Desde el 1 de julio de 2025, entró en vigor la nueva Ley de Movilidad Urbana en el estado de Chihuahua, una reforma legal que modifica la forma en que se organizan los desplazamientos en el espacio público, colocando al peatón como eje central de la jerarquía de la movilidad.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, informó que la nueva legislación establece una jerarquía clara: peatones en primer lugar, seguidos por ciclistas, usuarios del transporte público y, finalmente, vehículos particulares. El objetivo es generar condiciones de tránsito más seguras, equitativas y sustentables para todos los sectores de la población.
Entre los principales cambios que establece esta normativa se encuentran los límites de velocidad diferenciados según el tipo de zona —residencial, escolar o de tránsito rápido— así como la implementación obligatoria de medidas de seguridad: uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo, sistemas de retención infantil, uso de casco para motociclistas y un mayor control sobre los niveles de alcohol permitidos en sangre al conducir.
La ley también promueve incentivos para fomentar el uso del transporte público y la adopción de vehículos eléctricos, en línea con los principios de movilidad sustentable y reducción de emisiones contaminantes.
En cuanto a la prevención de hechos de tránsito, se incluyen mecanismos de atención y protección para víctimas de siniestros viales, además de nuevas disposiciones que promueven la participación ciudadana en el diseño e implementación de proyectos de movilidad urbana.
Para facilitar la implementación de esta ley, la SSPE anunció el despliegue de campañas informativas dirigidas a la población. Estas campañas buscarán socializar el contenido de la norma y fomentar su cumplimiento entre conductores, peatones y ciclistas.
Te recomendamos leer más: Big Data y automatización: el nuevo cerebro del transporte público eficiente
Con esta legislación, Chihuahua se suma a las entidades que han comenzado a armonizar sus marcos normativos con los principios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada a nivel nacional en 2022.
