El Congreso de la Ciudad de México estudia una reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para establecer causales claras y proporcionales de revocación de concesiones a unidades que incumplan obligaciones relacionadas con mantenimiento, conservación e higiene.
La iniciativa, presentada por el diputado Omar Alejandro García Loria, propone modificar la fracción IX del artículo 115 del ordenamiento y fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y dictamen.
Te recomendamos leer: Expo Foro Movilidad 2026 perfila el futuro del transporte de pasaje en México
El planteamiento surge en un contexto de inconformidad ciudadana tras el incremento de tarifas en 2025, cuando usuarios denunciaron el deterioro de unidades, mobiliario dañado, cámaras de videovigilancia inservibles y botones de auxilio inoperantes, pese al ajuste en el costo del servicio.
De acuerdo con el documento, en la Zona Metropolitana del Valle de México se realizan diariamente 34.5 millones de viajes, y 48 por ciento de la población depende del transporte público concesionado como principal —y en muchos casos única— alternativa de movilidad.
La reforma plantea que será causal de revocación no acatar disposiciones de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México en materia de renovación, mantenimiento y reacondicionamiento del parque vehicular, cuando el incumplimiento sea reiterado o grave y afecte la calidad del servicio o la integridad de las personas usuarias.
El contexto operativo refuerza el debate: durante 2025, el Instituto de Verificación Administrativa, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, realizó 670 operativos que derivaron en la suspensión de mil 51 unidades por irregularidades como falta de licencia, tarjeta de circulación o placas.
Adicionalmente, las revisiones físico-mecánicas y documentales concluyeron con la suspensión de 886 unidades de rutas, 204 taxis pirata y 81 unidades de corredor, lo que evidencia la dimensión del rezago en condiciones operativas del transporte concesionado.
La discusión legislativa se centra ahora en definir parámetros objetivos que vinculen calidad del servicio y permanencia de concesiones, en un sistema que moviliza millones de personas cada día y constituye un eje estructural de la movilidad metropolitana.
