En Chiapas, el transporte público comienza a transitar por una ruta distinta, una donde el bienestar de quienes lo operan se coloca en el centro de la política pública. Con la firma de un convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el gobierno estatal, se abre la puerta para que conductoras y conductores accedan, por primera vez, a un esquema formal de seguridad social.
La medida responde a miles de personas que diariamente sostienen la movilidad del estado lo hacen sin respaldo institucional ante enfermedades, accidentes o el desgaste propio del oficio. Manejar una unidad de transporte público implica jornadas extensas, exposición constante a riesgos viales y una incertidumbre económica que, ante cualquier eventualidad, puede comprometer el patrimonio familiar.
El convenio contempla la incorporación gradual de trabajadoras y trabajadores independientes al sistema del IMSS, lo que permitirá acceso a servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos, así como cobertura por riesgos de trabajo, pensiones por invalidez o vejez, guarderías y prestaciones sociales adicionales.
La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Albania González Polito, aseguró que las primeras acciones para mejorar y modernizar el transporte en Chiapas deben empezar por cuidar a quien mueve al pueblo.
Más allá del alcance inmediato, la estrategia plantea una transformación estructural en el sector, que es la de avanzar hacia condiciones laborales más dignas, reducir la precariedad y generar un entorno más estable para quienes dependen del volante como principal fuente de ingresos.
Representantes del sector transporte han señalado que esta medida responde a una demanda histórica. Durante años, el acceso a la seguridad social fue una aspiración lejana para este gremio, que operaba al margen de esquemas formales de protección. Hoy, con este primer paso, Chiapas se posiciona como una de las primeras entidades en impulsar un modelo de inclusión social enfocado en trabajadores del transporte público.
El reto ahora será sostener el ritmo de incorporación y garantizar que el programa alcance a la mayoría de las y los conductores, consolidando así un sistema más justo tanto para quienes operan el servicio como para quienes dependen de él diariamente.
