La Ciudad de México enfrenta una doble presión para actualizar sus reglas de movilidad: el rezago frente a la legislación federal y el aumento de las víctimas de tránsito. Ante este escenario, diputados del PAN plantearon expedir una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial para la capital.
La iniciativa fue presentada por Andrés Atayde Rubiolo y Federico Chávez Semerena durante la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, donde este último señaló que la capital lleva más de cuatro años sin armonizar su legislación con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en 2022.
El desfase también tiene una dimensión temporal. La legislación vigente en la capital data de 2014, cuando las condiciones de movilidad eran distintas a las actuales, particularmente por la expansión de las motocicletas y la aparición de nuevos vehículos eléctricos.
“La ley actual de movilidad de la Ciudad de México data de 2014. Han pasado 12 años y la realidad de la ciudad es otra: cambió la tecnología, crecieron las motocicletas, aparecieron nuevos vehículos eléctricos y se transformaron completamente nuestros patrones de desplazamiento”.
Pero el argumento central de la propuesta no está únicamente en actualizar el marco jurídico. Los legisladores colocaron la seguridad de las personas en el centro de la discusión a partir de las cifras de siniestralidad registradas este año.
Durante el primer trimestre de 2026, 111 personas murieron en hechos de tránsito en la Ciudad de México; de ellas, 51 eran motociclistas. Para Chávez Semerena, estos datos evidencian la necesidad de modificar las reglas bajo las cuales se desplazan los distintos usuarios de la vía.
“La verdadera importancia de armonizar es salvar vidas”.
La propuesta plantea sustituir el enfoque de una actualización normativa aislada por un sistema integral de movilidad, que abarque distintos componentes de la operación y regulación vial de la capital.
El proyecto incluye disposiciones sobre infraestructura, transporte público, movilidad activa, gestión del tránsito, licencias, seguridad vial, atención a víctimas, información, educación y coordinación metropolitana.
Uno de los apartados está dirigido específicamente a los motociclistas, con reglas más precisas para este tipo de vehículos, además de requisitos relacionados con el uso de casco certificado y la acreditación efectiva de las capacidades para conducir.
La iniciativa también busca incorporar directamente en la legislación los límites de velocidad y los controles de alcoholemia, además de reforzar las herramientas institucionales para prevenir, sancionar y revertir la violencia vial.
La discusión propuesta por los diputados busca cambiar también la manera en que se mide el desempeño de la movilidad urbana. En lugar de priorizar exclusivamente la velocidad de circulación, plantean que el criterio principal sea la seguridad con la que las personas realizan sus desplazamientos.
“Ya no debemos preguntarnos únicamente cómo hacemos que circulen más rápido los automóviles. Debemos preguntarnos cómo hacemos para que todas las personas lleguen seguras a sus destinos”.
Desde esta perspectiva, la nueva legislación pretende colocar la vida y la integridad de las personas por encima de la velocidad y el flujo vehicular, y convertir la seguridad vial en un componente transversal de la política de movilidad capitalina.
El planteamiento también incorpora la atención a las víctimas y la prevención de hechos de tránsito como parte del marco jurídico, con el objetivo de que la respuesta institucional no se limite a regular la circulación.
“Ninguna muerte vial debe ser normalizada, ninguna lesión grave debe ser inevitable y ninguna persona debería tener que elegir entre llegar rápido y llegar con vida”.
La propuesta inicia ahora su recorrido legislativo. Al concluir la intervención de los diputados, la Mesa Directiva del Congreso capitalino informó que la iniciativa será enviada a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, donde será analizada y, en su caso, dictaminada.
