Para que las autoridades cuenten con un mecanismo que facilite la supervisión y el control de las obligaciones que deben de cumplir quienes prestan el servicio de transporte público, ya sean camiones o taxis, Brenda Sánchez, diputada de Nuevo León, presentó una iniciativa de reforma al artículo 150 de la Ley de Movilidad.
Dijo que es necesario hacer que los prestadores del servicio cuenten con seguro y todos los requisitos para la seguridad de los usuarios; por ello, quiénes cuenten con los permisos de transporte de pasajeros, en cualquiera de sus formas, serán sujetos a la suspensión de éstos por 30 días si no informan al instituto de Control Vehicular de la revocación de las pólizas de seguros dentro de los tres días posteriores a su vencimiento.
“Los autobuses chocan y no se hacen responsables tras el accidente, por eso la gente anda luego batallando para poder atenderse o remediar los daños… Nuevo León es uno de los primeros lugares a nivel nacional en accidentes viales, de acuerdo con el INEGI, pues durante el año 2018 ocurrieron un promedio de 20 accidentes viales por día en el que participaron vehículos del transporte público.
Para 2019, previo a la pandemia, la Agencia Estatal del Transporte (AET) informó que la mitad de las unidades de transporte colectivo circulaban sin seguro.
“Precisamente a causa de estas estadísticas es que se implementó en la Ley de Movilidad y en diversos ordenamientos el que los vehículos que presten el servicio cuenten con seguro de responsabilidad civil obligatorio para garantizar la reparación de los posibles daños provocados a los pasajeros y a terceros, pero por desgracia, a veces esos seguros no pueden hacerse válidos porque no se cumple con las obligaciones señaladas en cuestiones tan básicas como traer tarjeta de circulación”.
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La propuesta, dijo Sánchez, plantea que, para generar una base de datos, el Instituto de Movilidad deberá recabar dentro de la información general de los concesionarios, permisionarios y vehículos que prestan el servicio diversos datos
Entre lo solicitado, añadió, están el nombre o denominación de la persona física o moral a la que se le otorga el permiso o concesión, su domicilio y datos de contacto, vigencia del permiso o concesión, cantidad de unidades que ampara éste, las características de los vehículos, compañía aseguradora, número de la póliza, cobertura y fecha de vencimiento.
“También se contempla que terminado el plazo de vigencia de la póliza de los vehículos que prestan el servicio”, agregó Sánchez, “ésta deberá ser renovada de inmediato por el permisionario o concesionario, dando aviso al Instituto dentro de los tres días hábiles siguientes al del vencimiento, acompañando copia de la renovación de la póliza.
“La omisión en el aviso por parte del permisionario o el concesionario al Instituto de la renovación de la póliza de seguro será sancionada con una suspensión del permiso o concesión de cuando menos 30 días naturales”.
