco, Guerrero. Sin embargo, de ese tiempo a la fecha, ya han pasado tres administraciones estatales encabezadas por Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega Ramírez y Héctor Astudillo Flores, y el Acabús no se ha inaugurado todavía, por lo que se ganó en la opinión pública y los medios de comunicación, el título de “Nuncabús”. Al respecto, la directora del Organismo Público Descentralizado Acabús, Silvia Zapata, señala que ahora sí, en el segundo trimestre iniciará su marcha: “Estamos esperando que nos de la fecha oficial el gobernador del estado, pero tenemos contemplado hacerlo entre el del 30 de abril y el 30 de mayo próximo”.
Para Zapata, cuestiones de infraestructura y reordenamiento vial, son algunos de los factores que han impedido al Acabús, iniciar su tránsito por las calles del puerto: “Que si hay comerciantes invadiendo la vía pública, la banqueta, que si hay algún sitio de taxis, eso genera incomodidades tanto a los peatones, como a los automovilistas”.
Apenas el ocho de octubre pasado, el entonces gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, firmó un convenio con los concesionarios del transporte, para la conformación del Fideicomiso Acabús, lo cual serviría de aval para conseguir un crédito para la compra de las unidades: “Constituimos el fideicomiso de administración que era responsabilidad de los transportistas y los apoyamos para que pudieran firmar el contrato de crédito para la adquisición de los autobuses. realmente nos estamos haciendo cargo de todo como si no hubiera concesionario”, explicó Zapata.
Por su parte el representante de los concesionarios, Simón Zamora García, pidió mediante declaración en un medio de comunicación local, la destitución de Silvia Zapata, a quien acusó de poner trabas para obtener el crédito para los autobuses. Esta ruptura entre ambas partes , afirmó Zapata, comenzó cuando se les exigió a los transportistas el cumplimiento de sus obligaciones: “Lo que firmaron en la concesión, por ejemplo, es que ellos tienen que presentarnos un padrón de operadores, ya capacitados, certificados, con exámenes y pues no es así, ellos pretenden que el gobierno les pague eso y tampoco tienen los autobuses listos”.
Para Carlos Valdés Mariscal, asesor externo del Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN, al tema del Acabús le falta voluntad política y le sobra inseguridad: “Se autorizaron los recursos, se hizo la obra, se empezaron a fabricar los autobuses y por el riesgo político, no se inició la operación. La sociedad en este momento está muy enojada contra todo, porque no se ha podido definir lo de Ayotzinapa y la agresividad social es muy grande; se iban a ir en contra del proyecto, con la quema de sus autobuses y se prefirió retrasar un poco el funcionamiento. El corredor está totalmente construido, se están haciendo unas readecuaciones de mayor seguridad sobre todo a la entrada de la vialidad primaria Vicente Guerrero y en el centro de Acapulco”.
Al respecto, Silvia Zapata, rechaza que uno de los problemas del Acabús para iniciar sea la inseguridad: “Ese no es problema para nosotros, de hecho nosotros a pesar de que no hemos empezado operaciones, no tenemos problemas de vandalización de estaciones como en otros lugares, no tenemos ningún problema de inseguridad; la inseguridad en Acapulco está muy focalizada a ciertas personas, a ciertas colonias”.
De entrar en funcionamiento, las autoridades estiman que el Acabús moverá al día entre 110 mil y 120 mil usuarios; su precio será de 10 pesos y contará con 26 estaciones.
